Los organismos de Derechos Humanos repudiaron la instalación de "los discursos de odio y un negacionismo que busca revindicar las acciones del genocidio" planificadas por la última dictadura militar, en un documento que difundido ayer con motivo de la conmemoración del Día de la Democracia y los Derechos Humanos, en el cual las entidades firmantes plantean su "preocupación por una deuda ilegítima e ilegal que condiciona la vida de los argentinos".

"Este 10 de diciembre celebramos un nuevo aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos sancionada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948 y en forma coincidente la continuidad del estado democrático en Argentina, recuperado un 10 de diciembre de 1983" comienza el texto.

"Son 38 años de luchas por el Nunca Más a los Golpes Militares y a los crímenes atroces del Terrorismo de Estado con su secuela de desapariciones forzadas, muertes, apropiación de niños nacidos en cautiverio, la cárcel y el exilio de miles de militantes populares", señala el documento.

Suscriben la proclama Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los derechos humanos.

También firman la declaración la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Movimiento Ecuménico por los derechos humanos, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Comisión Provincial Memoria y Justicia Zona Norte, Centro de Estudios Legales y Sociales y Asociación Buena Memoria.

"En los últimos meses se asiste con preocupación la instalación en la agenda política y mediática de discursos cargados de odio, caracterizados por un negacionismo que busca en lo profundo revindicar aquellas acciones del genocidio e invalidar las políticas de derechos humanos" agrega el texto.

"Ese discurso contiene mensajes de profunda discriminación contra los pueblos originarios que luchan por sus derechos, contra los jóvenes de barriadas populares, contra los colectivos de la diversidad y a través de sus voceros, amplificados por los medios de comunicación hegemónicos, alientan la peor violencia social e institucional en democracia" continúa.

Y subraya: "Hemos atravesado con fuertes luchas y resistencias, cuatro años del gobierno neoliberal que retrasó las políticas de Memoria Verdad y Justicia, recortó los derechos sociales de la población y dejó como pesada herencia un brutal endeudamiento externo con el empréstito del Fondo Monetario Internacional el cual está condicionando la vida social y económica de la Argentina actual y futura".

La entidades expresan, "preocupación sobre esta deuda ilegitima e ilegal y reiteramos nuestro apoyo a toda la iniciativa tendiente a superar esa dependencia y recuperar la soberanía económica y financiera necesaria para erradicar los altísimos niveles de pobreza e indigencia existentes".

"Las deudas pendientes de la democracia se acrecientan ante la actitud obstruccionista de los bloques opositores al Gobierno Nacional. Vaya como ejemplo su negativa al tratamiento de la prórroga de la ley 26.160 por la cual se inició en el año 2006 el relevamiento de territorios ancestrales de los pueblos indígenas y la suspensión de los desalojos" señala el escrito.

"Esta demora constituye un retroceso para la recuperación de los derechos de los pueblos originarios, históricamente discriminados" agrega el documento.

En las mismas líneas, se considera "de particular gravedad el accionar de las fuerzas de seguridad en las distintas jurisdicciones que, al margen de las normas vigentes, continúan con prácticas represivas ilegales, el gatillo fácil, las torturas en comisarías, como los asesinatos de Lucas González en Barracas, Alejandro Martínez en San Clemente, provincia de Buenos Aires, o el joven mapuche Elías Garay en El Bolsón, Rio Negro, en cuyo territorio cercado por las fuerzas de seguridad, la policía local no impidió el ataque de personeros de civil que terminaron con su vida y lastimaron gravemente a otro compañero".

Estos hechos "no pueden ser desvinculados de los reiterados mensajes punitivos que producen candidatos y funcionarios de distintos colores políticos promoviendo la violencia estatal. El énfasis en el castigo y en el uso de la prisión como respuesta generalizada nos condujo al actual estado de catástrofe de las cárceles y comisarías".

"Consideramos inaceptable la situación de los numerosos presos y presas políticas por los cuales venimos exigiendo de manera incansable su inmediata libertad", subraya el manifiesto.

También se reclama a los distintos poderes del Estado "la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a tan infame persecución".

"Nos conmueve actualmente la detención de Facundo Molares en Chubut, por el cual realizamos numerosas gestiones a fin de traerlo de vuelta a su Patria, cuando fue detenido por las autoridades golpistas en Bolivia, y para quien solicitamos tanto su libertad como el rechazo a la extradición solicitada por el gobierno de Colombia" dice el texto.

Se agrega en las mismas líneas "La experiencia de lucha de los organismos de derechos humanos, el logro de las Políticas de Memoria Verdad y Justicia, las condenas a más de mil genocidas, todo ello se ha logrado a partir de una predica constante y una articulación permanente con el conjunto de las organizaciones de nuestro pueblo".

Y puntualiza que "es tiempo de recuperar la iniciativa a fin de enfrentar los embates negacionistas y neoliberales presentes, como estrategia de lucha y camino necesario para abrir paso a las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales que soñaron nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos".

Fuente: agencia Télam