Guadalupe Basualdo, coordinadora del área Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) celebró la decisión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de crear una mesa conjunta para analizar los archivos de la última dictadura y aseguró que “pueden arrojar nueva información” sobre “víctimas del proceso represivo” y de los “nietos que aún nos faltan”; y que también “es fundamental para identificar responsabilidades que aún desconocemos”.

“Nos parece muy importante la decisión de crear un archivo de inteligencia abierto al público, y también la decisión de democratizar ese proceso, abrirlo a la participación de la sociedad civil, a los organismos de derechos humanos en particular” definió Basualdo en diálogo con .

Y agregó que el acceso a esos “documentos claves del proceso represivo puede arrojar nueva información, nuevas formas de comprender y sobre todo de reconstruir cuál fue el lugar de la inteligencia en el aparato burocrático represivo”.

La investigadora aclaró que tienen “muchas expectativas desde hace muchísimos años sobre estos documentos” que pueden servir, primero “para recuperar información directa sobre víctimas del proceso represivo, de los detenidos desaparecidos, de los nietos que aún nos faltan, como de aquellos que sobrevivieron también”.

En segundo lugar, indicó que “puede servir para una investigación que reconstruya la estructura de inteligencia, y el rol que cumplió en el plan de exterminio” y por último planteó que “es fundamental para identificar responsabilidades que aún desconocemos, que no fueron develadas, ya sea porque no tenemos sus nombres o porque fueron apareciendo a modo de apodos y de maneras que no permiten responsabilidad legal”.

La AFI ya realizó la primera reunión de la mesa conjunta para analizar los documentos de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, con la participación de la secretaría de Derechos Humanos, el Archivo Nacional de la Memoria, el Archivo General de la Nación y organizaciones como el Cels, Abuelas de Plaza de Mayo, La Liga Argentina por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas y Memoria Abierta, entre otros.

Basualdo explicó que el rol de los organismos en la mesa tiene que ver con el “acompañamiento de organización y clasificación de ese material”, que debe “tener una perspectiva archivística pero también una perspectiva política”, para que “pueda servir para aportar a las investigaciones actualmente en curso”.

Y además, las organizaciones pueden aportar “las experiencias de otros procesos de trabajo con archivos vinculados a las violaciones ocurridas durante la última dictadura”.

“Por ejemplo, en nuestro caso desde el CELS, el proceso de trabajo con los documentos desclasificados de la Cancillería argentina y la desclasificación de documentos de Estados Unidos”, que en la segunda etapa entre 2016 y 2019, tuvo que ver con ´documentación de inteligencia´”.

La agencia federal identificó alrededor de 2.000 documentos que integran distintas series documentales, y en formato físico existen aproximadamente 250.000 fichas, ubicadas en tres muebles ficheros, que se habrían microfilmado durante la década del 80.

“El material es de un volumen muy grande, muy valioso, que tiene tipos documentales muy diversos; son miles y miles de páginas de información”, explicó la especialista y destacó que “además están los documentos administrativos, como en cualquier agencia burocrática, pero que adquieren otro valor informativo y testimonial en una agencia de inteligencia; como pueden ser los legajos y sumarios”.

Sobre los tiempos de la investigación, Basualdo consideró que “dependerá de los recursos que se dispongan” y resaltó que ven “que hay una voluntad política muy importante de avanzar en este proceso”.

“Lo de los tiempos es relativo porque es posible que haya aportes a las causas o a las investigaciones en curso sin que el archivo esté completamente organizado”, concluyó.