Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, señaló que están “viendo cómo se  achica el espacio de defensa de los derechos humanos” en el país y destacó que les preocupa mucho “esta idea de crear enemigos para poder justificar después la intervención de las fuerzas”; además de la “criminalización de la protesta social, y los casos de abuso policial que hubo durante este año”.

En cuanto a la actuación de las fuerzas de seguridad en las movilizaciones, la abogada remarcó, en diálogo con , que “hay una falta de capacitación” de las mismas, “una falencia normativa” y tampoco “hay un protocolo”, por lo que consideró que “hay un descontrol del uso de la fuerza”.

“Presumir que todas las manifestaciones no son pacíficas es un problema” indicó, y agregó que “si presumís eso y llenás de fuerzas de seguridad las calles estás provocando”; algo que “como estrategia política no parece la más razonable”.

Belski consideró que “las organizaciones” como Amnistía “y los medios de comunicación no podemos dejar que los casos como el de Maldonado y el de Rafael Nahuel queden en la nada y no se sepa que pasó”.

-¿Qué balance hacen de la situación en materia de derechos humanos durante este 2017?

-Estamos elaborando el informe de 2017 y tenemos algunos focos de preocupación que tienen que ver sin lugar a duda con la criminalización de la protesta social, y los casos de abuso policial que hubo durante este año. El caso Maldonado, el caso Rafael Nahuel, el tema con las comunidades indígenas. Nos preocupa mucho esta idea de crear enemigos para poder justificar después la intervención de las fuerzas; creemos que ese no es un camino viable ni que genera la paz social y el diálogo que este gobierno tanto promueve. Nos preocupa mucho todo lo que es el recorte en materia de salud sexual y reproductiva y en educación sexual integral; recientemente nos hemos enterado que se ha bajado muchísimo el presupuesto en esas áreas. También el presupuesto en el área de violencia de género. Por otro lado nos preocupa el cumplimiento del anuncio realizado por Macri respecto a la incorporación en Argentina de 3.000 refugiados, que es un compromiso que asumió con Estados Unidos y la Unión Europea y no se viene dando. Otra cuestión es el tema de la libertad de expresión y el uso de los trolls como modo de limitación del espacio de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas para expresar sus ideas. Los trolls estos que no podemos decir que son del gobierno pero que aparecen casualmente cada vez que uno critica al gobierno amedrentando y tratando de censurar y de limitar la voz de quienes dan una opinión, nos parece grave. Lo hemos sufrido en Amnistía cuando hablamos del caso Maldonado. En definitiva, estamos viendo cómo se achica el espacio de defensa de los derechos humanos.

-¿Cree que la ministra de Seguridad o el presidente tienen que dar cuenta de un protocolo de cómo se manejan las fuerzas de seguridad?

-Como bien sabemos la protesta social es un derecho constitucional y lo que ha pasado en todos estos años, no es algo de este gobierno, es que ha habido varios problemas para ver cómo se desarrollaban criterios mínimos para desarrollo de protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad. Hubo intentos de un decreto en el 2011, en la época del kirchnerismo, que en realidad no fue suficiente; pero lo que vemos acá es que hay una gestión política de estos reclamos que no se trabajan de manera de evitar o disminuir la violencia. En general las demandas son menos visibles que la represión. Entonces lo que vemos es que las fuerzas de seguridad no tienen la capacidad para lidiar con este tipo de manifestaciones porque hoy este protocolo no se está aplicando. Entonces lo que está sucediendo es que hay una falta de capacitación de las fuerzas de seguridad, una falencia normativa, no hay un protocolo que le diga a las fuerzas de seguridad 'vos sos de esta manera, en este contexto'. No hay un criterio de actuación específica, ni ligado a los criterios mínimos de Naciones Unidas, no hay diseño de operativos específicos y hay una ausencia de mecanismos de control adecuado. Estos días veíamos que habían usado gases vencidos: ¿Dónde está el testeo de la munición para su utilización? La verdad es que hay un descontrol del uso de la fuerza, que es un rasgo común en la mayoría de las fuerzas de seguridad y que más allá de detenernos en las críticas de quién tiene la culpa, me parece que de estas cosas lo que tenemos que ver es cómo maximizamos éstas experiencias nefastas y aprendemos de ellas. De todo esto que ha pasado estos días, que es absolutamente condenable, el uso de la fuerza tanto de los violentos que aparecieron en la calle como de las fuerzas de seguridad descontroladas, más la violencia dentro del Congreso, nos tiene que dejar una enseñanza que vaya más allá de las discusiones partidarias y que tiene que ver con tratar de ver cómo resolvemos lo que mencionaba. Cómo capacitamos a las fuerzas, cómo generamos normativas y protocolos de actuación, que la gente de antemano sepa cómo se va a desarrollar esto, cuáles son los criterios, que objetivos tiene. ¿Durante todos estos procesos había un jefe al mando? ¿Había alguien a quien las fuerzas de seguridad podían recurrir para ver cómo actuar? No, no había nadie. Entonces lo que vemos es que hay canales de mediación política que no están funcionando, no hay canales que prevean la violencia y atiendan los reclamos. Presumir que todas las manifestaciones no son pacíficas es un problema. Si presumís eso y llenás de fuerzas de seguridad las calles estás provocando, como estrategia política no parece la más razonable. Nuestra reflexión desde Amnistía es que de esto tenemos que aprender, porque van a haber más movilizaciones en el futuro que tienen que  poder ser canalizadas de manera correcta; y para eso necesitamos canales institucionales que funcionen; y hoy no tenemos.

-¿Hicieron algún estudio sobre los supuestos infiltrados?

-No hicimos. Tenemos denuncias en Amnistía de gente que dice haber visto infiltrados y que dio datos de por qué consideran que son infiltrados, tenemos denuncias de gente que ha sido detenida cuando pasaba caminando por ahí que no estaban ni siquiera en la manifestación pacífica, tenemos denuncias de gente que sí estaba en la manifestación y que han sido absolutamente atacadas por las fuerzas de seguridad; las hemos tomado, pero no hemos hecho un estudio de infiltrados.

-¿Cree que se están diluyendo en la opinión pública los reclamos por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y se pierde de vista la gravedad de lo que ocurrió?

-Sí, absolutamente. Y te agregaría algo que no tiene que ver con la agenda de los derechos humanos pero con el ARA San Juan ocurre lo mismo. Lamentablemente la agenda coyuntural va dejando de lado otros temas que eran relevantes, que claramente no hay que dejar de mirar. Las organizaciones y los medios de comunicación no podemos dejar que los casos como el de Maldonado y el de Rafael Nahuel queden en la nada y no se sepa que pasó. Porque si no hay presión social y de los medios de comunicación lo más probable es que pase eso. Lamentablemente en Argentina este tipo de procesos con estos casos son muy largos, porque nuestra justicia suele ser bastante ineficiente y también nuestra justicia baila el vals de la política entonces depende donde le apriete le zapato se va a mover o no. Y es algo con lo que tenemos que lidiar y por eso es importante la presión; si bien los jueces tienen que ser independientes y tienen que tomar decisiones de modo independiente y objetivo, en el contexto argentino la presión social no es menor incluso para los jueces.

-¿Cómo nos ven en el mundo en materia de derechos humanos?

-La gente en el mundo no conoce la grieta, no entiende lo que es K, Pro, izquierda. En el mundo se ven imágenes y se ven decisiones y movilizaciones, se ve lo que ocurrió estos días, por ejemplo. Como Amnistía internacional tiene secciones en más de 160 países, cuando pasó lo de estos días, mis colegas, que no están en el día a día y lo que ven son imágenes, me preguntaban si Argentina se estaba convirtiendo en Venezuela. Obviamente por muchas razones no nos estamos convirtiendo en Venezuela, pero lo que se ve de afuera es eso. Y es muy paradójico, porque este gobierno es muy crítico de la situación de Venezuela, pero los colegas de afuera, incluso la prensa internacional nos preguntan si lo que está pasando en Argentina es similar a Venezuela. A fin de cuentas este gobierno aparece afuera como con signos de lo que fue en algún momento el comienzo de la crisis venezolana. Uno puede explicar por muchas razones por qué no nos parecemos a Venezuela pero la pregunta es ésa.

-¿Le parece un buen signo que el gobierno haya acatado la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que Milagro Sala vuelva a prisión domiciliaria?

-Sí, y para nosotros es un triunfo enorme. Ha sido una lucha muy grande en el sistema interamericano que hemos llevado adelante junto al CELS y a Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes); y la verdad es que luego de la audiencia que tuvimos en Uruguay vinculada al caso Milagro Sala, pedida por la comisión interamericana cuando había vuelto a la prisión de Alto Comedero, nosotros no pedimos que este caso sea elevado a la Corte; fue una decisión de la propia comisión. Y no lo pedimos porque teníamos hecho un análisis de los antecedentes de la corte en este tipo de casos que nos daba muy mal, y sin embargo la decisión de la corte terminó siendo inédita en la región. La hemos celebrado muchísimo porque su detención nuevamente en Alto Comedero era absolutamente injusta e ilegítima y estamos muy contentos de que hayan tenido que hacerlo. Probablemente no es lo que el gobernador Morales quería bajo ningún concepto, pero valoramos que haya acatado lo que dijo la Corte. Ahí también hubo una pata de la Corte Suprema de la Nación que convalidó un poco lo que la Corte Interamericana dijo, y se manifestó diciendo que había que hacer lo que estableció la Corte, algo que ayudó bastante.