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24/12/2022

Buscan frenar en la justicia la urbanización de Valentina Sur

Buscan frenar en la justicia la urbanización de Valentina Sur | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

La Defensoría del Pueblo va a presentar una acción de amparo para desactivar la ordenanza por considerarla inconstitucional. Desde el bloque del Frente de Todos en el Concejo plantearon otro tanto.

Laura D' Amico

Organizaciones sociales, políticas, ambientales, de derechos humanos y sindicales; vecinos, profesionales y hasta la Defensoría del Pueblo de Neuquén preparan diversas presentaciones en la justicia para dejar sin efecto la ordenanza 14447, votada por mayoría el 24 de noviembre pasado, que autoriza la subdivisión y el loteo de casi dos mil hectáreas de Valentina Sur que hasta ahora eran consideradas zona productiva.

Se trata de la ordenanza -que aún no fue reglamentada- que establece que el sector urbano comprendido entre avenida Mosconi, calle Ignacio Rivas, la rivera del río Limay y la calle Río Colorado-Futaleufu, podrá ser loteado para realizar allí desarrollos urbanístico inmobiliarios.

Ese triángulo ubicado en el límite del ejido urbano de Neuquén con Plottier era, hasta ahora, la única reserva de tierra fértil con que cuenta la ciudad. Ahí se localizan las últimas chacras que quedan en actividad y es una zona considerada apta para la producción de frutas y verduras por su tierra fértil y el acceso al agua potable.

El proyecto fue presentado por el concejal Claudio Monzani -de Juntos por el Cambio, aliado al oficialismo- y contó con el apoyo de los bloques del MPN, FRIN, JxC, Pro, Nuevo Compromiso Neuquino, Juntos por Neuquén y Democracia Cristiana. Mientras que los concejales del PTS- FITU, Libres del Sur, Avanzar Descamisados y Frente de Todos la rechazaron.

El concejal del PTS- FITU Esteban Martine, dijo a Va Con Firma que hay varios aspectos de cómo se dio el proceso que están por fuera de la normativa vigente. Por ejemplo, se aprobó sin haber realizado una audiencia pública con participación de la ciudadanía; no se realizaron los estudios de impacto ambiental necesarios para analizar las consecuencias de la modificación del uso del suelo; no se consultó a la consultora preferencial del municipio, la Universidad Nacional del Comahue, porque varios investigadores de esa casa de estudios vienen rechazando la iniciativa.

Detalló que la aprobación de la ordenanza se hizo sin valorar el enfoque de la teoría del riesgo, que indica que existe una amenaza natural en la zona a urbanizar, que es la recurrente crecida del río Limay, que hace que la zona sea inundable e inconveniente su urbanización.

También mencionó que no se está teniendo en cuenta las pocas hectáreas productivas que quedan en la capital provincial y sostuvo que con esta ordenanza "están decidiendo, a las apuradas, que nunca más esta ciudad va a producir alimentos". La pregunta que surge entonces es ¿qué va a pasar cuando en Neuquén no haya petróleo?, dijo el concejal, y remarcó que el proceso de urbanización de suelo irrigado es irreversible.

El asesor del bloque del Frente de Todos en el Concejo, Sergio Mayorga, que viene expresando críticas a este tema y estuvo presente en la sesión en la que se aprobó la ordenanza, indicó a Va Con Firma que "los concejales que la votaron dijeron que la votaron para que la ciudad sea más conectada. Es decir, alegaron en contra de los barrios privados. Sin embargo, la ordenanza que se aprobó no modifica en nada la posibilidad de seguir haciendo barrios privados en la zona".

Como escribió en una nota publicada por este medio en noviembre pasado, "este proyecto consolida el modelo de 'desregulación del mercado del suelo', y significa y que las decisiones estratégicas las toman los principales actores del mercado inmobiliario", en lugar de la municipalidad en favor del bien público.

Por su parte, el Defensor del Pueblo de Neuquén, Ricardo Riva, presentó a mediados de noviembre un dictamen dirigido a la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero, donde señalaba que había tomado conocimiento de dos proyectos que se iban a debatir en el Concejo y que los mismos rayaban lo inconstitucional, por lo que debían ser ajustados a la normativa urbano ambiental vigente.

Advertía que su aprobación implicaría un cambio del uso del suelo y la ausencia de una "gobernanza urbana" basada en diagnósticos y herramientas de ordenamiento de uso del suelo. En síntesis, denunciaba que "estamos frente a un nuevo hecho político que es contrario a las lógicas del ordenamiento territorial ambiental".

Al intendente Mariano Gaido, en tanto, Riva lo instaba a disponer de las herramientas necesarias para crear Unidades de Gestión Territorial, evaluaciones estratégicas, participación ciudadana y el cuidado de los recursos naturales a la hora de pensar en el ordenamiento territorial de Valentina Sur.

Se abre la vía judicial

En la última sesión ordinaria del año en el Concejo Deliberante, Riva presentó su informe anual. En el momento de las preguntas, el concejal Martine lo consultó sobre la ordenanza que impacta sobre Valentina Sur y dijo lo que ya había advertido a Argumero en su informe de noviembre: que la ordenanza aprobada tiene visos de inconstitucionalidad.

Fuentes de la Defensoría confirmaron a Va Con Firma que van a presentar una acción de amparo para desactivar la ordenanza, aunque aún no definieron la fecha para dicha presentación.

Sergio Mayorga dijo a Va Con Firma que "si no lo presenta la Defensoría, lo vamos a hacer nosotros", en referencia al bloque del Frente de Todos, a integrantes de la Comisión Vecinal de Valentina Sur y/o a chacareros que quieren seguir produciendo. Aclaró que "nosotros en general no hemos querido judicializar las decisiones políticas pero esto ya es demasiado por la forma en la que se hizo y por el impacto tan trascendente para la ciudad".

El 13 de diciembre pasado, se realizó en el Concejo una reunión en defensa de las áreas ribereñas. Del encuentro, entre otros, participaron vecinos de la zona, vecinos en defensa de la Península Hiroki, miembros de la Multisectorial Parque Regional Bardas Norte, de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA), de la Asamblea Por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, miembros del Consejo Asesor Económico, Social y de Planificación (CAESyP), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), la Coordinadora Antiextractivista de Neuquén, las agrupaciones Alerta Roja - Agrupación Ambiental Anticapitalista (PTS - FITU); las concejalas Julieta Katcoff y Esteban Martine (PTS - FITU), Ana Servidio (Avanzar Descamisados), y el diputado provincial Andrés Blanco (PTS - FIT).

"Con este arco de organizaciones estamos pensando en presentar una acción de amparo en la Fiscalía de Delitos Ambientales", informó Martine y agregó que "actualmente estamos reuniendo la documentación necesaria" para acompañar la presentación.

La abogada Gisela Moreira, integrante de APCA, confirmó a Va Con Firma que están analizando hacer esa presentación, pero aclaró que "primero queríamos hacer una recorrida por el lugar para hablar con los vecinos de ahí". Apuntó que los ejes del amparo serían la falta del estudio de impacto ambiental y la consulta vecinal necesaria para estos casos.

Martine sumó que "lo que vamos a hacer el año que viene, porque ya no hay más sesiones, es presentar un proyecto de ordenanza para derogar esta norma". Sabe que el oficialismo y sus aliados cuentan con mayoría en el Concejo y sería ilusorio que se apruebe la derogación, pero es la herramienta con la que cuentan en el ámbito del Concejo. Por eso remarcó que "confiamos en la organización, en este amplio arco que se dio y en hacer una campaña de concientización de acá a los próximos meses porque mucha gente ni se enteró. Ponemos las fichas ahí".

29/07/2016

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