Hace dos años celebramos el Encuentro Nacional de Mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries en La Plata. Fue la última vez tête-à-tête y entonces peleábamos por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y por volver a tener Ministerio de Salud, mientras soñábamos con tener uno de mujeres y géneros disidentes. Entonces, a días de las elecciones generales, en medio de la marea de feminismos y en el PJ platense, organizamos el Primer Encuentro Federal de Mujeres y Disidencias Justicialistas. Hoy, a dos años, un balance.

Esa vez fue la primera en la que estas escribas se reunieron tras una infinidad de llamadas, mensajes y mails que conectaron Córdoba con Buenos Aires, Mendoza y Tucumán para organizar, en el marco del 34° ENM, el Primer Encuentro Federal de Mujeres y Disidencias Justicialistas. Asumiendo que Argentina es pionera en la región y el mundo, justamente porque hemos logrado desarrollar y sostener por más de tres décadas un encuentro plural que posiciona al movimiento feminista como uno de los ordenadores del siglo XXI, queríamos reunirnos en nuestra casa partidaria para visibilizar la multitud, la potencia federal, las diferentes representaciones en el mundo del trabajo, los barrios, las universidades, las escuelas, el Estado y volver sobre la unidad de concepción: una corriente justicialista dentro de los feminismos.

Ciertamente, los ENM han sido escenarios que nos permitieron ejercer y demostrar una gran capacidad organizativa y de movilización; una potencia para  tejer redes y lazos en cada punto del país, para intercambiar lecturas e interpretaciones; una solvencia para debatir y construir consensos, así como para disputar y fijar desacuerdos. Con intensidad, durante los cuatro años de gestión neoliberal, se produjeron importantes acercamientos entre los feminismos aunque no faltaron rupturas.

Justamente frente al riesgo de la indistinción dentro de la marea y frente a la esperanza depositada en los comicios del 2019, buscamos encontrarnos, persuadirnos y convocarnos a la unidad política con una cosmovisión clara del feminismo justicialista: desde el sur periférico del sistema mundo, para la emancipación de los géneros oprimidos es necesaria la justicia social, empezando por les últimes. Además, esta perspectiva procura no fijar una esencia femenina sino reconocer que existen múltiples formas de ser, que nuestra pelea está hermanada con las disidencias, que exige romper con el cerco de los géneros para asumir que el patriarcado atrasa para todes. Más aún, la lucha de los feminismos debe ser interseccional, atendiendo la clase, la raza y la ubicación geográfica.

Con ese horizonte, tejimos redes entre nosotras en cada punto del país para tratar de pensarnos en clave federal y popular, con reivindicaciones de nuestro suelo, entendiendo que nuestras vidas son hostigadas también por el racismo, el cisexismo, la marginación, la pobreza y el imperialismo. Además, entendiendo que el mundo se complejiza y precariza día a día, la mirada interseccional propia de nuestro feminismo pretende funcionar como dique de contención de la avanzada neoliberal. Estos postulados tenían particular asidero en una Argentina que, entre 2015 y 2019, vio reeditar las políticas de austeridad, mientras los feminismos crecíamos en la agenda y el espacio público. En ese entonces se enunciaron con la urgencia de ponerle un freno a un  (des)gobierno que, con cada decisión, ampliaba la pobreza, la indigencia, la desigualdad, garantizando solamente el deterioro de la vida de todes, con más virulencia sobre las mujeres y las disidencias. Un octubre definitorio y que fue oportunidad, como tantos otros. Precisamente eso nos convenció a dejar testimonio en el ENM acerca de que, para consagrar y garantizar la conquista y la ampliación de los derechos de las mujeres y las disidencias, debía triunfar nuestra fuerza política. La historia respalda que los grandes avances se han realizado cada vez que gobernó el justicialismo. Y como reza nuestra doctrina: “nadie se realiza en una Patria que no se realiza”.

A dos años de la victoria, proponemos un balance que nos permita avanzar en la consolidación de nuevos consensos entre los feminismos sobre las deudas pendientes en relación al rol del Estado, al ordenamiento político y partidario, a la distribución y el reconocimiento económico, a la justicia y el ejercicio de nuestros derechos.

Balance

Con claridad y contundencia se orquestó una comunión entre los feminismos -desde el liberal al progresista- tras el grito de “Vivas nos queremos” y la demanda por la legalización del aborto. Así, el 2015 y el 2018 funcionaron como momentos bisagras, del “Ni una menos” al “Que sea ley” que nos fue hermanando, congregando en la arena pública y en la pelea política. También, fueron estas luchas las que sostuvieron y garantizaron la transversalidad política en momentos de fragmentación, empezando a articular los escenarios de disputa en la calle y las instituciones -especialmente las parlamentarias donde las justicialistas se jugaron el todo por el todo, siendo una parte fundamental para estas conquistas-. Todo eso nos exigió empezar a pensar al Estado para que allí se cristalicen nuestras banderas: de lo instituyente a lo instituido.

Los ministerios

La más evidente expresión de este pasaje fue la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional a partir de diciembre de 2019. Indudablemente esta conquista en la estatalidad es celebrable como parte del reconocimiento a la lucha del movimiento. No obstante, hasta ahora, es un misterio lo que allí ocurre mientras proliferan conferencias, simposios y congresos, se propagan los programas con nombres de verbos en infinitivo que nunca arrancan. Más aún, recién tras el femicidio de Úrsula Bahillo (en febrero de 2021), se convocó a una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Legal y Técnica de la Nación, tres ámbitos con responsabilidades vinculadas a la erradicación de las violencias contra las mujeres que, en ese entonces, estaban comandados por tres mujeres: Marcela Losardo, Sabina Frederic y Vilma Ibarra. Antes del crimen en Rojas, provincia de Buenos Aires, nunca se habían juntado. Señal de que no alcanza con la institucionalidad, ni con que haya mujeres con responsabilidades y que, para empezar, habrá que poner en práctica eso que enseñan los feminismos: que se construye en red.

Nuevos ministerios se crearon también en Córdoba y en Buenos Aires, marcando el desafío de debatir los recursos más que la jerarquía del área de gobierno. Porque flaco favor le hacemos al movimiento justicialista y feminista si detrás de un nombre grandilocuente, se combina precarización laboral y escaso financiamiento para las políticas públicas. Peor estábamos antes, sin duda, pero por nuestra vocación justicialista hay cosas con las que no deberíamos compararnos. Resulta necesario que esta institucionalización atienda a la perseverancia de la lógica neoliberal que busca filtrarse o imponerse para vaciar al Estado del poder real, convirtiéndolo en un cáscara vacía. El mundo es cada vez más precario y riesgoso. Por lo tanto, si la estatalidad retrocede o se mantiene igual, también se achica su capacidad para proteger y generar bienestar a nuestra comunidad. Si la potencia del feminismo justicialista radica en funcionar como freno a la voracidad neoliberal, señalando que las soluciones llegan desde el Estado -con más políticas de redistribución que de mero reconocimiento- para así construir un nuevo orden con justicia social, entonces, habrá que pasarlo a nafta. Entre estas escribas, reina la sensación de que estamos desaprovechando horas urgentes para los feminismos en tiempos realmente adversos.

Los 8 de marzo

También, desde el 8 de marzo de 2016, forjamos un acuerdo sobrela urgencia por garantizar condiciones dignas de trabajo y vida. Esto se cristalizó en la convocatoria a parar en esa fecha, año tras año, entendiendo que a la violencia patriarcal, el neoliberalismo le agregaba el deterioro material. Ciertamente, las consecuencias de la pandemia cambiemita y la del coronavirus han ralentizado el mejoramiento de la vida de todes, con magros avances para las mujeres y las disidencias. En este escenario, la jubilación para mujeres sin suficientes años de aportes ha sido extensamente celebrada porque implica que el Estado, además de garantizar la protección social a quienes se dedicaron al trabajo doméstico, empieza a reconocer el valor de las tareas de cuidado y de reproducción, y les retribuye por ello. Al atender las estadísticas, se aprecia la trascendencia de esta política: sólo el 25% de las madres logra alcanzar los años de aportes requeridos por la normativa, mientras que el porcentaje es de 41% cuando se analizan las mujeres que no tienen hijos/as. Lo mismo puede señalarse sobre el plan para registrar a las trabajadoras domésticas y así reducir la informalidad en el sector. Estos valiosos avances, sin embargo, no han alterado la realidad que se presenta estructuralmente adversa para las mujeres en el mundo del trabajo. Y esto no sólo en comparación con los varones, sino también entre nosotras ya que cuando se materna o se convive, hay menos chances de conseguir empleo, se obtiene un salario más bajo y en puestos menos calificados o dentro de la informalidad.

Aborto y ESI

Sin lugar a dudas, la aprobación de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en diciembre del 2020 fue un triunfo de la extensa lucha política, social y cultural que los feminismos veníamos desarrollando durante más de una década. Naturalmente, su aprobación y promulgación no se explican sin la voluntad política del Frente de Todos que, desde el Poder Legislativo y el Ejecutivo, promovieron su realización. Más aún, el tema formaba parte de la agenda trazada durante la campaña electoral. Asimismo, el hecho de que el Gobierno Nacional restituyera el Ministerio de Salud potenció la capacidad estatal para implementar el Protocolo IVE en los hospitales públicos y marcó una definición política para el funcionamiento de los equipos y establecimientos de salud. Consagrada esta norma, y a 15 años de la sanción de la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, resta garantizar su cumplimiento para que podamos conocernos y cuidarnos, desear y disfrutar, elegir y planificar nuestra vida.

Cupo laboral trans y DNI no binario

En este balance es ineludible la referencia a las acciones implementadas para garantizar el respeto a las diversidades y la inclusión laboral trans. Este año, el Congreso Nacional aprobó la Ley N°27.636 Diana Sacayán-Lohana Berkins que establece un cupo del 1% dentro del Estado Nacional para la contratación de personas travestis, transexuales y transgénero. Para ello crea un Registro y elimina las convencionales exigencias que resultan en un limitante para la incorporación de este universo de personas al mundo del trabajo registrado. Asumiendo que se trata de un grupo extremadamente vulnerable por las innumerables vejaciones y discriminaciones que atraviesan desde el momento en que se reconocen trans, el Estado asume su responsabilidad. En línea con estos aciertos, y con el antecedente de la Ley N°26.743 de Identidad de Género, recientemente se sumó una nueva conquista con el lanzamiento de un nuevo DNI para personas no binaries.

Aún resta seguir avanzando en la igualdad en la representación y la paridad política, partidaria y estatal. Pero no sólo aritmética sino sustancial en tanto que si nuestra incorporación va a ser en ámbitos vaciados de poder, tampoco hay igualdad. Necesitamos más inserción y que cuando ésta ocurra, nos habilite un real ejercicio político, a tomar decisiones, a alterar cursos de acción y a transformar la vida de todes con recursos y poder. Otra cosa es otra cosa.

Lo dijimos entonces y lo reafirmamos ahora: necesitamos avanzar en un proyecto de país que recupere la vasta y gloriosa tradición denuestra Argentina federal. País con nombre de mujer, país que es cuna de grandes batallas ganadas a la miseria. Queremos un país desendeudado, con igualdad, con trabajo y futuro para todes.

A dos años de la victoria, el desafío que tenemos es grande. Hemos avanzado, pero se impone la necesidad de cruzar los límites de la agenda de género y atravesar otras condicionalidades, así como atender con urgencia las dificultades económicas y materiales. Salir del pelotero violeta y potenciar las políticas redistributivas será parte de la hoja de ruta del feminismo justicialista en la etapa que se viene, con el afán de funcionar como un dique de contención frente a la acechanza neoliberal que no da tregua. Esto será posible en tanto sigamos condensando lecturas de género, clase, raza y ubicación geográfica, como un lente multifocal, y revitalizando la dinámica política-partidaria exigiendo/construyendo más Estado, más complejo y con una lógica principalmente redistributiva.

Este es el camino. Y esta vez también es con todes.