La decisión del intendente Mariano Gaido de recuperar las tierras usurpadas por el barrio privado Rincón Club de Campo, es una apuesta destacable porque vendría a reparar un abuso de años y a restablecer un trato equitativo hacia quienes infringen las normas sin importar el sitio que ocupan en la sociedad.

A diferencia de sus antecesores en el cargo, Gaido ha decidido dejar de mirar para otro lado y ha impulsado desde un comienzo una normalización de la situación. Primero proponiendo a la SA que administra el barrio un acuerdo que restituya las tierras al dominio público y luego, ante la aparente falta de respuesta, la ha intimado dándole un plazo perentorio para que desocupe las fracciones usurpadas.

Según lo expresó el propio municipio, se trata de la restitución de una fracción de “80 mil metros cuadrados aproximados”, que fuera otorgada en préstamo aproximadamente 30 años atrás para la cancha de golf del barrio, y de otra de “33 mil metros cuadrados linderos con el río Neuquén”.

Si lo primero en un abuso, lo segundo es un avance sin atenuantes sobre lo público porque en la Argentina la línea de ribera de los cursos de agua es legalmente de dominio público.

Precisamente, en declaraciones públicas, Gaido ha señalado que se trata de “un espacio de dominio público, que no puede ser pretendido por el club como si pudiera adquirirlo por prescripción adquisitiva o veinteañal” y que el objetivo es extender El Paseo Costero que apunta a igualar el acceso de los ciudadanos a las costas del río.

En 2019, el municipio ya había intimado al barrio sin lograr ningún resultado. Pero luego, aparentemente porque la ordenanza que establecía una multa mientras no cesara la usurpación se cuenta entre las que insólitamente no fueron publicadas en el Boletín Oficial por el gobierno anterior, nada ocurrió.

En el país reiteradamente se exhiben muestras de gran severidad por parte de las autoridades administrativas y del Poder Judicial en la defensa de la propiedad privada, frente a valores no menos importantes como el derecho a tener una vivienda digna o a una fracción de tierra para poder trabajarla.

Sin demasiadas contemplaciones, la justicia intima a familias desamparadas, sin trabajo ni techo, a desocupar pequeñas fracciones de terrenos, mientras un grupo de personas con destacada posición social, entre las que se cuentan comerciantes prósperos, funcionarios del gobierno y miembros del Poder Judicial, mantiene a cara de perro una flagrante usurpación desde hace tres décadas.

Peor aún, ninguna autoridad ha cumplido hasta ahora con el deber de resolver esta situación.

El problema en la Argentina no es la defensa de la propiedad privada, que está sobradamente blindada, sino la defensa de lo público, reiteradamente tomado como botín por un sector de la sociedad.

El ejemplo más a mano ha sido el reciente gobierno de los empresarios que hicieron excelentes negocios mientras fundían al país y empobrecían a las mayorías de a pie.

La ocupación ilegal de tierras públicas por parte de este club privado, es tanto más agraviante si se tiene en cuenta que en Neuquén miles de familias vulneradas padecen severos problemas para acceder a la tierra y la vivienda

También es el caso de muchos vecinos quienes a pesar de contar con ingresos se ven imposibilitados de pagar los elevados alquileres que se imponen en un mercado distorsionado por el auge de la actividad extractiva.

Es de esperar que el señor Gaido no ceda en su empeño y tenga éxito en regularizar esta agraviante inequidad.