El artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional establece que la coparticipación “será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

La carta magna reformada en 1994 exige (o exigía) que el Congreso dicte en un período no mayor a un año una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Pasaron 22 años y aun nadie se ocupó convenientemente del tema, por lo que no se ha cumplido con la manda constitucional.

En rigor de verdad, el tema es un tanto complejo ya que es ineludible la aprobación por parte de todas y cada una de las provincias de una nueva legislación y por supuesto ninguna quiere ceder en sus pretensiones. Pero es más complejo aún si nadie se ocupa de empezar a discutir el tema, o por lo pronto todos los gobiernos nacionales desde la sanción de la Constitución a la fecha, si bien lo mencionan en sus campañas electorales, poco hacen o han hecho en tal sentido.

También es cierto que con el actual sistema, los gobiernos provinciales les gusten o no, lo digan o no lo digan, o pretendan disimularlo, tienen que necesariamente alinearse con el oficialismo del gobierno central para poder subsistir. Sobre todos las provincias más chicas y, más aún, si tienen partidos políticos regionales como hoy es el caso de Río Negro y Neuquén.

El actual gobierno nacional en los pocos meses  que lleva, si bien comenzó a devolver el 15 % de las deudas vencidas por coparticipación, también ha abusado de la oportunidad y contribuye a que se agrande la inequidad y se profundice el centralismo.

A poco de asumir con la excusa del  traspaso de un sector de la Policía Federal, le casi triplicó (268%) la coparticipación primaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y ahora estamos ante un nuevo golpe. El oficialismo pretende modificar los incisos “b” y “d” del artículo 104 de la ley del Impuesto a las Ganancias por el cual se elimina el tope de 650 millones para la provincia de Buenos Aires  y se agrega a esta provincia en la distribución del Fondo de Infraestructura, bajo la denominación de Fondo del Conurbano bonaerense, o sea un 10 por ciento más, que se les quita al resto de las provincias.

En el caso de Río Negro, esta determinación impactaría en aproximadamente 1.300 millones de pesos. 

Muy posiblemente el reclamo de la gobernadora Vidal sea absolutamente legítimo, pero sería conveniente y oportuno que la resolución del conflicto se genere a partir de un paquete de medidas y revisión de la coparticipación de todas las provincias, y las leyes que refieren a la coparticipación.

Además sería un buen gesto para iniciar el proceso de cumplir con la manda constitucional, y no que se decida a través de un decreto y mucho menos con la intervención de la justicia, como se pretende, porque otra vez le estamos trasladando las responsabilidades y las decisiones políticas al Poder Judicial.

Estas medidas deben darse en el marco del Congreso Nacional y para beneficio de todas las provincias que reclaman hace años graves diferencias en la coparticipación de impuestos.

Está bastante claro, a ocho meses de la gestión de Macri, que se beneficia con cierto grado de preferencia a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires, y si alguno no lo tiene claro, alguna sospecha debe tener.

Es necesario que se comprenda que ya no sirve una medida aislada para un caso particular y que encima perjudique al resto. Un verdadero federalismo debe tener una aplicación integral, debe corregir a lo largo y a lo ancho del país inequidades e injusticias que afectan a todas las regiones del país, donde, en una enorme proporción, viven familias que la están pasando muchísimo peor que a los vecinos de Buenos Aires que con esta decisión se pretende beneficiar.

Es más, posiblemente el desarrollo anárquico y mal planificado que ha tenido el conurbano bonaerense, sea producto de no haber desarrollado un país federal.

Y si encima le creamos un fondo específico a costa del resto de las provincias, muchas de ellas despobladas como las patagónicas, lo que estamos haciendo es seguir impulsando el crecimiento del conurbano y consecuentemente alimentando el problema.

Es tiempo de buscar un equilibrio entre el federalismo y el centralismo, revirtiendo la situación actual en que las provincias se quedan con la menor torta de la distribución primaria cuando asumen la mayoría de los gastos.

Vale la pena recordar aquí, que en la década del ‘90, se delegó a las provincias los servicios de salud y educación, que antes dependían de Nación, pero nunca se transfirieron los recursos, para atender esas nuevas facultades, lo que incrementó las asimetrías regionales, entre otras tantas cosas.

Desde esa fecha a hoy hemos desarrollado federalismo inverso, como si fueran bienes, bajo la lógica del mercado.

Retomando la letra de la Constitución y a más de 20 años de su reforma, lo que predomina en el país es un sistema federal unitario más centralista que muchos sistemas unitarios.

Posiblemente haya llegado la hora de que definitivamente se comprenda la necesidad de que seamos un verdadero Estado federal, con prácticas federales, o al menos probar.

Quizá nos demos cuenta que la ausencia de ellas, sea una de las causas de nuestra decadencia institucional.