En un hecho que, al menos dentro de los ambientes políticos, va camino de constituir un escándalo, el oficialismo nacional y sus aliados lograron dictamen favorable de comisiones en la Cámara de Diputados para una ley “a medida” que desplazaría del cargo a la Procuradora General de la Nación, quien tiene una estabilidad similar a las de los jueces pero el gobierno quiere echarla.

El proyecto modifica diversas atribuciones y normas de funcionamiento de la Procuración, y entre ellas dispone un mandato de cinco años. La intención oficial es que si la ley se aprueba, ese plazo sea retroactivo, y la actual titular deba dejar la función.

Entre los cambios al funcionamiento de la Procuración, llamativamente, el proyecto dispone eliminar la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que investiga femicidios y fue creada por Gils Carbó, y del mismo modo elimina la Dirección General de Derechos Humanos.

La actual procuradora asumió su cargo en 2012 con el aval de más de dos tercios del Senado, que es el mismo acuerdo parlamentario que deben lograr los jueces de la Corte Suprema y así lo requiere la ley vigente, norma que también le atribuye una estabilidad similar a la de los jueces, es decir “mientras dure su buena conducta”.

Como sucede habitualmente, la alianza Cambiemos consiguió el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa y del denominado Bloque Justicialista que encabeza Diego Bossio, y de ese modo la propuesta de ley podrá ser tratada la semana próxima por el plenario de Diputados.

El proyecto le confiere amplias facultades a la Comisión Bicameral del Ministerio Público del Congreso que preside la diputada massista Graciela Camaño, comisión que no sólo controlará la labor del procurador, sino que también revisará la designación de los funcionarios que hizo Gils Carbó, entre otras atribuciones.

Además, se establece que el mandato del procurador será de cinco años, prorrogable por igual período por el Poder Ejecutivo. La actual titular del cargo cumplirá cinco años en su función en agosto del año próximo.

El Frente para la Victoria y los partidos de izquierda criticaron el proyecto y denunciaron que está “hecho a medida” para echar a la máxima funcionaria del Ministerio Público Fiscal, mientras que Abuelas de Plaza de Mayo presentó una carta de rechazo a la maniobra.

Según trascendió, si finalmente la propuesta legislativa se aprobara en ambas Cámaras y quedara convertida en ley, y si el gobierno pretendiese que tuviera efectos retroactivos en cuanto a elminar la estabilidad de la procuradora en el cargo, la funcionaria afectada iniciaría acciones legales.