Esta semana Figueroa afirmó que para “adherir o no” al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) el gobierno de la provincia esperará a conocer la reglamentación de los cambios introducidos a la ley de Hidrocarburos por la ley Bases, y advirtió que "la defensa del federalismo es respetar las reglas de juego y si eso no se llegara a respetar vamos a alzar la voz”.

De paso, reveló que esos cambios fueron elaborados en “más de un 75%” en Neuquén. ¡Caray!

Quedó claro que el gobernador desconfía del gobierno nacional, no solo porque ya le puso la mano en el bolsillo con el incentivo docente, la obra pública y el fondo del transporte, entre otros despojos y manotazos, sino también seguramente porque tiene muy presente el refrán “hecha la ley hecha la trampa” y no ignora que dicha trampa se suele verificar en la propia reglamentación.

De hecho en el proyecto original de reforma de la ley de Hidrocarburos -cuyo monje negro sería el depredador de Sturzenegger-, al que tuvo acceso la provincia antes de aportar el “75%” del proyecto definitivo, se cometía el pequeño desliz de olvidar la reforma constitucional de 1994 y la ley corta de Hidrocarburos 24145, que modificó la 17319 -del dictador Juan Carlos Onganía-. Ambas transfirieron el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias. Pavada de “olvido”.

De manera que con gente que no sólo es mala sino también bruta y de la que puede esperarse en cualquier momento una zancadilla disfrazada de “Uy, no sabía”, más vale estar en guardia de entrada como hace Figueroa.

Después de todo, que el RIGI sea lesivo para el interés nacional porque pone en la mesa de saldos los recursos naturales y abandona el objetivo del desarrollo interno, no implica que no pueda resultar atractivo para algunas provincias.

Como también el traspaso del dominio de los recursos naturales a las provincias fue una pérdida para la soberanía efectiva del país sobre sus recursos naturales, pero llegó como una tardía reparación para las provincias, siempre postergadas por un federalismo de cartón pintado que ya lleva 171 años sin cumplir sus objetivos, desde que se declaró el fin de las guerras civiles y el comienzo de la “unión nacional”.

Ocurre que la Argentina no es un país totalmente soberano, sino que depende en gran medida del capital concentrado multinacional y algunos insisten en convertirlo definitivamente en una pieza más de la estrategia geopolítica de Estados Unidos. Por eso sus recursos naturales deberían estar protegidos por la mayor concentración de poder político, inteligencia y conocimiento al servicio del interés nacional y no expuestos a negociaciones realizadas desde situaciones más frágiles o más permeables ante el enorme poder de las multinacionales.

De concretarse alguna vez, lo que va a lograr el RIGI es que haya provincias un poco más ricas en un país cada vez más pobre. El camino contrario, el de un país más desarrollado con la riqueza distribuida más igualitariamente entre las provincias es, claro, más difícil.

Pero también es preciso admitir que ya no es posible acometer tal objetivo manteniendo la ficción dolosa del actual sistema federal. Para cambiar este estado de cosas no sólo es necesario asistir al fracaso anunciado de la actual dictadura con votos, también y sobre todo hace falta juntar masa crítica, para ir a fondo y reformular de raíz el modelo de país.

¿Quién dijo que no se debe pedir lo que hoy no parece posible?