La dirigente nacional de AMMAR, Georgina Orellano, concurrió a la comisión “I” de asuntos laborales acompañada por la referente local Teresa Godoy. Fue en el comienzo del tratamiento de la iniciativa que pretende regular el trabajo sexual domiciliario que presentó la organización.

La idea de la comisión, según el presidente del cuerpo, Damián Canuto, es “avanzar escuchando el abanico más diverso de opiniones, pero siempre en el marco de los derechos civiles”.

Orellano debatió por espacio de dos horas con los legisladores de todos los bloques y mostró con contundencia y claridad los argumentos que sustentan el proyecto de ley.

Afirmó que quieren que “el Estado esté presente” garantizando que sus derechos no sean vulnerados.

“Queremos acceder a derechos laborales que no tenemos, una obra social, acceso a la salud integral, a la vivienda, realizar aportes jubilatorios”, enfatizó.

Dijo que aspiran a “salir de la clandestinidad” en la cual tienen que trabajar y donde muchas veces son obligadas a sufrir “cualquier tipo de abusos y hostigamientos por parte de la Policía”.

“Nosotras hablamos desde nuestra realidad, no tenemos que ir a ningún libro para explicarle a nadie por qué elegimos o no. Seguir cuestionando a las mujeres sobre si es una elección libre o no, seguir cuestionando si el trabajo sexual es violencia hacia nuestros cuerpos, es perderse la oportunidad de trabajar verdaderamente en una política de derechos humanos para que nuestros derechos no sigan siendo vulnerados”, explicó.

En términos generales, los diputados se expresaron a favor de avanzar en la discusión del proyecto, que hasta ahora sólo contó con el rechazo explícito del bloque del Movimiento Libres del Sur y algunos cuestionamientos particulares del diputado Raúl Godoy, del PTS.

Los integrantes del bloque del oficialismo, clave para conocer el destino de la discusión, se expresaron a través de Daniel Bongiovani, que se mostró a favor del  debate y lo consideró una “evolución”.

Orellana sentenció, también, que “nadie elige libremente qué trabajo hacer. Sin embargo no se le cuestiona al albañil, a la empleada doméstica, al operario de una fábrica, si elige libremente o no su trabajo; y el Estado está presente allí para garantizarle derechos”.

“No queremos otro trabajo, queremos éste”, afirmó, para graficar que “el trabajo en sí, no es violencia, violencia son las situaciones que tenemos que sufrir por trabajar en la clandestinidad, violencia es tener que pagarle a la policía para poder trabajar tranquilas, violencia es tener que sufrir allanamientos sin orden judicial. Abolirnos, prohibirnos no va a solucionar el problema de fondo, nos va a arrojar a una mayor clandestinidad”.

En Neuquén, según cifras de la propia organización, alrededor de 300 mujeres integran AMMAR y en nombre de ellas hablaron las dirigentes.

Denunciaron que “a las mujeres se les cuestiona todo, se les cuestionan las decisiones que toma sobre su cuerpo y nosotras queremos poder salir de eso, queremos poder decir libremente de qué trabajamos sin que nadie nos señale con el dedo, buscamos que las próximas trabajadoras sexuales ejerzan su trabajo amparadas en un marco regulatorio y que no pasen por las situaciones que muchas de nuestras compañeras tuvieron que pasar. Si se piensa trabajar en una sociedad justa e igualitaria, bueno, que esta sociedad nos incluya a todos, que las putas queden dentro de esa sociedad”.

El director de Diversidad de la provincia, Adrián Urrutia, acompañó a las expositoras y brindó su apoyo en nombre del gobierno provincial.

El proyecto contempla crear una Secretaría Provincial de Protección al Trabajo Sexual Autónomo dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con participación de representantes de las áreas de Trabajo, Seguridad, Salud y Gobierno, la inscripción de la actividad en el régimen de monotributo y de Rentas provincial, y el cumplimiento de requisitos sanitarios y médicos mediante un carné habilitante.

Orellano, finalmente, recordó que actualmente la actividad no está tipificada como delito, pero al no estar permitida quienes la ejercen están en situación de clandestinidad y a merced de apremios y abusos policiales. “La ley nacional contra la Trata, sancionada en 2012, no diferencia el acto voluntario del acto contra con la propia voluntad. El problema de la trata no somos nosotros, sino la corrupción policial y la complicidad política”, dijo.

“¿Por qué no se tolera la explotación en los talleres textiles clandestinos, o de los trabajadores rurales, pero sí se acepta la explotación y el atropello a las mujeres que ejercemos la prostitución?” se preguntó.

“¿Es una cuestión de discriminación por las partes del cuerpo, es más digna la mano que nuestra sexualidad? ¿Es indigna la explotación de la mano pero no la de la sexualidad?” concluyó.

La comisión continuará escuchando opiniones de distintas organizaciones en torno a este proyecto.