El gobierno de Río Negro dio un nuevo paso contra Edersa (Empresa de Energía Río Negro Sociedad Anónima), que distribuye el suministro eléctrico en la mayor parte de la provincia, por la deuda que esta última mantiene con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por casi 2.900 millones de pesos. Las autoridades provinciales solicitaron una “intervención” judicial para acceder a información financiera y contable, tras lo cual el juez en lo comercial Federico Corsiglia designó un “interventor veedor”.

La denuncia gubernamental fue tramitada con el fin de acceder a documentación financiera y contable que permita establecer si la deuda se debe a una decisión de la empresa o, como argumenta la empresa, a un atraso en las tarifas.  Desde la compañía intentaron bajar el tono al anuncio, al descartar que se trate de "una intervención directa de la empresa" y afirmar en cambio que es "un pedido de información que culminará con un informe". Y remarcaron: "La situación de la empresa no tiene ni experimentará ninguna modificación".

Ayer, el secretario de Energía de Río Negro, Sebastián Caldiero, informó en una conferencia de prensa la medida tomada contra la firma. Luego, en un comunicado, se informó que Edersa "fue notificada de una medida judicial impulsada por el Gobierno de Río Negro, desde donde se solicitó la intervención de la compañía". Agregó que esta medida "permitirá acceder a toda la documentación financiera y contable que la distribuidora resistía entregar para clarificar la situación en torno al inminente riesgo en la continuidad de la prestación del servicio eléctrico".

"La solicitud de intervención se hizo en el marco de la Ley de Sociedades Comerciales y tiene una vigencia inicial de 60 días, durante los cuales se deberá confeccionar un amplio informe que permitirá a la Provincia adoptar las medidas necesarias en defensa del interés público que se encuentra en juego", se indicó.

La causa tramita en el Juzgado Comercial 9 de Cipolletti cuyo titular, Federico Corsiglia, designó como "interventor veedor" para cumplir con la medida cautelar al contador Cristian Pedro Skou, ex Director y CEO de Expofrut SA.

Según el comunicado oficial, "la solicitud de la intervención fue requerida a partir de la negativa recurrente por parte de la concesionaria a brindar todo tipo de información sobre la pública situación de morosidad que mantiene con Cammesa, lo cual el propio magistrado entendió que 'resulta, desde donde se lo mire, inadmisible'”.

Voceros de la empresa indicaron a que la medida resuelta por el juez Corsiglia "dispone la designación de un interventor veedor', que es una figura que tiene el encargo del magistrado de realizar un informe, en cuanto a la controversia planteada por la provincia respecto del atraso tarifario que sufre Edersa y la deuda que eso provocó con la empresa que regula el Mercado Mayorista (Cammesa)".

Agregaron que "por lo tanto, no se trata de una intervención directa de la empresa, sino de un pedido de información que culminará con un informe que recaerá en el Juez".

Las fuentes aclararon que "la situación de la empresa no tiene ni experimentará ninguna modificación. Es más, el requerimiento que realizó el 'interventor veedor' es similar al que ya hizo a principio de año un veedor administrativo que envió el EPRE, en el marcado del proceso de revisión del período de Gestión de la distribuidora".

Una deuda de larga data

Con más de 221.000 usuarios, Edersa es la principal distribuidora de energía eléctrica en la provincia y tiene la concesión de ese servicio hasta el año 2095. Pero en los últimos años, la empresa fue atrasando los pagos a Cammesa y actualmente la deuda asiente a los 2.900 millones de pesos.

El 4 de mayo pasado, en una entrevista de , el secretario Caldiero adelantó que el gobierno de Río Negro mantenía abierta la posibilidad de tomar medidas para sancionar a Edersa, a raíz de la multimillonaria deuda que la empresa mantiene con Cammesa. Entre las medidas que se estaban evaluando, no se descartaba la rescisión del contrato o una subasta de las acciones, porque "esta conducta de un incumplimiento crónico, eso se podría considerar un incumplimiento sustancial al contrato de concesión", había asegurado el funcionario.