Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y referente del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, sostuvo que las normas que se votaron el jueves en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires sobre espacios públicos van “en contra de la Constitución” y del Plan Urbano Ambiental, no tuvieron “en cuenta en absoluto la voluntad ciudadana” expresada en audiencias públicas; por lo que van “a ir a la justicia a cuestionar la legalidad y constitucionalidad de estos 4 proyectos inmobiliarios”.

“En la legislatura, por impulso del jefe de gobierno, terminaron votando estos cuatro proyectos en la sesión más escandalosa de los últimos 30 años, y han decidido no tener en cuenta en absoluto la voluntad ciudadana manifestada en cuatro audiencias públicas donde entre el 98% y el 100% de la ciudadanía se manifestó en contra de estos proyectos”, indicó Baldiviezo a .

Y remarcó que “la aprobación es parte del fraude democrático que venimos viviendo en los últimos años donde la democracia representativa no solo no ha mutado hacia una democracia participativa, donde la voluntad de la ciudadanía sea escuchada y sea parte de las decisiones urbanas, sino que ha ido concentrando el poder público y privado cada vez más en el jefe de gobierno; y esta institucionalidad ha sido cooptada por la corporación inmobiliaria”.

En la sesión del 2 de diciembre y con varias organizaciones manifestando en las afueras, la Legislatura porteña aprobó la autorización para el emprendimiento inmobiliario en la Costanera Norte, en el predio de Costa Salguero; el nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur que impulsa el grupo Irsa, conocido como Costa Urbana, en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors; y se convalidaron diez convenios urbanísticos y una amnistía inmobiliaria para los edificios que se excedieron en los metros cuadrados permitidos.

“Los 4 proyectos que se votaron se explican solamente por la cuestión de hacer ganar millones de dólares a algunas empresas y para que el gobierno obtenga caja política para su gestión y para la carrera presidencial del jefe de gobierno; no tiene ningún otro fundamento, ni urbano, ni social, ni ambiental”, indicó Baldiviezo.

Y agregó que “lo que se votó es insostenible, va en contra de lo que se viene pensando para la planificación de la ciudad en los últimos 30 años, va en contra de la Constitución, no se respetaron ninguno de los procedimientos que establece el Plan Urbano Ambiental de la Constitución de la ciudad”.

El director del Observatorio del Derecho a la Ciudad argumentó que “el emprendimiento de Costa Urbana se votó con menos votos de los que necesita de acuerdo a la Constitución, se votó con 36 votos cuando necesitaban 40; hay irregularidades por todas partes, pero la celeridad del tratamiento se explica porque era imperioso que antes del recambio legislativo salieran estos meganegociados inmobiliarios”.

Por estos motivos, desde el movimiento que integra Baldiviezo, confirmaron que van a hacer una presentación en la justicia “como ya fuimos con Costa Salguero y logramos que frene la venta de estos predios”.

“Vamos a ir a cuestionar la legalidad y constitucionalidad de estos 4 proyectos inmobiliarios porque creemos que no se han cumplido los pasos procedimentales en su sanción, por ejemplo, los convenios urbanísticos, no tuvieron los estudios ambientales antes de su firma, Costa Urbana se votó con menos mayorías que las exigidas y además el contenido de estos proyectos violan la planificación de la ciudad”, explicó el abogado.

Para Baldiviezo “los convenios urbanísticos han sido pensados para garantizar el bien común, no para garantizar dinero a empresas; si estos convenios que se votaron solo tienen como contraprestación lo económico, obviamente se está teniendo en cuenta más el interés privado que el público y eso viola la planificación de la ciudad”.

Otro problema que hay con el proyecto de Irsa llamado Costa Urbana, es que se va a construir sobre un humedal.

“Esos terrenos tenían que volver al Estado, hay un mandato constitucional que dice que debemos recuperar la costanera, y además van a destruir un humedal, lo cual ya es un crimen destruir uno de los pocos humedales de la ciudad”, definió.

Sobre este proyecto, Baldiviezo señaló que “es la expansión de Puerto Madero hacia el norte y al sur; en vez de frenar este modelo de urbanización de Puerto Madero y que la costanera sea de uso común, que sea pública y que sea verde, lo que se está haciendo es impulsar que el mercado siga expandiéndose con el modelo que inició en los 90 con Puerto Madero”.

Por último, el abogado remarcó que “no nos asombremos que sigan apareciendo más emprendimientos inmobiliarios, estos no son los últimos” y agregó que “cuando se habló del conector cloacal que va a abastecer de infraestructura a estos emprendimientos se habló de 16 emprendimientos, y acaban de votar 2”.

“Y lo mismo sucede con los convenios urbanísticos, se votaron 10 pero hay como 30 convenios más en danza en el Ejecutivo para ser firmados”, concluyó.