-?
 
 
 
Informe Especial
31/12/2017

La concesión del Catedral, bajo presiones políticas y empresarias

La concesión del Catedral, bajo presiones políticas y empresarias | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

Hace unas semanas se abrió un nuevo capítulo en el manejo del centro de esquí, que dejó al descubierto un lobby político empresarial al que no es ajeno el gobierno de Mauricio Macri. Está en juego la extensión de la adjudicación hasta el 2056. Es uno de los atractivos turísticos más importantes del mundo y también un rentable negocio. Los conflictos y las presiones detrás del cerro más famoso de la Argentina.

El intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, acordó hace unas semanas con la empresa Catedral Alta Patagonia extender la concesión del contrato de explotación del cerro hasta 2056 con la exigencia de una inversión de 400 millones de pesos y de desistir de las demandas contra la municipalidad.

Luego de varias propuestas y rechazos del plan de inversiones de la empresa cuyo contrato actual vence en 2026, el jefe comunal ahora intenta conceder esta prórroga de 30 años, a partir del vencimiento del contrato actual.

El acta que se firmó deberá contar ahora con acuerdo del Concejo Deliberante.

Esa es la escueta noticia que dio cuenta del avance de esas gestiones, tras una historia de idas y venidas, de compra, venta, presiones empresariales y políticas, juicios, traspasos, cesiones, unificaciones, incumplimientos, disputas políticas e institucionales, etcétera.

A poco de que la noticia tomara estado público se conoció la reacción de un reconocido empresario barilochense, Alberto Del Giudice, que al momento de la firma de ese acuerdo era, ni más ni menos, que el presidente de la Asociación Empresarial Área Catedral, además de ocupar el cargo de prosecretario de la Cámara de Turismo de la ciudad.

Del Guidice a través de una carta pública renunció al cargo de titular de la Asociación y dejó entrever algunas situaciones no tan claras en la polémica negociación, principalmente la influencia del gobierno nacional y por qué no del propio Macri.

Macri demostró desde que asumió un interés particular sobre el tema Catedral. Algunos de nuestros lectores recordarán cuando en Va Con Firma publicamos aquel acontecimiento del 28 de diciembre del año pasado cuando visitó Villa Traful interrumpiendo por unas horas sus vacaciones en el country Cumelen y se sucedieron algunos inconvenientes con manifestantes de ATE.

En aquella oportunidad se le acercó un concejal de su partido de Bariloche y le dijo: “soy el concejal González, de Bariloche y del Pro”, palabras más, palabras menos; y allí Macri le dice: “Bariloche..., tienen un cerro espectacular, dígale al intendente que se ponga las pilas y solucione el tema del Catedral”. Fue un miércoles 28 de diciembre de 2016.

En aquel momento el edil, que se había quedado sorprendido por la reprimenda, declaró al diario El Cordillerano que “el presidente está mal informado, tiene mala información” y fue muy crítico de la actitud de la empresa Catedral Alta Patagonia, a tal punto que coincidía con uno de sus pares del justicialismo que afirmaba que la empresaestaba “hipotecando el futuro” del cerro.

La carta de renuncia de Del Giúdice

En la carta de renuncia del empresario barilochense queda transparentada la influencia o "presión" del gobierno nacional sobre el intendente Gennuso para posibilitar la extensión de la licencia de explotación del cerro a la empresa Vía Bariloche por 30 años más cuando aún faltaban 9 años para la finalización de la actual.

En un tramo de la nota Del Giúdice dice “quiero dejar en claro que no puedo acompañar este proceso irresponsable, originado por necesidades coyunturales del momento, plagado de inconsistencias, e inexplicablemente apresurado, que además, compromete los próximos 39 años del cerro, plasmado entre gallos y medianoches y a espaldas de la comunidad y de los actores comprometidos con la actividad”.

“Esta vez escuché muy bien el mensaje y no estoy dispuesto a luchar contra molinos de viento, sobre todo si los vientos no son patagónicos sino de la Capital Federal, con actores ajenos a la montaña, que desconocen nuestra realidad, las circunstancias y nuestros intereses”.

También comentó el empresario que se había avanzado, en un esquema de consultoría con equipos de profesionales locales e internacionales, con el respaldo de la  Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y fondos sin devolución a través de una gestión con el BID, a fin de que el municipio de Bariloche cuente con un informe inobjetable desde lo técnico sobre el funcionamiento de la concesión.

Agrega que ese trabajo, ahora frustrado, iba a aportar la visión y espaldas necesarias para interactuar con este concesionario u otros eventuales interesados en el desarrollo y la comercialización del cerro, como es en casi todos los centros de esquí del mundo desarrollado.

Sin embargo, dice Del Giúdice, eso se deja sin efecto y se le amplía la explotación a la misma empresa que con su poder dominante y a través de un negocio monopólico, solo piensa en el resultado económico.

Fallo judicial previo

Unos meses antes de la firma del acta acuerdo, la Cámara de Apelaciones de Viedma interpretó, a mediados de noviembre, que el proceso de transferencia del Cerro Catedral de provincia al municipio está incompleto, y que requiere el aval de Capsa para “perfeccionarse”. Es decir, que le otorgó a la empresa la llave para sentarse a negociar ventajosamente la extensión del contrato y su proyecto de desarrollo inmobiliario.

La transferencia del poder concedente del Cerro Catedral de la provincia al municipio, en 2009, fue celebrado en Bariloche como un acto de autonomía e independencia para el dictado de políticas sobre su principal recurso turístico y promocional.

Pocos meses después, Capsa cuestionó judicialmente aquel acuerdo político, argumentando que debía dar su aval explícito al traspaso, en tanto empresa concesionaria del servicio de explotación de los medios de elevación.

Siete años después de aquel reclamo, la justicia le dio la razón a la firma privada, y puso en riesgo el “perfeccionamiento” del traspaso a manos municipales.

El municipio, lejos de asumir que ese fallo también le daba autonomía para decidir con libertad el futuro desarrollo del cerro, aceptó las presiones de Capsa y el gobierno nacional y cerró un acuerdo que ahora deberá refrendar el Concejo Municipal.

Acuerdo en la FIT

El martes 28 de noviembre el titular de Catedral Alta Patagonia, Sebastián Trappa selló en Bariloche el acuerdo cuyos trazos principales se habían esbozado en octubre en la última Feria Internacional de Turismo (FIT), en Buenos Aires.

Un hombre de Río Negro, muy allegado al gobierno nacional admitió que el tema figuraba entre los puntos principales de la agenda de Mauricio Macri en su relación con Bariloche y la provincia de Río Negro.

Los directivos de Capsa solo esperaron el momento de la rúbrica. Eso sucedió y la semana pasada firmaron el acta con Gennuso.

El acta acuerdo

En el acta acuerdo se establece la extensión del plazo de concesión actual por 30 años a contar desde el vencimiento originario de la concesión (31 de octubre del 2026) y un nuevo plan de modernización del cerro Catedral que implica una inversión de 22 millones de dólares “con obras, modernización y equipamiento, a culminarse antes del inicio de la temporada invernal del año 2023”.

Las obras del plan de modernización se acordarán antes del 31 de enero de 2018 para que el proyecto completo ingrese el 1 de febrero al Deliberante, indica el acta.

Una vez convalidado el acuerdo por el Concejo Municipal, “quedará definitivamente zanjada la controversia judicial” vinculada a la titularidad del poder concedente y el planteo judicial de nulidad del acta de transferencia. También la firma desistirá de todas las acciones judiciales iniciadas contra la municipalidad.

El Ejecutivo “dictará los actos administrativos tendientes a dejar sin efecto las sanciones aplicadas a Capsa en los expedientes administrativos que se encuentren recurridos y en trámite ante el intendente municipal”.

La intención original de la concesionaria era quedarse con la explotación por medio siglo más a partir del 2026, es decir hasta el 2076 con el compromiso de invertir 50 millones de dólares en infraestructura, pero finalmente se acordó lo estipulado en la carta de intención.

A favor

Luego de la trascendencia periodística del acuerdo se escucharon voces a favor y en contra del nuevo proceso.

Uno de las reacciones más sorprendentes fue la del concejal del Pro, Daniel González, que un año antes decía que el presidente Macri estaba mal informado y el problema eran los empresarios ahora dijo “veo esto con optimismo. Es lo que todos queríamos”.

Sobre su cambio de postura el edil dijo que antes “se planteaban 50 años y ahora son 30; no se reconocía a la municipalidad como poder concedente, ahora no solamente se lo reconoce sino que también se renuncia a todos los juicios pendientes con el Municipio; se va a plantear un aumento del canon; y la responsabilidad social empresaria aparece con la construcción de dos gimnasios para la ciudad”.

Explicó que el gobierno de Macri “había planteado que este desarrollo iba a generar mayor mano de obra en la ciudad, además de una inversión importante para el cerro, en consonancia con la preocupación del presidente para que se generen más y mejores puestos de trabajo”.

Además, destacó que el acuerdo, si bien ya fue suscripto por el intendente y la empresa, “deberá tratarse en el Concejo”. En ese sentido, adelantó su voto positivo, que junto a los siete de Juntos Somos Bariloche, aseguran a la administración Gennuso los dos tercios necesarios.

El presidente del Concejo municipal Diego Benítez precisó que el proyecto de ordenanza ingresará "los primeros días de febrero".

"Vamos a usar el tema de las audiencias públicas porque creo que es importante que tanta gente que tiene esa mirada sobre el cerro la pueda plantear" sostuvo.

El concejal dijo que con el documento que presentará el Ejecutivo podrán "conocer el proyecto de la empresa y los efectos verdaderos sobre la ciudad".

"El desafío es interesante, lo vamos a trabajar" concluyó el presidente del Concejo Municipal.

El diputado nacional Sergio Wisky(Pro) indicó que “así como el Estado está invirtiendo en saneamiento, energía y conectividad, es bueno que haya un proyecto privado para mejorar el Catedral”. “Es importante que se discutan los proyectos seriamente y, más que nada, que las inversiones sirvan para generar desarrollo”, señaló.

En contra

El concejal del FpV, Ramón Chiocconi dijo que "no es el camino" y resaltó que es una oportunidad para sentarse a negociar con la empresa pero consideró que algo tan sensible no se puede hacer a puertas cerradas.

"Hoy todos nos encontramos enterándonos a través de los medios que hay un convenio ya firmado, me parece que no es el camino, tengo la esperanza que se retroceda", sostuvo. 

Dijo que oficialmente el proyecto no ingresó al Concejo, pero señaló que es necesario contar con el tiempo suficiente para estudiarlo. Respecto a la necesidad de tratar en forma urgente dijo que "es cuestión de cómo se gobierna" y dijo tener la esperanza de que se dé la discusión y se escuche a la población. 

Su compañero de bancada,Daniel Natapof, planteó que el municipio no negoció libremente debido a las presiones del gobierno nacional, entre las que se incluyó la posibilidad de liberar un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) de 10 millones de pesos para oxigenar las cuentas municipales. Agregó que el convenio “se firmó a oscuras, a espaldas del pueblo”.

La Cámara de Turismo de Bariloche, en principio, respalda la inversión turística privada, pero solicitó participación en la definición del convenio final. 

La institución dijo que en el caso de la trascendencia de la carta convenio “generó sorpresa e impactó, ya que los aportes de las cámaras empresariales no fueron tomados en cuenta”.

Finalmente pidió a las autoridades “participación en la opinión del proceso final de la confección del convenio a firmar y que éste cumpla el plan de inversión de Capsa y los objetivos, económicos, sociales y de sustentabilidad que nuestro destino necesita”.

Los legisladores del peronismo barilochense manifestaron que este proceso es “claramente, una forma de evadir el procedimiento de licitación que debiera darse dentro de nueve años, garantizando la transparencia administrativa tal como lo establecen las leyes y ordenanzas referidas a contrataciones públicas”.

Luego denuncian que esto surge porque el “el intendente se encuentra sumido en una crisis financiera que busca ocultar. Esta situación lo coloca en una posición de precariedad política y por la tanto concurrió a Buenos Aires desesperado, solicitando un auxilio del gobierno nacional”.

Finalmente aseguran que “allí se encontró con el presidente Macri que apoya la entrega de nuestro cerro en forma abierta, y encontró el momento ideal para obtener el apoyo de Gennuso a cambio de un ATN, mientras que Weretilneck también viene presionando a favor de lograr este acuerdo con Capsa y además intenta hacer buena letra con Macri, ya que él también se encuentra en una profunda crisis financiera en la provincia”.

Concesionado desde los ‘90

La explotación del centro de esquí está concesionada desde el inicio de los ‘90 a través de unas pocas empresas concesionarias. Desde el año 2004 la explotación de la totalidad del cerro está a cargo de la firma Catedral Alta Patagonia S.A. (Capsa) cuya mayoría accionaria pertenece a la familia Trappa, propietaria de la firma Vía Bariloche.

Mueve alrededor de 1.000 millones de pesos por temporada. Solo 650 millones corresponden a la venta de pases producto de las más de 600 mil personas que terminan visitando las pistas a lo largo de julio, agosto, septiembre y octubre.

Se estima que solo durante los 55 días de temporada alta y media visitan, en promedio, el lugar unas 13 mil personas por día.

Además, la empresa le arrienda locales a unos 50 negocios, tales como restaurantes, escuelas de esquí, alquiler de ropa, kioscos, entre otros, por cifras que van de los 100 a los 500 mil pesos por temporada.

Catedral Alta Patagonia también recibe parte de los ingresos por los derechos de instalar publicidad en la zona, un espacio que se disputan las principales marcas del país.

El negocio se extiende al estacionamiento vehicular que cada año colapsa debido a la multitud de coches que pretenden estacionar a unos 500 metros de la base del cerro pagando unos 100 pesos. Solo este apartado deja unos 400 mil pesos diarios en invierno.

Del otro, el municipio de Bariloche y sus propios comerciantes y emprendedores, quienes entienden que el turismo invernal se encuentra monopolizado y que la ciudad recibe una mínima porción de un cifra astronómica.

De Parques Nacionales a Río Negro y luego al municipio de Bariloche.

Los orígenes del centro de esquí se remontan a 1936 bajo la administración de Parques Nacionales cundo se determinan las laderas y se comienza a realizar inversiones de medios de elevación y refugios.

En 1985 el Estado Nacional dispone la transferencia en donación del centro de esquí a la provincia de Río Negro.

En 1992 la provincia llama a licitación pública nacional e internacional con el objeto de perfeccionar y modernizar la infraestructura de servicios del centro de esquí, de la que resulta seleccionada como co-contratante del Estado Rionegrino la firma Ski World S.A. que comienza a operar en una de las laderas del cerro el 14 de abril de 1994. Luego la empresa que lideraba Alberto Lamota se transforma en Catedral Alta Patagonia S.A. (Capsa).

En 1996 Capsa toma la concesión de una de las laderas del cerro y compromete y realiza un plan de modernización.

En 2003 termina el contrato con el concesionario de la Ladera Sur Vicente Robles S.A y se determina su desalojo.

En 2004, Capsa logra la concesión de ambas laderas, es decir incorporó la Ladera Sur y comenzó un plan de modernización que aumentó considerablemente la cantidad de pasajeros transportables por hora.

Ese año el gobierno provincial en manos de Miguel Saiz renovó hasta el 2026 la concesión a pesar de la oposición de múltiples sectores políticos y sociales.

En 2009 la propiedad del Catedral pasa, en teoría, a manos del municipio.

En 2011, Capsa, operadora del cerro por contrato hasta el 2026, es vendida al grupo empresario Vía Bariloche S.A, dedicada desde la década del 70 al transporte de pasajeros en colectivo y propiedad de los hermanos Roberto y Rolando Trappa.

Por aquellas épocas, diciembre de 2011, además de las cenizas del volcán Puyehue, surgieron diferencias insalvables entre quienes eran sus socios mayoritarios Juan Cruz Varela y Natalia Lamota, que se hicieron cargo tras la muerte de Alberto Lamota, padre de Natalia, en un accidente que tuvo esquiando, precisamente en el cerro.

La transferencia del paquete accionario implicó la venta de los futuros 15 años de concesión, pero también abriría la posibilidad de desarrollar el emprendimiento inmobiliario en la montaña, previsto en el pliego de licitación, pero nunca concretado.

La misma empresa luego realizó otras importantes inversiones como la compra de la empresa de transportes de pasajeros El Valle, la línea aérea Sapse y la mayoría accionaria de la firma de transporte Ko Ko. En los últimos años también han incursionado con inversiones en algunos medios de comunicación. También son propietarios de la Cabaña ganadera Curacó de General Acha (La Pampa).

Los Trappa siempre tuvieron buenas y cercanas relaciones con el poder tanto a nivel nacional como provincial. 

29/07/2016

Sitios Sugeridos


Va con firma
| 2016 | Todos los derechos reservados

Director: Héctor Mauriño  |  

Neuquén, Argentina |Propiedad Intelectual: En trámite

[email protected]