Embravecido por el triunfo electoral y dispuesto a desarrollar la agenda impuesta por el Fondo Monetario Internacional y por los Estados Unidos, el gobierno de Javier Milei anunció que la segunda mitad de su mandato estará dedicado a las reformas laboral, impositiva y previsional. En ese orden.

Alentada por el establishment vernáculo y la permeabilidad social a su explicación de las cosas, la administración libertaria recita un libreto que, aún sin ser original, es presentado como novedoso: si se rompen las cadenas impuestas por la legislación actual, es decir, si se profundiza la precarización laboral y eliminan derechos, crecerá el empleo, la producción, el bienestar general.

“Hay una narrativa en torno a la modernización del mundo del trabajo que solo funciona porque no se explica qué están imaginando por modernización; no están refiriéndose a los cambios tecnológicos ni culturales sino a legalizar formas de precarización en curso”, asegura, en diálogo con , Mariana Fernández Massi, economista y especialista en temas laborales del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (IDESBA-CTA).

“Estamos en un mercado laboral que cambia a ritmo vertiginoso, donde los marcos normativos no son lo único que impacta en las relaciones laborales”, suma Candelaria Rueda, socióloga e investigadora del Instituto Argentina Grande. Y agrega: “La política tiene que animarse a discutir esto, pero no de la manera que nos lo están vendiendo ahora: una flexibilización emparchada, repetida de otros momentos, y una modernización para crear más empleo registrado, que no es tal”.

Ahí vienen

Si bien todavía no hay un proyecto oficial de reforma laboral, los antecedentes del oficialismo son recientes. La diputada libertaria Romina Diez presentó el año pasado una iniciativa que señala el camino que busca transitar la Casa Rosada: una mayor flexibilización en las condiciones de trabajo y la eliminación de derechos.

Como parte de su ideario programático, pero también ideológico, la administración mileista ya dio pasos concretos en este sentido, que ahora pretende profundizar. “El gobierno ya hizo una primera reforma laboral a través de la ley Bases, que esta vigente desde su reglamentación en septiembre de 2024. Esta contempla una ampliación del periodo de prueba de tres a seis meses, que permite contratar y dar de baja sin indemnización, plazo que se extiende a un año para empresas chicas; la posibilidad de utilizar el monotributo en una relación laboral estable, sobre todo en servicios profesionales; y el fondo de cese laboral”, señala Rueda a .

Y agrega: “La primera etapa de la reforma, que perseguía más flexibilización y quitar protección al trabajador, si miramos desde su entrada en vigencia, no impidió que siga cayendo el empleo registrado y también la cantidad de empresas. Muchas pymes están yendo a la quiebra y no pueden contratar trabajadores, ni registrados ni sin registrar”.

La pregunta parece ser entonces cómo puede impactar una reforma como la que se está planteando en el contexto actual, donde más allá del “optimismo” del sector financiero hay caída de la actividad industrial, de la ocupación y del poder adquisitivo del salario.

“Después de la primera fase de la reforma laboral cerraron más de 18.000 empresas, hubo una caída constante del trabajo registrado y una suba sistemática de los inscriptos en el monotributo y también de los cuentapropistas. Esto va a seguir pasando si la reforma que envíen al Congreso sigue la senda de los cambios que promovieron hasta ahora”, advierte la investigadora.

Tiempos modernos

“El gobierno omite que la legislación laboral ha tenido muchas modificaciones en los últimos 30 años y plantea la reforma en términos de modernización, que tiene más que ver con ‘Tiempos modernos”, la película de Charles Chaplin, que con la adecuación normativa a la incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos de trabajo”, señala con elocuencia cinematogáfica Fernández Massi.

Y agrega: “Esto significa que el marco institucional legalice la precarización en curso y acompañe las desestructuraciones que de hecho están ocurriendo, donde gran parte de los puestos de trabajo se escapan de la legislación laboral e incrementan el proceso de precarización”.

En este contexto, la economía de plataformas, las distintas formas de teletrabajo y la deslocaliazación del empleo suelen considerarse una consecuencia inevitable del desarrollo tecnológico, ajenas a cualquier esquema de mayor empobrecimiento de las condiciones de trabajo y aumento de la explotación.

“Si lo que de verdad nos preocupa tiene que ver con los cambios tecnológicos, a mí me quedan serias dudas de cuánto es necesario reformar la legislación laboral del modo en que se plantea hoy”, advierte la especialista en temas laborales.

Y pone como contrajemplo lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Allí, explica, “existen comités mixtos, donde la parte empleadora y los delegados sindicales se reúnen y discuten cuestiones específicas al proceso productivo. Es una forma bastante virtuosa para pensar la legislación laboral, de acompañar los procesos de cambio tecnológico; de adecuar los procesos productivos y la organización del trabajo”.

Lo que fue igual a lo que viene

Durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999), Fernando De la Rúa (1999-2001) y Mauricio Macri (2015-2019), aún en contextos económicos y sociales diferentes, también se impulsaron reformas con el espíritu de la actual.

Decretos, leyes y resoluciones que partían de la convicción de que una mayor flexibilidad en los marcos normativos, sumado a menores derechos para el trabajador, “liberaría” la creación de puestos de trabajo y potenciaría tanto el empleo como la producción, la inversión y la economía.

“Los cambios más agresivos a la legislación laboral ocurrieron durante la década del 90, con los gobiernos de Menem primero y De la Rúa después. Hay algunos hitos en 1991, 1995 y en el 2000, con la ley Banelco. Leyes que venían a promover la creación de empleo formal y a atacar la informalidad, pero lo que ocurrió fue un proceso inverso, un aumento de la desocupación y el crecimiento de la tasa de informalidad”, apunta Fernández Massi.

La especialista de IDESBA-CTA recuerda que la llamada ley Banelco, que derivó en una investigación judicial por el pago de sobornos en el Senado de la Nación e incluyó la renuncia del entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, “buscaba, entre otras medidas, eliminar la ultraactividad de los convenios, algo que también se está intentando introducir ahora, y que básicamente supone que el convenio sigue vigente hasta tanto las partes se sienten a negociar, lo que evita a los sindicatos acordar en contextos desfavorables”.

“Las reformas, en términos de creación de empleo y de reducción de la informalidad, fracasaron. En gran medida porque el empleo se crea, fundamentalmente, con política macroeconómica, y la informalidad tiene más que ver con cuestiones estructurales, y de fiscalización, que de normativa”, evalúa Fernández Massi.

La nueva propuesta estará en línea con estos antecedentes y todo indica que llegará al Congreso para que se debata en sesiones extraordinarias. Allí el oficialismo buscaría fragmentar el período de vacaciones, instrumentar un sistemas de banco de horas y promover que el empleador no abone la totalidad del salario de un trabajador con licencia por enfermedad o accidente laboral.

También que se amplíe la jornada laboral, se habilite la posibilidad de pagar una parte del salario en “ticket canasta o restaurant” y la posibilidad de que los empresarios paguen en cuotas indemnizaciones o multas provenientes de litigios judiciales.

Además, buscaría atar el salario a la productividad, flexibilizar los convenios colectivos, promover la polifuncionalidad de tareas y limitar el derecho a huelga mediante las llamadas “guardias mínimas”.

Un mundo “feliz”

“Tuvimos un quiebre importante que no es normativo, sino un fenómeno externo, que fue la pandemia. En nuestro país, y en muchos otros, hubo una caída masiva de trabajadores registrados estables y muchas empresas, cuando salieron a a recomponer actividades, a los empleados que tenían estabildad las tercerizaron o recontrataron a través del monotributo”, recuerda Rueda.

A esto se suma el desarrollo de la economía de plataformas y la revolución que suponen las nuevas tecnologías aplicadas a las producción de bienes y servicios, que también consolidan nuevas necesidades y derechos entre los trabajadores.

Rueda pone como ejemplo del nuevo estado de cosas lo que sucede en la economía de plataformas. “Si sos usuario de una aplicación y tomás un viaje, alrededor del 60 % queda para el chofer y 40 % para la aplicación”, señala, pero subraya que de este último porcentaje “no queda un peso en la Argentina; no queda un peso ni para asfaltar las calles por las que andan sus autos, para el hospital público donde te vas a atender si chocás, ni para la jubilación del trabajador, que no aporta”.

“La ley -advierte- podría establecer que por lo menos el 15 % de lo que recauda la aplicación sirva para hacer un fondo específico para la pavimentación de las calles y ciudades por las que circulan los autos de la aplicación, para reforzar el presupuesto de los hospitales públicos y para financiar el sistema previsional, hoy también en discusión”.

En tanto, Fernández Massi suma que “la incorporación de tecnologías al proceso productivo se puede resolver en comités mixtos como lo que ya existen en Buenos Aires y Santa Fe, porque cada proceso productivo tiene especificidades que hacen que la negociación colectiva en planta situada sea lo más pertinente. Sí es necesario, desde la legislación nacional, crear el marco para que existan estos espacios de diálogo en los trabajo específicos”.

El tiempo es veloz

La organización del tiempo, tanto el dedicado al trabajo como al ocio, es uno de los aspectos de mayor relevancia en el nuevo escenario. “Hay una transformación en los tiempos de trabajo, en la desestructuración de la jornada laboral, la falta de límite. A partir de la introducción de cierto tipo de tecnologías, fundamentalmente teléfonos móviles y computadoras personales, los límites de la jornada laboral se vuelvan muy difusos. Hay que reponer, de algún modo, esa carencia de límites”, señala Fernández Massi.

En este sentido destaca la importancia de la ley de teletrabajo (27555), sancionada en abril de 2021, y propone extenderla “al resto de los sectores, porque no solamente quien teletrabaja tiene un dispositivo móvil en su mano, en el cual recibe mensajes laborales en cualquier momento del día”.

Subraya también el crecimiento de las plataformas. En particular, las más visibles, vinculadas al transporte y al reparto, que tienen “especificidades en la organización del trabajo”.

Y destaca que “hubo una propuesta de estatuto (para los trabajadores del sector) que no llegó a tomar estado parlamentario; ese tipo de propuestas son adecuadas para abordar casos específicos, modalidades más definidas y también acotadas”.

“Actualizar la normativa laboral sería, por ejemplo, reglamentar las relaciones laborales atravesadas por la tecnología, donde el empleador es una aplicación. Tenemos un crecimiento exponencial de trabajadores a través de aplicaciones, donde hay un empleador ‘abstracto’, que no tiene una oficina en el país a la que ir a quejarte, pero te está sacando plata por cada viaje que haces”, añade Rueda.

El fiel de la balanza

La investigadora propone pensar “cómo corremos la balanza para poner capacidad de decisión en manos del trabajador”. “El gobierno -ejemplifica- plantea el banco de horas sin ninguna garantía para el trabajador. Vos haces 48 horas semanales y podes hacer días de 12 y otros de menos, pero que totalicen 48”.

“Si quedás a merced de este esquema para que lo establezca el empleador cuando quiera, y además tiene como consecuencia la eliminación de las horas extras, que se pagan más, es claro el perjuicio”.

“Si el Estado es garante de esa negociación y pone pautas, donde el trabajador tenga cierta potestad para decidir cuándo le conviene trabajar más horas y cuándo menos, es otra cosa. En muchas plantas fabriles, por ejemplo, cuesta retener operarios jóvenes porque estos cuestionan la rigidez del trabajo tradicional, ya que atenta contra su autonomía”, añade Rueda.

Advierte además la necesidad de mirar de frente el cambio cultural, que tiene a los trabajadores más jóvenes como protagonistas. “Hay que pensar de qué modo generar herramientas en manos del trabajador, para pasar a un esquema menos rígido, y que contemple también la cuestión salarial, porque muchos jóvenes dicen ‘entre estar ocho o diez horas dentro de una fábrica y ganar lo que gano, me compro un auto para hacer Uber y cobro lo mismo, incluso más, y puedo dejar de trabajar para llevar a mi hijo al colegio’ ”.

¿Qué hacer?

Reformar o no reformar, esa es la cuestión. “Es necesario una reforma, pero de otro tipo. El desafío principal es extender la protección laboral hacia las nuevas modalidades de empleo. Los cambios tecnológico trajeron además la necesidad de nuevos derechos vinculados a la incorporación de las tecnologías digitales”, destaca Fernández Massi.

Y ejemplifica con el derecho a la desconexión, que Argentina reguló en la ley de teletrabajo: “Que los dispositivos móviles estén siempre disponibles para el trabajo hace estallar los límites de la jornada laboral”.

Asegura además que “Argentina tiene una jornada laboral de 48 horas semanales, el máximo de la región. Hace 100 años que se estableció ese límite, la gran mayoría de los países han ido reduciéndolo. Entre 2022 y 2023 hubo un debate para reducirla. Lamentablemente eso no se plasmó en cambios normativos, que me parece necesario hacer”.

Rueda advierte que “hoy tenés a la mitad de los trabajadores fuera de los convenios colectivos; cuando la gente no se enoja ante reformas como las que propone el gobierno tiene que ver con esto, con que la mayoría de los trabajadores no están enmarcados en protecciones de este tipo, ni lo estuvo antes”.

El Congreso y la calle

Más allá de la suerte que corra el proyecto oficial en el Parlamento, las transformaciones del mundo laboral parecen ser irreversibles. Se abre así la posibilidad de una discusión más “de hecho” que “de derecho”: quienes ganan y quienes pierden ante el actual estado de cosas; cómo intervenir para que no sea solo “la mano invisible del mercado” la que tuerza el fiel de la balanza.

“La composición del Congreso es muy adversa para pensar en reformas protectorias. De todas maneras es necesario poner en discusión alternativas. La legislación laboral otorga derechos a todos los trabajadores, pero para muchísimos de ellos estos no son reconocidos en la práctica. Y eso hace que muchas veces los derechos sean percibidos como privilegios”, destaca Fernández Massi.

“Es un gran desafío -agrega- que la discusión trascienda el Congreso, no hablarle solo a quienes gozan de derechos sino interpelar a aquellos que no tienen protección; tener una propuesta sobre cómo eso puede cambiar en el futuro. Hay ahí una cuestión clave, un desafío enorme para la organización sindical, que también está puesta en jaque”.

“Los derechos que se buscan defender y los que son necesarios conseguir se alcanzan con organización colectiva. El gobierno sabe que la mejor forma de desarticular y bajar derechos es atacándola y eso es lo que busca hacer”, resume la especialista del IDESBA-CTA.

En tanto, para Rueda “si la economía creciera, por ahí sí tienes un aumento de la empleabilidad. Es que no salís a contratar a alguien porque te va a salir más barata la indemnización sino porque estás creciendo en tu productividad, porque estás vendiendo más, porque necesitas un trabajador más”.

“El desafío -insiste- es romper cierta apatía social que se mantiene gracias al ‘total hacen lo que quieren’. Desde el Instituto Argentina Grande, por ejemplo, impulsamos un evento con jóvenes para discutir ‘un plan que nos incluya’ y ‘el futuro del trabajo’. Es necesario activar espacios donde aparezcan otras opciones”.

Mientras el gobierno libertario propone al zorro cuidar el gallinero, los trabajadores se debaten entre la supervivencia y la necesidad de construir un horizonte que les permita interpelar los cambios políticos, tecnológicos y culturales que los colocan, otra vez, en el centro de la escena. El reloj, sigue corriendo.