La justicia resolvió declarar “admisible” el recurso contencioso administrativo promovido por los legisladoresdel Frente para la Victoria, Alejandro Ramos Mejía y Edith Garro, y los concejales Daniel Natapof y Ana Marks, y de esa forma puso freno al proceso de ampliación de la concesión de la explotación del Cerro Catedral a la firma Capsa por un periodo de 28 años.

Adoptada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería, la decisión judicial prohíbe cautelarmente a la municipalidad toda innovación sobre la concesión pública relativa al cerro, quedando "particularmente prohibido en términos cautelares la modificación de la contratación vigente y la celebración de una nueva mientras subsista la actual, previa caución juratoria de los demandantes".

El legislador Ramos Mejía expresó que esta medida es "producto de lo que venimos denunciando, la enormidad de irregularidades que hay en un proceso de entrega del cerro Catedral, donde se omitieron casi todos los pasos legales habidos y por haber, donde hay todo un pueblo que le está diciendo a Gennuso que no avance".

Destacó haber logrado que el intendente Gennuso “no firme el acuerdo definitivo, tras la aprobación de la ordenanza, para no comprometer las arcas del Estado municipal”.

Ramos Mejía -junto a la también diputada provincial rionegrina Edith Garro- denunció además penalmente el intento de prorrogar la concesión de manera directa y sin licitación, presumiendo los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras irregularidades.

Los legisladores argumentaron que con la prórroga se buscaba “beneficiar económicamente a la empresa Capsa, provocando un perjuicio económico al municipio local”, y que además la firma se realizó de manera “inconsulta y a escondidas”.