El Poder Judicial se configura como un entramado social hermético, corporativo, que construye relaciones sociales fuertemente jerárquicas y asimétricas asentadas en lógicas de poder patriarcales. Las posiciones desiguales de poder y la consolidación de estas formas de relacionarse como modus operandi generan que pocas veces se pueda mirar al interior del organismo y hacer algo respecto de las conductas violentas y abusivas de los magistrados, generalmente varones, que gozan de cargos vitalicios, entre otros privilegios. No es casual que el Poder Judicial se denomine a sí mismo como “familia judicial”. Esa imagen de familia que, pase lo que pase, se debe defender, proteger y salvaguardar de los ataques externos, pero también de las denuncias provenientes de quienes forman parte de la propia familia cuando hay situaciones de violencia que ya no se toleran.

La insistencia de una denuncia realizada por una trabajadora del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la ciudad autónoma de Buenos Aires vino a aguarle la fiesta a la familia judicial. No fue tarea fácil denunciar a Julio César Castro, fiscal general de la Nación con más de treinta años en el cargo, por malos tratos, abuso sexual y acoso laboral sistemático. Tampoco fue fácil ser oída y contar con apoyos cuando la primera presentación fue en diciembre de 2014, antes de la primera convocatoria de Ni Una Menos. Pero la obstinación de esta primera denunciante se fue haciendo de apoyos, de otras y otros denunciantes que se animaron a alzar la voz y de la creación de una Colectiva de Trabajadoras del MPF que, al calor del crecimiento exponencial del movimiento feminista en Argentina en el último lustro, lograron que la institución diera curso a la apertura de sumario para iniciar una investigación contra uno de sus miembros intocables. Además de esta denuncia, Castro cuenta con una condena penal por violación a su ex pareja y su candidatura para juez federal fue impugnada por mantener mensajes “indecorosos” con una menor de edad por la red social Twitter. El 6 de mayo de 2021, el tribunal de enjuiciamiento contra Castro decidió removerlo de su cargo.

La resolución del jury es significativa en el sentido de que pone de manifiesto una situación puntual, pero recurrente en muchos aspectos de la vida laboral dentro del organismo. También pone de relieve la necesidad de seguir pensando cómo construir las relaciones sociales dentro del MPF desde una perspectiva feminista, que apunte a una reformulación integral de la justicia hacia adentro y hacia afuera del organismo. 

Las denuncias son disruptivas. Hacen ruido allí donde se pretende silencio. Rompen el “secreto a voces” que recorre los pasillos de las instituciones y, en ese sentido, no constituyen un fin en sí mismo. Generan hendiduras a partir de las cuales es posible zarandear estructuras tan rígidas como el Poder Judicial. Provocan transformaciones, preguntas, inquietudes en quienes habitan esas oficinas que tienen la potencialidad de abrir discusiones colectivas que van más allá del caso puntual de la denuncia en cuestión. Un caso individual se lleva como problema a un espacio de discusión colectiva. Se transforma en un problema que atañe no solamente a la persona involucrada directamente en el caso, sino al conjunto de trabajadoras y trabajadores, porque los malos tratos y los matices de violencia resuenan en las experiencias cotidianas de quienes trabajan en el MPF. Entonces, a partir de lo que una denuncia específica pone sobre la mesa es posible preguntarse colectivamente de qué manera se quieren construir las relaciones interpersonales en los espacios laborales e institucionales.

Sara Ahmed dice que cuando enunciás un problema, como el maltrato, la violencia machista o la discriminación, automáticamente creás ese problema. Es decir, te convertís en la causa del problema por el simple hecho de advertirlo. Señalar el maltrato, el acoso sexual y el abuso de poder implica arruinar el ambiente para quienes gozan de la impunidad y la comodidad del silencio, aguarles la fiesta. Y eso viene a hacer la conceptualización y el reclamo de una reforma judicial desde una perspectiva feminista: arruinarle la fiesta a la impunidad, al abuso, al acoso laboral, al maltrato, al machismo y a la manera en que se configuran las relaciones sociales al interior del poder judicial que, por cierto, afectan al servicio de justicia en su conjunto.

Agradezco a Paula Mañueco, abogada y trabajadora del MPF en la provincia de Buenos Aires, por la entrevista brindada para la realización de esta columna.