Si Horacio Rodríguez Larreta no hubiera convertido la presencialidad en las escuelas en un arma arrojable contra el gobierno nacional en el marco de la interna de Juntos por el Cambio, la capital federal, principal foco de contagio del virus a nivel nacional, no hubiera dispersado por todo el país la segunda ola de Covid con su secuela de enfermedad y muerte.

Si el gobierno de Neuquén no se hubiera empeñado en torcerle el brazo a los “autoconvocados” de Salud, en lugar de brindarles a tiempo una respuesta acorde con sus demandas y su condición de indispensables, el cuadro de alarma epidemiológica que se abate sobre la provincia sería acaso menos agudo de lo que es.

Son situaciones diferentes y responsabilidades diferentes, pero es un hecho incontrastable que los funcionarios políticos tienen que hacerse cargo por la forma en que conducen a sus representados en medio de la más grave pandemia que asola a la humanidad en, por decir poco, 100 años.

A diferencia de mandar, conducir es persuadir nos recordaba Perón, y desde aquí apuntamos que persuade quien conduce y lo hace quien lidera. No hay conducción efectiva sin liderazgo y el gobierno no es algo que se pueda librar a la improvisación o al arbitrio de quienes no se han ganado la confianza y el respeto de los gobernados.

Para no perder al lector en un trabalenguas imposible, conducir, es decir hacer lo necesario en beneficio de la inmensa mayoría, no consiste en darle la razón a todos sino en hacer lo mejor para la mayoría, asumiendo el costo de dejar algunos descontentos. Lo contrario, es terminar dañando a casi todos y, claro está, arriesgarse a perder la capacidad de conducir y liderar.

Estas disyuntivas se han sucedido con frecuencia en la provincia a lo largo de la pandemia. Medidas más tibias de lo necesario para no enfrentar a sectores de opinión con variable poder de influencia. Por ejemplo, comerciantes que se negaban a aceptar las medidas de cuidado del gobernador y los intendentes; e intendentes celosos de su propio predicamento ante determinados grupos de presión, que obviaban cumplir con los compromisos asumidos ante el gobierno provincial. O decían que sí, y no hacían cumplir las consignas de cuidado colectivo.

Al final el mentado “costo político” se paga igual, sólo que en circunstancias excepcionales como las que se viven puede ser mucho mayor porque se puede llegar a contar en más enfermedad y más muerte.

Desde luego, se entiende mucho mejor cuando se trata de la defensa de un interés particular legítimo, como puede ser la necesidad que tiene un comerciante o un empleado de trabajar, que cuando lo que está en juego es un mezquino cálculo político.

Pero en todos los casos quien gobierna está obligado a ver más allá, a responder a circunstancias extraordinarias con medidas que estén a la altura de los bienes que se intenta proteger por encima de todo los demás. Y asumir el costo que corresponda.

Desde luego, lo que un gobierno no puede hacer es descomprometerse de las consecuencias negativas que puede tener para algún sector una decisión basada en la necesidad de salvaguardar el interés colectivo.

Pero lo que no se puede hacer es no actuar, pensando que el tiempo todo lo acomoda, cuando lo que está en juego es la vida de muchos.