La diputada del Movimiento Popular Neuquino (MPN) María Laura Duplessis  aseguró que la denuncia del parlamentario del Mercosur Ramón Rioseco, y del diputado Mariano Mansilla contra el ex gobernador Jorge Sapag por la cesión de 90 hectáreas en Chapelco no tiene fundamento y busca poner en duda la figura del ex gobernador, con un fin absolutamente político

A la legisladora aseguró que con la firma del decreto 505, se puso fin a un conflicto entre la comunidad mapuche Vera, la concesionaria del Cerro Chapelco y la provincia.

Ante la afirmación de Rioseco que con el decreto 505 el ex gobernador Jorge Sapag entregó tierras  la empresa para que realizar un desarrollo inmobiliario, la diputada aclaró que “no se trató de una cesión de tierras sino un intercambio.

Además, contrariamente a lo que se denunció Duplessis, que fue asesora legal del gobierno de la provincia durante los dos mandatos de Sapag, dijo que los decretos fueron publicados, y que inclusive, el 505 se publicó dos veces.

-¿Qué objetivo cree que tienen Ramón Rioseco, y Mariano Mansilla con la denuncia que presentaron contra Jorge Sapag?

-La denuncia tiene un fin absolutamente político,  intentan poner un manto de duda sobre un decreto que es absolutamente legítimo, legar, regular, y constitucional, para poner en duda la figura de Jorge Sapag que fue quien lo firmó.

-¿Según la denuncia, el decreto 505 no respetó la ley 2388 que otorga las tierras en discusión a la municipalidad de San Martín de los Andes?

-La ley 2388 del año 2002,  autorizaba al Poder Ejecutivo a transferir esas tierras a la municipalidad de San Martín de los Andes. Hay que aclarar que esta ley autoriza, no le ordena al Ejecutivo a transferir, le da la facultad de hacerlo y le permite evaluar el mérito, la oportunidad y la conveniencia de hacerlo o no.

Por otro lado la situación social que se vivía en el año 2010 con respecto a esta concesión era de un fuerte reclamo de la comunidad mapuche Vera y con este decreto, el 505, y otro posterior, se puso fin a ese conflicto. La comunidad Vera tenía un decreto del Poder Ejecutivo nacional de 1925 donde se le otorgaban 700 hectáreas  sujetas a mensura en esa zona del cerro Chapelco, que está individualizada como el lote 61 A, ese lote forma parte de las tierras que se dan en concesión para la explotación del cerro Chapelco a través de una licitación, de 1987, anterior a esta renegociación que firma Sapag en el 2010.

-¿Con el decreto 505 se pone fin al conflicto que se había generado con la comunidad Vera por la licitación en el año ‘87?

-Exactamente. Además no es una cesión de tierras, es un intercambio de tierras, porque el lote 61 A, que hubo que reconocerle a la comunidad mapuche Vera, hubo que relocalizar esa concesión en otra parte del cerro, que no fuera propiedad de la comunidad. Pero no es  una cesión autónoma que excedía lo que implicaba la licitación, fue un intercambio, pero dicho de otra manera, conduce a error, y parece que hubiera habido una nueva concesión de 90 hectáreas. Esto queda aclarado así en el año 2010, después del decreto 505, en el que participaron la provincia, la empresa y la comunidad mapuche, y luego da lugar a otro decreto que es el que le otorga las tierras a la comunidad Vera, es el 1243 del 16 de julio del 2010.

-¿Estos decretos fueron publicados en el boletín oficial?

-Los decretaros, tanto el 505 como el 1243 están debidamente publicados en el Boletín Oficial. Inclusive el 505 se publicó dos veces.

-¿Si el decreto 505 se declara inconstitucional, se tendría que anular el 1243 que le otorga las tierras a la comunidad mapuche Vera?

-Y sí, porque de declarar inconstitucional este decreto, se vuelve al estado anterior que traía la licitación para la explotación del cerro Chapelco que fue dada en 1987, cuando todavía la comunidad mapuche Vera no tenía, por ninguna normativa provincial, reconocida sus tierras que venían desde el año 1925.

-¿La comunidad participó de las negociaciones y cobró un canon?

-No solo participó de las negociaciones sino que actualmente ellos participan por cláusulas del contrato, ellos tienen que ser consultados ante determinadas decisiones que tome la empresa, y cobraron un canon inicial, y cobran uno mensual. De modo que la comunidad sería una de las más perjudicadas si se vuelve atrás con éste decreto.

-Teniendo en cuenta que la ley 2388 autoriza a transferir las tierras al municipio, ¿la municipalidad en algún momento reclamó que sean transferidas esas tierras?

-En 15 años no. A pesar de haber tenido distintos gobiernos, y algunos de ellos no ser del MPN, nunca se invocó esta ley para que la provincia transfiriera estas tierras. Porque quién recibiera esto recibía un problema muy serio, muy difícil de resolver. Que se solucionó en el 2010, y a 7 años no hay conflictos que subsistan. En ese momento fue muy difícil, demandó mucho esfuerzo y mucha capacidad de negociación todas las partes. La empresa tuvo que resignar ese espacio y buscar otro, aunque le resultara menos económico que hacer el loteo en las tierras que otorgaron a la comunidad.

-¿Usted creé que quienes denunciaron no conocían esta información?

-Tuve mis dudas al principio, si lo hacían porque la investigación no había sido buena y le había arrojado resultados parciales, pero cuando veo que dicen que el decreto no fue publicado, y eso es muy fácil de chequear, entonces ahí la intención es como si se quisiera ocultar algo y nada se ocultó. Fue absolutamente transparente y público, entonces ahí me convenzo que tiene un interés netamente político que no alcanzan a lograr, porque es muy fácil explicar todo lo que se hizo con esta concesión.