Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación sostuvo que están “confiadas” en que la apelación del fallo que suspendió la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) “se va a resolver favorablemente, teniendo en cuenta los compromisos internacionales asumidos por el Estado, y además la solidez constitucional que tiene la norma”.

“Claramente el juez quiere legislar sobre algo que no corresponde, es una intervención un tanto extraña porque además hace una referencia al culto que practica y a la ideología y no tenía ninguna razón para tener que decirlo”, planteó Varsky a y remarcó que “es un fallo que cita dos fallos, uno del año 80, otro del año 87, de la Corte Suprema, ninguno de esos fallos están vinculados a aborto y de hecho la Corte tiene fallos más recientes y que si están vinculados a abortos como es el caso F.A.L”.

El Estado nacional apeló la sentencia del juez federal Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N 4 de Mar del Plata que había decretado mediante una cautelar que no se aplique la ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en hospitales nacionales argumentando que la norma “viola la obligación internacional” del país “de proteger la vida desde la concepción” y pone “en juego el derecho de la vida de niños por nacer”.

En el escrito aclaran que “existen en el presente caso motivos de público conocimiento que impiden” al juez López “continuar interviniendo sin que ello implique una vulneración del debido proceso legal”, debido a “distintas expresiones vertidas” por el magistrado, que “pueden ser consideradas como adelanto de opinión, en tanto guardan directa relación con el asunto de fondo a decidir en esta causa”.

“El Estado nacional apeló inmediatamente la decisión del juez López, y es importante señalar que desde el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el ministerio de Salud estamos realizando todas las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de una ley que fue votada democráticamente por el Congreso de la Nación, y que se compromete a abordar un problema de Salud Pública y a reducir las desigualdades que terminan en muertes, enfermedades y otros daños”, definió la funcionaria.

Para Varsky, “la normativa es contundente y tiene que ver con el compromiso del Estado argentino para cumplir con los derechos sexuales y reproductivos establecidos en el marco jurídico nacional, en la Constitución, en los tratados internacionales, y todas las leyes fondo de la Argentina y todas las leyes de protección de pacientes y de mujeres”.

Desde que se sancionó la ley, en enero de este año, hubo más de 30 amparos similares que se presentaron en la justicia contra su aplicación, de los cuales más de la mitad fueron rechazadas y solo unos pocos se encuentran en trámite.

“La resolución no suspende la realización de abortos en clínicas, e instituciones privadas, en hospitales o centros de salud dependientes de gobiernos provinciales y municipales, solo tiene alcance en hospitales públicos nacionales”, explicó Varsky.

La funcionaria del ministerio señaló que desde la entrada en vigencia de la ley “hay jurisdicciones donde ha costado un poco más” aplicarla, “sin embargo el Estado nacional y desde las organizaciones que desde siempre han reclamado la IVE”, garantizan que “la práctica se esté llevando adelante, con algunas complicaciones por supuesto, porque hay médicos objetores” o en algunas “jurisdicciones hay una mala interpretación de la ley”.

Femicidios en pandemia

Sobre la tasa de femicidios en pandemia, la funcionaria aclaró que siguen siendo altos pero no aumentaron en este año ya que los datos de la Corte Suprema muestran que en 2019 se registraron 252 casos y en 2020, 251.

Varsky aclaró que “lo datos que publicó la Corte Suprema a principio de este mes se registra que el número de femicidios se mantiene alto, pero no se ha modificado en contexto de pandemia”.

“Sí podemos mencionar que hubo un aumento considerable de las consultas a la línea 144, que es la línea de asesoramiento y asistencia que funciona las 24 horas y que sí hubo una mayor consulta durante todo este tiempo”, planteó la especialista y destacó que “los femicidios, travesticidios y transfemicidios son un fenómeno criminal complejo y obedece a distintos factores que tienen que ver con las desigualdades, y por supuesto hay que llevar adelante transformaciones profundas de políticas públicas con intervención desde el Estado que llevan tiempo”.