Las discusiones en torno a la reforma electoral ocuparán la mayor parte del atractivo segundo semestre legislativo. Pero entre debate y debate, la Cámara deberá cumplir con el tratamiento del pliego del candidato a juez Juan Pablo Chirinos.

Los diputados ya entrevistaron a Ignacio Di Maggio y Diego Piedrabuena, quienes compitieron en el mismo concurso que el juez rionegrino, y estos sí lograron el pase para que su designación sea debatida en sesión, donde sólo alcanzó los votos Piedrabuena.

Todavía no hay acuerdo entre los diputados sobre cómo retomar la discusión ya que el magistrado, que pretendía mudarse de provincia, tuvo la posibilidad pero no reunió los votos en la comisión para que su designación pueda ser discutida en el recinto. Sin embargo, técnicamente no está rechazado. Está, tal la expresión de un legislador del oficialismo, en un “limbo”.

Este vacío normativo, expuesto el año pasado cuando por primera vez un aspirante no logró pasar la comisión a pesar de reunir uno de los dos mejores puntajes del concurso, pretende ser subsanado por un proyecto que propone modificar el reglamento interno de la Cámara y permitir que los candidatos no requieran despacho de comisión y sus pliegos sean enviados directamente para su tratamiento en sesión.

Redactado por el diputado Sergio Gallia (Adelante Neuquén) y con la adhesión de los bloques de Unión Popular, FRIN, PRO, Frente Renovador, Nuevo Encuentro-Frente Grande, UCR, Nuevo Compromiso Neuquino y Une-FPN; la idea tiene grandes posibilidades de prosperar y es simple: Busca incorporar un párrafo al artículo 115 del reglamento que establezca que los pliegos enviados por el Consejo de la Magistratura “no se consideran proyectos” por lo que, luego de tomar estado parlamentario, serán enviados a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia “con el único objeto que esta cite a los postulantes a audiencia a los efectos que los legisladores puedan conocer y entrevistar a los postulantes para formar su opinión y criterio”.

Pero antes de esta reforma debe resolverse la curiosa situación que se originó en octubre de 2015. En aquella oportunidad, con el voto dividido del MPN, la comisión de Asuntos Constitucionales frenó el pliego de Juan Pablo Chirinos para juez penal de Neuquén.

El actual juez de Ejecución Penal de Río Negro fue sometido a la entrevista de rigor por parte de los diputados. Luego de ella y casi sin explicaciones, los diputados Claudio Domínguez y Darío Mattio(MPN) anunciaron que votarían en contra. Con la ausencia de María Angélica Carnaghi (MPN) y el retiro de los aliados Sergio Gallia y Darío Lucca, el bloque del oficialismo quedó representado en soledad por su presidente, José Pino Russo.

La historia de este desaire tiene explicación.

Juan Pablo Chirinos es titular del Juzgado de Ejecución Penal de Roca, y en calidad de tal tuvo actuación en los casos más importantes de los últimos tiempos en la provincia de Río Negro, como el asesinato del gobernador Carlos Soria a manos de su esposa, Susana Freydoz.

El año pasado, en plena campaña electoral provincial, Chirinos impuso astreintes al gobernador de Río Negro, al ministro de Gobierno, a la secretaria de Seguridad, al director del Servicio Penitenciario y al subsecretario de Administración de la secretaría de Seguridad.

La medida fue motivada por el incumplimiento en la ejecución de las obras de remodelación del establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de la ciudad de General Roca, por un monto equivalente al 10% de la remuneración mensual bruta de cada funcionario.

Si bien la medida fue apelada y los sancionados evitaron la pena, Alberto Weretilneck nunca olvidó el episodio. El gobernador considera que Chirinos actuó bajo presión y que el responsable era su contrincante en esa compulsa, el senador Miguel Pichetto.

Por eso el magistrado se inscribió y concursó para asumir como juez en Neuquén. Cuando ya se sabía que estaba primero en el orden de mérito del concurso, junto a Diego Piedrabuena, Chirinos dijo públicamente que quería irse porque en su provincia se sentía “gerente” de su juzgado, debido a que el desborde de causas sólo le permitía administrar lo que escribían otros.

Pero las cosas no salieron como las esperaba Chirinos. Al parecer el desempeño del juez rionegrino llegó a oídos del gobernador neuquino de entonces, Jorge Augusto Sapag.

El mandatario habría dado la orden de no tratar el pliego para que se venzan los plazos pero Ruso lo “desobedeció”. Lo que sigue es conocido y la prueba del descontento del gobernador es la firme actitud de su hombre de confianza en la Cámara, Claudio Domínguez.

La historia se podría cerrar este semestre, luego que la comisión “A” reponga la discusión sobre el pliego de Chirinos y éste corra la misma suerte que Ignacio Di Maggio. Podría pasar al recinto, donde sería rechazado por el pleno.

Poco ha importado hasta acá -y es probable que poco importe en los próximos meses- si Chirinos tuvo razón en sus planteos. Lo que resulta probado es el deteriorado camino de la independencia de poderes a ambos lados de los ríos que nos unen.