A la luz del anuncio del presidente de la prórroga de la ley 26.160 de emergencia territorial indígena, la situación en Neuquén evidencia una deuda del Estado con las comunidades mapuches: desde el año 2006, se relevaron 33 comunidades de las cerca de 65 que hay en la provincia, mientras que 8 de esas carpetas técnicas fueron objetadas por el gobierno provincial, y otras tantas no fueron finalizadas.

El diputado nacional Frente de Todos, Carlos “Beto” Vivero, aseguró que “el relevamiento se encuentra paralizado desde el momento en que asumió Mauricio Macri, quien desfinanció los relevamientos territoriales en todo el país”, ya que no pudo “derogar la ley 26.160, luego de que derogó la que limitaba la extranjerización de las tierras rurales”.

“En el caso particular de Neuquén, en común acuerdo con el gobierno provincial, desactivaron un equipo técnico de más de 35 personas, con representación indígena y con un alto nivel de avance”, afirmó el diputado a .

Vivero explicó que el primer convenio que se firmó en junio de 2012 entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el gobierno provincial planteaba el relevamiento de 50 comunidades mapuches de la provincia con personería jurídica; pero se abordaron 33, se finalizaron 22 carpetas técnicas, de las cuales 8 tuvieron objeciones por parte de la provincia “por distintos motivos”.

“El caso de Neuquén es clarito, no hay conflicto en el otorgamiento de reconocimiento de derecho territorial donde las comunidades muchas veces no tienen ni siquiera agua para darle a sus animales, pero si hay conflicto donde el subsuelo tiene riqueza o donde el suelo tiene alto valor inmobiliario, por el turismo u otras características”, definió el diputado.

El presidente de la Nación anunció en la apertura de sesiones del Congreso que va a prorrogar la ley 26.160 que vence en noviembre de este año y que establece la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras para su otorgamiento.

Un aspecto insoslayable en la provincia es el conflicto que genera el reconocimiento de territorio a comunidades que habitan en zonas de explotación de hidrocarburos, algunas de las cuales aún no tienen la personería jurídica, ni del gobierno provincial, ni del nacional, requisito que impusieron para incluir a las 50 comunidades en el relevamiento del primer convenio.

Vivero explicó que “el primer convenio suscripto con la provincia no implicaba relevar comunidades en el ámbito de la zona de Vaca Muerta” porque en ese lugar primero se debe dar el “reconocimiento jurídico de las comunidades en pugna”.

“No se incorporaron las que tenían determinado nivel de conflictividad desde el punto de vista jurídico de su reconocimiento, particularmente las que estaban en conflicto en la zona de Vaca Muerta”, remarcó y aclaró que “del primer convenio quedaron 17 sin relevar” y las comunidades que “estaban en conflicto, sin reconocimiento jurídico, serían unas 15 más, muchas de las cuales están en la zona de Vaca Muerta”.

“Estas no han sido relevadas y ni siquiera está proyectado iniciarse un relevamiento en esa zona porque eso implica establecer un espacio de diálogo político entre la autoridad indígena y la que defina el gobierno de la provincia de Neuquén, e instrumentar un convenio que permita que el relevamiento permita ampliarse a esos sectores”, completó.

El diputado nacional viene realizando recorridos por el interior de la provincia para mantener reuniones con distintas zonales mapuches y las preocupaciones son, en primer lugar, “el nivel de atraso del relevamiento” y en segundo la falta “de resultados objetivos”.

“Todos celebramos el anuncio de la prórroga de la ley 26.160 pero es una ley que ya tiene más de 15 años y está claro que para que se pueda llevar adelante tiene que tener presupuesto asignado”, indicó Vivero.

Por estos motivos, el diputado adelantó que van a proponer en el Congreso la asignación de “un presupuesto como lo establecía la primera sanción de la ley”, y que se establezca “la participación del movimiento indígena en todo el proceso de realización de los relevamientos”.

“Esto abre la necesidad de poder discutir en Argentina una ley de propiedad comunitaria indígena que ya incorpora de alguna manera el Código Civil y Comercial, y que abriría la puerta para ir resolviendo la multiplicidad de conflictos que aparecen sobre todo en los lugares de alto valor inmobiliario”, aclaró Vivero.