Carlos Rozanski, ex juez federal del TOF 1 de La Plata y referente de derechos humanos sostuvo que el envío de armamento a Bolivia es “de una gravedad inusitada”, al que definió como “un hecho criminal muy grave” y consideró que en el marco del Estatuto de Roma “estamos hablando de un crimen de lesa humanidad”.

“Es de una gravedad inusitada, primero porque es el propio gobierno de Bolivia que está haciendo esa denuncia y está poniendo en conocimiento un hecho criminal muy grave, y segundo porque el propio gobierno argentino a su vez se hace eco de esa denuncia y habiendo verificado cierta documentación, decide denunciar” al ex presidente Mauricio Macri y sus funcionarios, sostuvo Rozanski en diálogo con .

Y calificó como “un hecho histórico” a la decisión de los dos gobiernos de investigar lo que pasó, como algo “muy auspicioso en términos jurídicos, pero sobretodo de derechos humanos y de derecho internacional”.

En el fuero penal económico se presentaron dos denuncias, una del gobierno nacional y otra del ex camarista Eduardo Freiler, contra el ex presidente Mauricio Macri y otros funcionarios de su gobierno por el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia el 12 de noviembre de 2019, en el marco del Golpe De Estado que se llevó a cabo en el vecino país. Ayer, el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial dictaminó a favor de investigar al expresidente, a la exministra de Seguridad y al exministro de Defensa por el posible delito de "contrabando agravado" (ver nota aparte).

Las denuncias plantean justamente los delitos de contrabando agravado y tráfico ilícito de armas, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación.

Rozanski explicó que desde el punto de vista del Código Penal argentino “hay posibilidades de que sea más de una norma penal” la que se viola, como “el contrabando agravado, y otros delitos que tienen que ver con la violación del deber de funcionario público”.

Y agregó que también “hay violaciones a distintos artículos al Código Penal boliviano y a su vez se está violando una partida internacional regulada por el estatuto de Roma, que es el que crea la Corte Penal Internacional, o sea que el espectro que esto abarca es muy amplio”.

“En el caso de la Corte penal internacional estamos hablando de un crimen de lesa humanidad”, señaló el ex juez, y aclaró que “encaja” en esa definición “porque las dos masacres que han sucedido en esos días coincidente con la entrega de armamento ubican la colaboración del gobierno de Mauricio Macri y de los distintos funcionarios denunciados como partícipes necesarios; de modo que esta complicidad tiene una responsabilidad enorme, similar a la de los autores”.

El referente en derechos humanos, indicó que la aplicación del Estatuto de Roma está supeditado a que el gobierno respectivo “no quiera o no pueda investigar”, pero en este caso, Bolivia y Argentina decidieron hacerlo y no descartó el hecho de que Bolivia pida “la extradición de los implicados”, aunque en primer lugar “tendría que terminar la causa en Argentina y después de una eventual condena pasar a ser juzgado en Bolivia”.

Nuevo Plan Cóndor

Para Rozanski todo este proceso tiene “mucho que ver con la nueva modalidad del Plan Cóndor, que en el siglo XXI se transformó en Lawfare”.

“Tengo la casi certeza de que esto fue planificado con anterioridad, todo indica que si, y que el envío de armas fue solo una parte de los acuerdos logrados”, sostuvo.

“No tengo ninguna duda de que no solo no podían desconocerlo, estamos hablando de delincuentes, de una banda de gente muy peligrosa que encabeza Mauricio Macri al día de hoy”, consideró el ex juez y agregó que “el proceso hay que analizarlo desde ese lugar, si partimos de la base de que Macri es un mafioso, entonces vamos a comprender toda la mecánica de esos crímenes, si pensáramos que es un hombre decente no entenderíamos nada de lo que pasó”.

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió una carta al presidente donde decía que el material de guerra que enviaron era para un operativo de seguridad del Grupo Alacrán que debía proteger la embajada argentina en La Paz y planteó que el gobierno de Alberto Fernández debería dar cuenta de lo que ocurrió con esas municiones, ya que ellos no estaban más en funciones.

“Bullrich es una persona que carece de toda moral y como tal no tiene límites, y estos argumentos que utiliza, si no fuera una tragedia y hubiera habido tantos muertos, serían graciosos”, opinó Rozanski y agregó que “tanto ella como Macri y todos sus secuaces hacen ese juego de decir lo mismo que el otro pero al revés; fuiste vos, yo no fui, ellos ante la evidencia más absoluta siguen negando y siguen inventando respuestas”.