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En una semana con otro triste récord de femicidios en distintos lugares del país, la Legislatura de Río Negro finalmente aprobó por unanimidad la implementación de ley para la Formación Institucional en Género y Erradicación de Violencias contra las Mujeres. Se trata de la adhesión a la norma de alcance nacional conocida como “Ley Micaela”.
El proyecto impactará en “todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por cargo electivo, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, en el ámbito de los tres poderes del Estado provincial”.
Hacía meses que el proyecto estaba para el debate, pero en un año electoral, las sesiones fueron escasísimas y el tema quedaba siempre en carpeta.
La legisladora Carina Pita (FG-FpV) y el legislador Marcelo Mango (FG-FpV) presentaron el proyecto, luego de la sanción de la Ley Micaela por el Congreso. La legisladora incluso recordó que “a principios del mes de julio de 2017 (antes de la sanción) presentamos el Proyecto de Ley Nº 476/2017, de similares características. Sin embargo, el proyecto no prosperó en la discusión de ninguna de las comisiones legislativas. Desde entonces, todos los datos indican que las violencias contra las mujeres, lejos de menguar, se han profundizado. En razón de ello volvimos a presentar el proyecto ratificando la necesidad de avanzar en esta formación, habiéndose sancionado”.
Pita destacó que Río Negro es una de las provincias con tasas de femicidios más altas del país, y desde distintos colectivos se denuncia la falta de políticas públicas integrales para prevenir, sancionar y erradicar las distintas formas de violencias que sufren las mujeres.
Un informe del Centro de Estudios Patagonia da cuenta de tres femicidios en la provincia en lo que va del año, y además alerta sobre el recorte y la subejecución de partidas para las áreas de políticas para la mujer, especialmente para las tareas de prevención.
Mientras el Estado ajusta, las estadísticas judiciales de la provincia muestran que prácticamente la mitad de las causas que ingresan en el fuero de Familia, corresponden a situaciones de violencia hacia mujeres.
Legisladores del bloque oficialistas defendieron las políticas implementadas por el actual gobierno, desconociendo que estas sean escasas o deficientes. Aun así, votaron en favor del proyecto, una forma de admitir uno de los grandes déficit que la provincia acusa.
La legisladora Marta Milesi afirmó en el recinto que la Argentina cuenta con legislación suficiente en el país, que no tendría que ser necesaria la Ley Micaela, pero explicó que indudablemente la realidad marca que se requiere reforzar algunas políticas, sobre todo porque millones de mujeres en las calles lo han reclamado. Incluso cuestionó al propio cuerpo parlamentario por la falta de capacitación en la materia. Pero advirtió que para deconstruir el patriarcado la capacitación debe ser de hombres y de mujeres, porque las que se capacitan son siempre las mujeres.
Carina Pita, autora del proyecto, celebró que ya varias provincias de la Argentina han aprobado la implementación de las capacitaciones en género a los tres poderes. También destacó durante la sesión el acuerdo alcanzado hace unos días por quienes representan a Ivana Rosales y el Estado neuquino, que incluyen entre ellas el compromiso de implementar la Ley Micaela como forma de reparar su ausencia en el caso que presentó Ivana en la CIDH hace once años (Ver más información).
También destacó al movimiento de mujeres y de colectivos de diversidad, cuyo protagonismo permitió avanzar en la conciencia social de la grave problemática que afecta a las mujeres y que se expuso al debatirse la Ley Micaela en el Congreso.
Pidió que la Legislatura debata un proyecto presentado por su bancada que crea el programa Provincial para dar cumplimiento a esta Ley, para lo cual destacó que en la provincia hay personas muy formadas para comenzar a implementar las capacitaciones inmediatamente.
“Apuremos la lapicera”, reclamó la legisladora, al recordar que todavía está pendiente el tratamiento de proyectos en ese recinto, como también el cumplimiento de varias leyes que buscan la igualdad y la posibilidad de vivir una vida libre de violencias, como las siguientes:
Registro de objetores de conciencia, patrocinio jurídico gratuito, refugios, articulación del Consejo Provincial de Mujeres con los consejos locales, dispositivos de protección para las infancias; la implementación de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, entre otros.
A las 17.30 horas fue votada la implementación de las capacitaciones de los tres poderes del Estado rionegrino por unanimidad. Un cierre que insinuó el compromiso de la nueva gobernadora de jerarquizar el Consejo de la Mujer, desde donde se pondrá en marcha el programa.
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