"Es una vulnerabilidad tremenda el tema de cómo la consigna del 'quedáte en casa' a algunos migrantes les implicó un reforzamiento de las desigualdades". Con esa frase, la investigadora del Conicet- UNC, Verónica Trpin, sintetizó el diagnóstico elaborado por el colectivo Agenda Migrante 2020, acerca de  cómo están impactando las medidas de aislamiento social por la pandemia de coronavirus en los colectivos migrantes que viven en Argentina. 

"La población migrante es uno de los sectores más precarizados e informalizados laboralmente; por lo tanto las medidas de aislamiento intuíamos que iban a tener un impacto para esta población", señaló la Doctora en Antropología Social, en diálogo con , y advirtió que "a nivel nacional hay alrededor de 75 mil trámites migratorios pendientes y hay gente que hoy prácticamente carece de derechos".

El informe, que aporta datos cualitativos y cuantitativos, fue elaborado en base a la consulta realizadas a 1.266 personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y beneficiarias de visados humanitarias de todo el país, y a 33 entrevistas en profundidad a referentes de los colectivos, realizadas entre el 9 y el 26 de abril. En Neuquén, las organizaciones consultadas fueron la Agrupación Oktubre, la Asociación de Venezolanos en Neuquén y la Red de Líderes Migrantes.

Respecto de los datos locales, Trpin, que es investigadora del Conicet e integrante del Ipehcs, (Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales), con una amplia trayectoria en estudios sobre migrantes en el Alto Valle, señaló que si bien todavía no cuentan con los datos desagregados de la provincia, "las poblaciones colombiana y venezolana son las corrientes más recientes y que hoy en nuestra región están padeciendo más la situación de no contar con ingresos".

"Además -agregó- es una población que en general no tiene muy aceitadas sus redes y vínculos como organizaciones sociales que garantizan a veces contención social".

Ante ese escenario, advirtió que "nos preocupa la imposibilidad de mucha gente de acceder a un alimento, de no poder generar ingresos que hasta ahora los tenía aunque fuera en los circuitos informales, y las condiciones de habitabilidad, porque en general es una población que no es propietaria, que alquila y ya ha habido casos de posibilidades de desalojos. Además, no tener regularizados los documentos hace que también estén desplazados de las posibilidades de acceso a los beneficios sociales", enumeró.

Si bien la mayor población migratoria se localiza en torno a la capital provincial, agregó que "en Añelo, la dinámica de Vaca Muerta hace que la población venezolana tenga muchas expectativas en el circuito del petróleo". Sostuvo que "la mayoría son profesionales", con antecedentes laborales en el circuito petrolero de Venezuela, y que llegan "con las expectativas de emplearse en el circuito hidrocarburífero, aunque hasta que acceden a estos circuitos realizan una infinitud de trabajos informales", detalló.

Indicó que en esa localidad también se observa "el conflicto de desalojo con población boliviana que alquilaban locales para la venta de verduras". Apuntó que "la producción de alimentos es un circuito que claramente sostiene a los migrantes y es una producción prioritaria, pero hoy los circuitos de ferias no se pueden realizar entonces quienes se ocupaban de la venta informal de frutas y verduras tampoco lo están pudiendo hacer".

Por otra parte, se refirió a "la cantidad de actividades que hoy se están garantizando en relación al cuidado, al trabajo doméstico, a la producción de alimentos, a la atención en comercios, que hoy las están garantizando poblaciones migrantes".

Dijo que "en los casos que están formalizados están pudiendo trabajar, pero en la cantidad de circuitos que tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo doméstico informal, con las cosechas de la producción hortícola o la construcción, son rubros donde hay una significativa presencia del trabajo migrante pero todas las medidas de restricción de circulación hacen que estas poblaciones no estén pidiendo sostener estas actividades".

Según el censo nacional realizado en 2010, en el departamento Confluencia había 26.161 migrantes y 34.655 en toda la provincia. Trpin indicó que es difícil saber con exactitud la cantidad de personas migrantes que hay actualmente en la región porque ese censo no incluye las migraciones recientes, como la venezolana, la colombiana, la haitiana y la senegalesa. Organismos que trabajan con colectivos de migrantes, calculan de manera informal que hay alrededor de 2 mil integrantes de la comunidad venezolana en la provincia. 

Para Trpin, la situación de estos colectivo es "muy grave" y aseguró que muchos están solucionando la vida cotidiana a través de la actividad territorial de las organizaciones sociales: "Aquello que el Estado no está cubriendo, hoy se está sosteniendo desde los lazos y las redes solidarias. No sólo desde las organizaciones de migrantes sino de otras organizaciones de militancia a lo largo de la región".

La imposibilidad de regresar a sus países de origen como consecuencia del cierre de  las fronteras "complica la situación porque hoy la migración casi se volvió forzosa. Es decir, la gente no puede volver a sus lugares de origen por el cierre internacional de fronteras por lo tanto el Estado tiene casi un deber humanitario de ser responsable de quienes habitan el territorio", indicó.

Desde la Agenda Migrante 2020 proponen pensar las desigualdades desde la figura del "habitante" de un territorio como sujeto de derechos y la implementación de "un plan masivo y gratuito de regularización migratoria" que habilite a que estas personas puedan ser realmente sujetos y sujetas de derechos dentro del país, sumado a la clara universalización del acceso a los beneficios sociales.

Informe Agenda Migrante 2020 - Algunos datos 

En Argentina hay casi 2.200.000 extranjeros que representan el 4,9% de la población nacional, según las estimaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el año 2017.

-Según el informe elaborado por el Colectivo, el 29% de los consultados no cuenta con documentación, está tramitándola o cuenta con una residencia precaria. 

- El 75% se encuentra expuesta a la informalidad laboral, hace changas, trabaja de manera informal o no trabaja.

-El 58% manifestó haber perdido su trabajo al iniciarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Aquellas que se dedicaban de manera informal o precaria a labores vinculadas al cuidado, la limpieza o la construcción, rápidamente dejaron de percibir sus salarios y no cuentan hoy con ningún apoyo para asumir sus cuentas, pagar el alquiler y comprar alimentos. También hay otras personas que siguen activas a nivel laboral, en tareas que implican un alto grado de exposición al contagio y precariedad (trabajadores de servicios de envíos, tareas de limpieza y de cuidado de personas mayores, cajeros o vendedores de comercios de alimentos, personal médico y enfermería, restaurantes, tareas agrícolas, etc.)", se lee en el informe. 

-El 81% tiene que pagar alquiler y un 28% indico haber tenido problemas con su alquiler desde que se inició el aislamiento.

-El 79% no recibe ninguna ayuda social.

-Sólo el 6% pudo acceder efectivamente al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), única medida específica implementada para garantizar la subsistencia de los sectores más afectados por el ASPO, debido al requisito de poseer una residencia regular de 2 años.