Tras la aprobación por amplia mayoría en la Legislatura de Neuquén del convenio entre la Provincia e YPF para el desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), un conjunto de dirigentes sindicales, referentes sociales, especialistas en energía y diputados opositores sostienen que el acuerdo implica una rebaja inédita de regalías, beneficios fiscales por tres décadas y una pérdida de capacidad de decisión sobre un recurso estratégico.

El pasado miércoles (24/06) la Cámara neuquina aprobó por 27 votos contra 8 el acuerdo entre el Estado provincial y la empresa hidrocarburífera con mayoría estatal de la Nación, para impulsar el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), una iniciativa que el gobierno de Rolando Figueroa presentó como un paso decisivo para consolidar las inversiones en Vaca Muerta.

La sesión se desarrolló por la tarde. Por la mañana, se movilizaron hacia la sede legislativa grupos de trabajadores estatales, docentes y organizaciones sociales, en el marco de un paro que expresaba el rechazo al proyecto. Mientras el oficialismo defendía un régimen especial de promoción para atraer inversiones, la oposición advertía sobre las consecuencias económicas y políticas que tendrá el convenio.

El debate en el recinto terminó con una amplia mayoría, pero no cerró la discusión. Quienes votaron en contra del proyecto y los sectores que se movilizaron frente a la Legislatura coinciden en dos cuestionamientos centrales: sostienen que Neuquén resigna ingresos futuros al reducir las regalías y otorgar beneficios fiscales, y que además cede capacidad de decisión sobre un recurso estratégico al privilegiar un modelo orientado a la exportación.

La discusión por las regalías

Según opiniones que recogió , el punto que concentra la mayor parte de las críticas es la reducción del 12 % al 7,5 % de las regalías para el gas destinado al proyecto de licuefacción, un esquema que el gobierno justificó como un incentivo para asegurar inversiones de largo plazo.

Para Santiago Benotti, profesor de Geofísica de la Universidad Nacional del Comahue, con tres décadas de trabajo en la industria petrolera y además integrante del Movimiento por la Recuperación del Petróleo y demás Recursos Estratégicos, esa decisión no tiene sustento. "No hay justificación ni técnica ni económica para que bajen las regalías de 12% a 7,5%, así como no hay justificación para que sigan pagando nada más que el 12%", dijo a este portal de noticias.

Para el especialista, la reducción implica directamente una cesión del recurso. "Exactamente, sin ninguna duda. Si decís que están regalando los recursos de la provincia, no te vas a equivocar".

Benotti sostiene que el porcentaje que percibe la provincia ya es bajo en comparación con otros países productores, y que el nuevo esquema profundiza esa diferencia. Mencionó que "hay que compararse con el mundo. Noruega, Brasil y los países árabes capturan más del 80% de la renta petrolera. Es grosero el vaciamiento o el saqueo que hacen", aseguró.

Incluso advirtió que, con las condiciones previstas para las cuatro áreas incluidas en el acuerdo, "con lo que quede de eso en 20 o 30 años apenas se va a alcanzar a pagar el daño ambiental que van a hacer".

La misma preocupación aparece entre los gremios estatales. El secretario general de la seccional Neuquén de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), Carlos Quintriqueo, considera que el convenio marca un precedente inédito porque "por primera vez la provincia relega regalías", resignando patrimonio provincial y otorgando exenciones impositivas durante más de 30 años "a empresas que van a venir a llevarse nuestros recursos".

Desde el sindicato docente ATEN, la secretaria adjunta Cintia Galetto también cuestiona el cambio en el esquema de regalías. Lo define como "una baja histórica" que incluso queda por debajo del piso previsto en la ley Nacional de Hidrocarburos.

"El gobierno tiene que explicar por qué tomó esa medida y qué impacto va a tener en una sociedad que nunca fue consultada", plantea. Y aclara que el gremio de trabajadores de la educación no rechaza las inversiones: "No estamos en contra del desarrollo de la provincia. Lo que preguntamos es por qué en estas condiciones", apuntó, para luego interrogar: “¿Qué dio lugar a pensar que una baja histórica de regalías iba a dar un futuro de ascenso para la provincia?".

A ese cuestionamiento Galetto suma otro punto que considera central: el convenio garantiza estabilidad fiscal durante tres décadas mientras reduce la carga tributaria para las empresas. "Quedan pendientes muchas preguntas que este gobierno tiene que responder", sostiene la integrante de ATEN.

El modelo de desarrollo en discusión

Más allá de la cuestión fiscal, las críticas apuntan al modelo energético que, según los sectores opositores, consolida el acuerdo. "El centro de nuestro reclamo es la pérdida de soberanía.", afirmó Benotti.

Para el profesional de la industria y docente universitario, el problema no es exportar gas sino hacerlo sin una estrategia de industrialización y sin garantizar previamente el abastecimiento interno. "El objetivo es exportar. No estamos industrializando nada. La única infraestructura que estamos haciendo son caños para sacar el gas por el mar o por la cordillera", sostuvo.

El especialista advirtió que la experiencia argentina posterior a la privatización de YPF debería servir como antecedente. "Loma de La Lata se vació con todo lo que se exportó después de la privatización. Nos desabastecimos", recordó.

Desde esa mirada, opinó que el nuevo proyecto reproduce una lógica extractiva basada en la exportación de materias primas con escaso valor agregado, y señaló que “el recurso natural puede multiplicar por diez su valor si se industrializa. Habría que hacer petroquímica, fertilizantes, agregar valor y retener parte de esa renta para invertir en educación, infraestructura y desarrollo tecnológico".

También cuestionó el rol que hoy cumple YPF dentro del proyecto. A su entender, la petrolera estatal fue clave para demostrar la viabilidad técnica y económica de Vaca Muerta, pero ahora funciona como "punta de lanza" para facilitar el ingreso de grandes compañías internacionales que terminarán capturando la mayor parte de la renta.

Como contraste, citó el caso de Noruega, que utilizó sus recursos hidrocarburíferos para constituir uno de los mayores fondos soberanos del mundo, y advirtió que la Argentina corre el riesgo de parecerse más a países como Nigeria, donde la riqueza petrolera no se tradujo en mejoras para la población. “Nosotros no queremos ser Nigeria, pero estamos más cerca de Nigeria que de Noruega”, subrayó Benotti.

El impacto sobre las cuentas provinciales

Los gremios estatales introducen además otro elemento en la discusión: si la Provincia sostiene que puede resignar ingresos para favorecer inversiones privadas, luego difícilmente pueda argumentar falta de recursos cuando enfrente las próximas negociaciones salariales.

Durante el acto realizado frente a la Legislatura, Quintriqueo anticipó que ATE reclamará una recomposición por encima de la actualización por inflación. "Hoy no hay excusa para este gobierno. Si dicen que esta provincia va a generar recursos, vamos a ir a buscar esos recursos para cada uno de los trabajadores", afirmó.

Agregó que “haremos las cosas que tengamos que hacer para buscar la mejora de nuestro salario. Hoy está regalándole los fondos a las multinacionales, hoy está regalando nuestro patrimonio, hoy están regalando nuestros recursos económicos y vamos a ir a pedir no solo el IPC, sino que también nos recompongan el salario”.

También destacó que “los estatales hace dos años que venimos poniendo el cuerpo en esta provincia, "no nos pueden invitar a ser parte solamente cuando están (en) las malas. Tenemos que ser parte cuando son las buenas”, manifestó el titular de ATE-Neuquén.

Galetto expresó una preocupación similar. "Esperemos que el gobierno sea responsable y consecuente con la definición que está tomando, porque evidentemente dinero hay en la provincia como para tener semejante rebaja de regalías", señaló la representante sindical docente.

Las objeciones institucionales y territoriales

Los objeciones también alcanzaron al procedimiento parlamentario con el cual se abordó el proyecto. El diputado radical César Gass, uno de los ocho legisladores que votó en contra, criticó que un convenio de esa magnitud fuera aprobado sin conocer el contrato completo y con un tratamiento que calificó de “exprés”.

"Quería conocer la letra chica y la letra grande. No es bueno un trámite exprés para un negocio de 25 mil millones de dólares y a treinta años, bajando las regalías casi a la mitad", sostuvo. Añadió que “si es tan claro el asunto, por lo menos tendría que haber permitido el debate, o también permitir los aportes que uno puede hacer”.

Gass consideró que la deliberación legislativa podría haber dado lugar a alternativas, como mantener inicialmente el nivel actual de regalías y prever una reducción únicamente si las condiciones del mercado lo justificaban. "Las empresas no van a perder, nosotros no queremos que pierdan, pero tampoco queremos que pierda la provincia.", afirmó.

También se refirió a las adhesiones de respaldo que tuvo el proyecto, ya que desde que se presentó el proyecto fueron a apareciendo a diario, como la de los sindicatos de petroleros, privados, y jerárquicos, o la del Centro de Empleados de Comercio, intendentes, y presidentes de comisiones de fomento.

“Las adhesiones que trajeron los intendentes, las sociedades de fomento, algún vecino que andaba caminando por la calle también le hicieron firmar”, indicó el legislador, y agregó que “hay apoyos genuinos de gente que piensa que va a ser bueno, apoyos de intendentes importantes que supongo que están de acuerdo, pero fueron a una comisión de fomento, a un intendente del municipio de segunda, y le dijeron ‘firmá’. ¿Va a decir que no? Si no pueden pagar ni los sueldos”, expresó el diputado neuquino.

En el mismo sentido, Quintriqueo dijo que “todos estos días tuvimos campañas de intendentes, de diputados, de funcionarios que salían a vendernos las bondades del proyecto. Que salían a decirnos qué era beneficioso para las neuquinas y para los neuquinos”.

Afirmó además que “acá hay muchos compañeros de comisiones de fomento, de municipios, donde su salario ni siquiera llega a un millón de pesos. Y esos mismos intendentes son los que están diciendo que este acuerdo con YPF es beneficioso. Tendrán que dar respuesta a eso”, subrayó el dirigente de ATE.

En tanto, desde la Confederación Mapuche de Neuquén, el coordinador del Consejo Xawvnko, Jorge Nahuel, ubicó las principales objeciones en otro plano.

Afirmó que la Legislatura "concretó una de las mayores entregas de recursos y soberanía", y sostuvo que el convenio garantiza rentabilidad extraordinaria para las corporaciones petroleras mientras profundiza los impactos ambientales sobre los territorios.

Agregó que "a través de sus propagandas millonarias prometen desarrollo, empleo e industrialización, algo que nunca llega al pueblo de Neuquén”.

El referente del pueblo originario cuestionó además las exenciones tributarias, la posibilidad de transferir concesiones a empresas extranjeras, la estabilidad fiscal por 30 años y la utilización de mecanismos de arbitraje internacional en caso de controversias.

“El gobernador ordenó a la Legislatura aprobar un Convenio que solo garantiza rentabilidad extraordinaria a las corporaciones petroleras para los próximos 30 años”, sostuvo el dirigente mapuche, tras lo cual aseguró que "la verdadera discusión no es si hacen falta inversiones. La discusión es a qué precio y a quiénes beneficia que revienten sin control nuestra Mapu", concluyó Nahuel.