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Informe Especial
08/09/2017

Relevamiento territorial

Detrás del caso Maldonado está la puja por las tierras indígenas

Detrás del caso Maldonado está la puja por las tierras indígenas | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

Como telón de fondo de la desaparición forzada del joven, está el interés del gobierno macrista en desandar lo actuado por la ley que suspendió los desalojos de las comunidades y ordenó censar las tierras que ocupan. Jorge Nahuel de la Confederación Mapuche, Jorgelina Villarreal de la UNC y el ex funcionario nacional Carlos Vivero, opinan sobre el tema.

Carlos Marcel *

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La desaparición forzada de Santiago Maldonado se produjo el 1 de agosto de 2017 en Chubut. Allí, el joven platense acompañaba el reclamo de la comunidad mapuche, en conflicto por la titularidad de la tierra. Precisamente, el Senado de la Nación debe discutir, antes de fin de año, la prórroga de la ley 26160, sancionada el 1 de noviembre del 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner que suspendió los desalojos de las comunidades originarias y ordenó un relevamiento de las tierras que ocupan.

Ayer, el Senado volvió a postergar el tratamiento de un proyecto que prorrogaba por cuatro años la suspensión de los desalojos. De todas maneras hay un compromiso para que el tema sea abordado en la próxima sesión de la Cámara Alta.

Otro de los aspectos de este problema es la flexibilización por decreto, realizada por el presidente Mauricio Macri a poco de asumir, de la ley que limitaba el acceso a la propiedad de tierras por parte de extranjeros, una norma que funcionaba como complementaria de la anterior.

Anunciada como parte de la “reparación histórica” para los pueblos originarios, la ley 26160 prohíbe los desalojos de comunidades indígenas durante cuatro años y ordena al Estado nacional y a los provinciales, realizar el relevamiento y demarcación de sus tierras, para reconocerlas luego e incorporarlas al dominio comunitario, un estatus jurídico contenido en la Constitución Nacional e incorporado al nuevo Código Civil de la Nación.

Las provincias fueron lentas ejecutoras de ese ordenamiento y fue necesaria una prórroga de 4 años en 2009 y una más por el mismo lapso de tiempo en 2013. El 1 de noviembre de 2017 vence el último plazo y es necesario que los legisladores nacionales le renueven un nuevo período, ya que sólo se ha relevado el 60% de la tierra en todo el país y apenas un tercio en la provincia de Neuquén.

De la vigencia y aplicación de la ley 26160 dependen las comunidades originarias y su reconocimiento jurídico como propietarios ancestrales y comunitarios de la tierra que habitan. Ese estatus impide que la tierra se pueda utilizar con fines comerciales y afecta los intereses de propietarios estancieros como Joe Lewis o Luciano Benetton, y de varias empresas petroleras y turísticas.

Según un informe de Endepa (Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen) a pesar las prórrogas, aún quedan más del 40% de las comunidades en el país sin este relevamiento. En Neuquén la situación es peor.

Luego de varias dilaciones, la provincia aceptó en 2012 relevar sólo 50 comunidades, pero la Confederación Mapuche reclama por 68. Al día de hoy, se terminaron 22 relevamientos y de ellos el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) órgano de aplicación de la ley, solo oficializó cinco.

El vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén Jorge Nahuel, informó que en la provincia son 68 comunidades en total, de las cuales 51 cuentan con personería y otras 17 no están registradas. Las últimas 14 comunidades incorporadas en la década pasada no contaron con el aval de la provincia, pero pudieron ser registradas porque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner habilitó un registro especial.

En diálogo con el programa de radio La Palangana, Nahuel afirmó que “a los que hoy gobiernan los mueven intereses económicos sobre la tierra, particularmente sobre la tierra pública, que es mucha aún y que está sin distribuir. Me parece que la lógica de quienes hoy ocupan temporalmente la administración del Estado es que no se pueden retirar sin tener su porción de tierra pública. Negocio cerrado”.

“La ley 26160 que obliga al Estado a hacer el relevamiento de toda la tierra indígena está parada. Se aprobó hace diez años, cuenta con presupuesto y no tiene costo para la provincia, pero son otros los intereses para que no se aplique”.

Agregó que el relevamiento “se inició luego de mucha presión y mucha denuncia, Neuquén fue la última en poner en ponerlo en marcha, funcionó dos años y se alcanzó a relevar 20 de las 68 comunidades que hay en la provincia. Por lo tanto -dijo- quedan dos tercios aún sin relevar y la ley caduca en noviembre” denunció.

Reconoció que es un problema que la ley tenga fecha de caducidad y advirtió que “si no se prorroga -porque los partidos están más preocupados en la elección que en legislar- nos quedamos sin esa ley, por eso estamos en un momento crucial”.

La antropóloga e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue Jorgelina Villarreal, quien ha publicado numerosos trabajos sobre la preexistencia de los pueblos mapuches en territorio neuquino, también se refirió al tema del relevamiento.

Explicó que “el convenio establecía que los gobiernos provinciales trabajaran con las universidades de cada lugar, en este caso con los profesionales de nuestra universidad, pero el gobierno de la provincia de Neuquén rechazó trabajar con los profesionales de la Universidad Nacional del Comahue, porque consideraba que los docentes de la UNC, al tener años ya trabajando en el tema y al haber producido numerosos informes en relación al pueblo mapuche en una línea que evidentemente no compartían, producirían una versión sesgada”.

“Cuando se firma el convenio se prevé una cantidad de comunidades que se irían a relevar pero esas no eran todas las existentes en la provincia. Había un registro nacional de comunidades indígenas que lo llevaba adelante el INAI. La provincia de Neuquén pide que ese registro pase a su poder. El tema es que desde que se pasa ese registro a la provincia, queda frenado”, apuntó.

Agregó que, inclusive, “hay unas diez comunidades que estaban en proceso de obtener su personería y el acta establece que la provincia debe culminar ese trámite y otorgarles el reconocimiento, y esas comunidades todavía están esperando”.

El ex coordinador del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, órgano político encargado de llevar adelante el relevamiento y la aplicación de la 26160, Carlos “Beto” Vivero, recordó que el gobierno de Kirchner “al declarar la emergencia en cuanto a la situación de ocupación, se propuso clarificar desde una base histórica, antropológica, social, geográfica, la pertenencia y la propiedad” de la tierra en manos de las comunidades preexistentes.

Vivero lamentó que no se llegó a consensuar una ley de fondo para regular la propiedad comunitaria de la tierra en sintonía con el Código Civil porque -aseguró- “hay intereses que están bloqueando la necesidad de impulsar un proyecto de ley que reglamente la propiedad comunitaria indígena”.

El ex funcionario nacional mencionó que un tercer instrumento central en esa estrategia, que era “la ley que promovió la limitación del acceso a la propiedad de tierras por parte de extranjeros, ley que derogó el macrismo apenas ingresó a la gestión (no habían pasado 20 días) a través de un decreto de necesidad y urgencia”.

“Son los mismos que ahora demonizan al pueblo mapuche para avanzar en la concentración de la propiedad de la tierra, con el aval del gobierno de Macri, que lo está impulsando” afirmó.

Vivero avaló los datos brindados por Nahuel y Vllarreal y reveló que las trabas del gobierno provincial llegaron, inclusive, a una acción judicial.

Recordó que, debido a los retrasos de la administración neuquina firmaron “un convenio con la UNC sin la presencia de la provincia; pero la provincia hizo una presentación judicial contra ese convenio, accionó contra el INAI para que se abstenga de la realización del relevamiento si no participaba la provincia”.



(*) Conductor del programa “La Palangana” de FM Mix.
29/07/2016

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