La diputada nacional por Río Negro María Emilia Soria, afirmó que la “intención de desplazar” a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, “contradice el discurso republicano del gobierno sobre la independencia de los poderes”, y aseguró también que las reformas que impulsa el gobierno nacional “no hacen más que debilitar la independencia y autonomía” del máximo organismo fiscal del país.

Días atrás, la legisladora del Frente para la Victoria tuvo activa participación en el plenario de comisiones de la Cámara donde, con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa y del llamado Bloque Justicialista que encabeza Diego Bossio, la alianza Cambiemos logró dictamen favorable para reformar la ley del Ministerio Público Fiscal (MPF), cuya máxima autoridad es precisamente Gils Carbó.

Como vicepresidenta de la comisión de Justicia de Diputados, e integrante en la misma Cámara de la comisión Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, María Emilia Soria brindó a una detallada explicación del contenido técnico y jurídico del proyecto oficial, y también de sus implicancias políticas.

-¿Por qué cree que el gobierno quiere desplazar a Gils Carbó?

-Porque el gobierno piensa que Gils Carbó representa a un sector político que no es Cambiemos, y que por ese motivo no reúne las condiciones para que las causas que lleguen a la Procuración puedan avanzar en el sentido que al gobierno le conviene. Esta intención de desplazar a Gils Carbó contradice el discurso republicano del gobierno sobre la independencia de los poderes.

-¿Y por qué considera que el Frente Renovador de Massa y el sector justicialista disidente de Diego Bossio apoyaron el proyecto del oficialismo?

-Porque dado el firme interés de Cambiemos en desplazar a Gils Carbó, siempre estuvo la decisión de llegar a un acuerdo político con esos dos sectores a fin de alcanzar el objetivo. Son negociaciones donde prima el criterio de “oportunidad” por sobre el de “legitimidad”.

-¿Qué opina de las declaraciones del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, hace pocos días, cuando dijo que la Procuración "ha sido una de las grandes ausentes" en la lucha contra la inseguridad?

-Garavano debe dejar de buscar culpables en el pasado y hacerse cargo de la inmensa responsabilidad que le toca. Si vamos a hablar de grandes ausencias sería bueno que el ministro explique las principales innovaciones y resultados obtenidos en estos diez meses en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad.

-En el proyecto de ley impulsado por el gobierno que se aprobó en comisiones, ¿se elimina la Unidad Fiscal especializada en Violencia de Género?

-Justo cuando el país transitaba el primer paro general de mujeres en la historia, movilizado por las matanzas sistemáticas que están sucediendo en nuestro país, el proyecto de reforma del Ministerio Público no contempla en ningún lugar la creación de una unidad especializada. Así se haya quitado deliberadamente, o haya sido un descuido o un olvido, de cualquier manera es igualmente alarmante porque quiere decir que no está en la agenda oficial de ningún modo el tema de violencia de género, pese a lo que está ocurriendo.

-¿Y qué pasaría con la unidad especializada en casos de apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado? Abuelas de Plaza de Mayo expresó "preocupación" por el futuro de esa área en la Procuración.

-Comparto con Abuelas la preocupación de que la Unidad especializada en casos de apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado termine convirtiéndose en una herramienta para criminalizar la protesta social. En tren de restarle atribuciones a la actual procuradora general, con el insólito requisito de una antigüedad en el cargo de 5 años como fiscal general, requisito más que discriminatorio porque no se toman en cuenta parámetros más representativos como la idoneidad para el cargo, o los antecedentes laborales, se está dejando fuera a todos los titulares de las Procuradurías especializadas. A todos. Y también a todos los de las Unidades Fiscales especializadas, menos a uno sólo que sí cumple con el requisito (N. de la R: el fiscal Jorge Auat). La dedicación y el trabajo de años no pueden medirse únicamente con el parámetro de la antigüedad de cinco años como fiscal general. Por eso propusimos tomar como parámetro el haber accedido al cargo mediante concurso público de oposición y antecedentes.

-¿Qué otras objeciones realiza Ud. al proyecto para reformar la ley del MPF?

-El proyecto no resolvió nuestras críticas originales en cuanto a la estabilidad y duración del mandato del Procurador. Si bien se amplió en un año con respecto al proyecto original, no se superaron las críticas sobre lo limitado del mismo. Nuestro bloque había propuesto siete años, como en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mismo cargo que ostentó el ministro Garavano, a quien no se lo oyó quejarse por la duración del mismo, ni renunciar anticipadamente en salvaguarda a la renovación de la política criminal. Así, se suprime la garantía de estabilidad en el cargo que prevé la ley orgánica del MPF. El proyecto deja de lado el criterio de equiparar el plazo de duración en el cargo de la máxima autoridad del MPF al que rige para las máximas autoridades del Poder Judicial, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Defensoría General de la Nación.

-Es decir que los cambios en materia de estabilidad del Procurador son muy de fondo...

-Así es. Y laexistencia de mecanismos que garanticen la estabilidad en el cargo es un requisito fundamental para las autoridades que se desempeñan en el Ministerio Público, para evitar que su desempeño se encuentre sometido a los vaivenes de la política. Cuando se encuentra amenazada la estabilidad en un cargo como el que nos ocupa, prevalece el temor, se resuelve de forma condicionada, moderada y cauta, quedando atrás el razonamiento jurídico objetivo y valiente. En segundo término, el proyecto propone la supresión del mecanismo tradicional para la remoción del Procurador General, que históricamente fue la del juicio político. Ahora se dispone que la Cámara de Diputados de oficio o “cualquier interesado”, textualmente, podrá solicitar la remoción del Procurador General de la Nación. Esto es una locura. Cualquier interesado, es realmente cualquiera. La acusación es resuelta por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros presentes y la remoción será resuelta por el voto favorable de los dos tercios de los miembros presentes del Senado, previa audiencia del interesado. Los mecanismos institucionales previstos para la remoción de jueces y fiscales en general, y para las máximas autoridades del MPF y el Poder Judicial en particular, deben estar dirigidos a proteger su independencia y autonomía. Pero este mecanismo de remoción proyectado implica un nuevo retroceso en términos de autonomía e independencia del organismo.

-¿Con un proyecto así se garantiza la tan declamada independencia de los poderes?

-La limitación del período de ejercicio de la función a cinco años y los mecanismos de remoción previstos, sorteando las exigencias del juicio político, no hacen más que debilitar la independencia y autonomía del Procurador General de la Nación. Pero además el proyecto viola el principio de división de poderes al otorgar facultades exorbitantes a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del MPF. Si todos estamos de acuerdo en la importancia de mantener la autonomía del MPF y la independencia del mismo de los restantes poderes del Estado, no se entiende cómo a todo lo largo y ancho del proyecto se le otorga a la comisión bicameral facultades de aprobar o rechazar designaciones, creaciones de dependencias, traslados, y de formular observaciones e instrucciones generales de política criminal. El MPF debe ser independiente del Poder legislativo y la única función de la comisión bicameral debe ser la de hacer el control y seguimiento.