Lexfaru Nawel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén sostuvo que “es una buena noticia” la firma del convenio entre el gobierno de Neuquén y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que declara como “imprescindible la promoción de la continuidad” de los relevamientos de la tierra de las comunidades y remarcó que “fue producto de muchas luchas”.

“La firma del convenio es una buena noticia porque fue producto de muchas luchas, se logró después de todas las reuniones de mediación que vienen desde hace ya más de un mes, pero también con tantos otros conflictos que hay en la provincia se logró acordar este convenio que retoma los principios del relevamiento vigente desde el año 2013”, explicó Nawel a .

Y destacó que “fortalece el ingreso de las comunidades que han sido posteriormente registradas; porque como dice el fallo favorable que hemos obtenido en la Corte Suprema el Estado tanto federal como provincial lo que te tiene que hacer es registrar las comunidades no reconocerlas, no es su rol decir quién es y quien no es comunidad”.

Para Nawel, “el relevamiento ha sido muy poco aplicado acá en la provincia, de hecho es una de las provincias donde menos se aplicó y eso es preocupante porque habla de la falta de voluntad política del gobierno que no se expresa en políticas públicas hacia el pueblo mapuche, incumpliendo toda la normativa vigente, en momentos donde personajes nefastos de la política nacional como Pichetto o Carrió salen a pedir represión y desalojo”.

“Creemos que hay que repudiar esos llamados a la violencia racial y cumplir con las leyes que no escribió ningún mapuche, ni ningún originario, son leyes vigentes dentro de lo que hoy es Argentina en el marco de sus instituciones y hay que hacer cumplimiento”, definió.

Desde la Confederación emitieron un comunicado que expresa que “este programa viene a realizar un aporte necesario y urgente para clarificar numerosos litigios territoriales que no son cabalmente comprendidos”, en el marco de “una campaña mediática desde los sectores más conservadores y racistas que buscan confundir, tergiversar, promover violencia racial”.

Desde la confederación definieron que la tarea es la de “relevar más de 50 territorios comunitarios a lo largo y ancho de Neuquén”.

Prórroga de la ley 26.160

En el mes de noviembre se vence la tercera prórroga que tuvo la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena y las comunidades reclaman y aguardan por la confirmación de la extensión de esta norma, que según afirmó Nawel, es “fundamental retomar” junto a “la ley de propiedad comunitaria”.

“Tenemos la expectativa de que la prórroga se apruebe, fundamentalmente porque fue una de las promesas que hizo el gobierno de Alberto Fernández ni bien asumió, pero también porque así lo manifestaron los jefes de cada bloque en la Cámara de Diputados en las reuniones que tuvimos la semana pasada”, indicó el vocero.

Y agregó que “tuvo el visto bueno en la comisión de Presupuesto del Senado; sabemos que es lo más difícil que se apruebe, porque sin presupuesto no tiene mucho sentido, en eso hay una buena perspectiva pero también las semanas van pasado y aún no se ha aprobado”.

La semana pasada representantes de pueblos originarios de todo el país se acercaron al Congreso para reclamar por la cuarta prórroga de esta ley que entre otras cosas prohíbe el desalojo de las comunidades y mantuvieron reuniones con diputados y otras organizaciones.

“Creemos fundamental retomar no solamente esta discusión de la ley 26.160 sino también la ley de propiedad comunitaria y todas las demandas que los pueblos originarios están exigiendo al país desde hace muchos años y que cuentan con el respaldo no solamente de los derechos vigentes y de fallos de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana, donde Argentina ha sido intimada a regularizar los territorios de los pueblos originarios, relevarlos y sobretodo titularizarlos para evitar todo este tipo de conflictos que se están dando”, definió el werken de la Confederación.

En cuanto a los motivos por los cuales no se cumple con la ley, el abogado sostuvo que “hay una visión totalmente colonialista y racista del Estado, y negacionista de la normativa vigente, de la preexistencia del pueblo mapuche como dice la Constitución nacional y provincial, que son producto también de la lucha de nuestros mayores que han logrado esos derechos”.

En Neuquén el desarrollo en los últimos años del yacimiento de hidrocarburos Vaca Muerta generó especulaciones económicas en torno a territorios que en otro momento no fueron valorados y eso genera tensiones, aunque Nawel aseguró que “la negativa de la aplicación de los relevamientos viene de antes de Vaca Muerta”.

“Claramente puede ser que lo haya agravado pero no es el comienzo de esta situación; detrás de esta visión colonialista y racista del Estado y del manejo de la política pública también hay intereses económicos, y sobre todo una pésima distribución de la tierra con un peso de la oligarquía regional en desmedro no solo del pueblo nación mapuche sino también de la gran inmensa mayoría de la población que le hace imposible acceder hoy a una vivienda o a un lote”, describió.

Y aclaró que “no solamente se ha visto perjudicado el pueblo mapuche porque si hay algo que marcar en lo que es la redistribución de la tierra en la provincia es que la población campesina, criolla y mapuche, han sido permanentemente avasallados desde hace décadas; pero fundamentalmente desde que comenzó el fracking se ha hecho una limpieza prácticamente de la población campesina que vivía hace 80 o 90 años en el mismo lugar y han querido hacer lo mismo con el pueblo mapuche pero no lo han logrado”.