Eduardo Barcesat explicó que en la denuncia penal que presentaron, se “reprocha estafa de administración fraudulenta”, “violación de deberes de funcionario público” y “traición a la patria” contra el presidente y quienes pusieron “el conjunto de recursos y riquezas naturales” como “resguardo del pago de los servicios e intereses de la deuda nueva” que está contrayendo el gobierno; incluida Vaca Muerta.

El abogado constitucionalista aclaró que “las provincias y los municipios”, que poseen “la titularidad originaria de los recursos y riquezas naturales existentes en sus territorios” no fueron consultados “para nada y no han dado ningún consentimiento para este decreto”.

En diálogo con , Barcesat concluyó que “hay una sumisión y subordinación de la pata podrida de la Justicia” que “está danzando al compás de las directivas del poder de turno”.

- ¿Cómo es la presentación que realizaron contra el decreto del gobierno que puso a los recursos naturales como garantía del pago de la deuda externa?

- Es una presentación del Instituto Arturo Enrique Sampay, firmamos los tres directivos de la entidad, en una denuncia penal se reprocha estafa de administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional en concurso con violación de deberes de funcionario público, y se invoca los artículos 29 y 36 de la Constitución Nacional en lo que refiere a traición a la patria. El tema está en que mediante estos decretos y las resoluciones complementarias del ministerio que lo ponen en estado de ejecución, efectivamente se puso a tipos acreedores como resguardo del pago de los servicios e intereses de la deuda nueva que se está contrayendo, el conjunto de los bienes contenidos en el art 236 del Código Civil y Comercial, siendo los más importantes, núcleos de éste artículo, el conjunto de recursos y riquezas naturales, las reservas de hidrocarburos, minerales preciosos y toda otra fuente que esté contemplada en el Código de Minería.

- ¿Está incluida Vaca Muerta?

- Por supuesto, entra con nombre y apellido Vaca Muerta. Además el Estado renuncia a ejercer toda defensa jurídica en caso de incumplimiento de pago o a pretender moratoria o reestructuración de la deuda externa concerniente a estos títulos. De manera que Argentina queda totalmente maniatada y continúa la política de transferir la ley y jurisdicción aplicable a Estados Unidos, Inglaterra y Suiza.

- Sería como en el caso de los fondos buitres.

- Si, y también se aparta de un precedente muy valioso de la Corte Suprema del año 2014, letra fresca, no ha sido modificado por ningún procedimiento posterior; donde la Corte Suprema de la Nación siguiendo un muy buen dictamen de la procuradora general de la Nación, dictaminó que eran nulos y lesivos del orden público constitucional los fallos del juez Thomas Griesa. Es decir, un fondo buitre que intentó ejecutar en la Argentina el fallo favorable de Thomas Griesa recibió un sopapo de la Corte Suprema que declaró nulo y lesivo del orden público constitucional argentino, respetando algo que está en el texto histórico desde 1853 en nuestra Constitución, que es su artículo 27.

- ¿Hay algún antecedente de un gobierno que haya puesto recursos del Estado como garantía del pago de la deuda?

- En este caso, bien se mantiene la inmunidad soberana sobre bienes del dominio público, me refiero a buques, embarcaciones de guerra, las embajadas en el extranjero; esto está protegido por la inmunidad soberana, pero la desgraciada novedad que traen estos decretos es colocar el conjunto de los recursos y riquezas naturales que son bienes del dominio privado del Estado nacional, provincial y municipal; y aquí viene otra deficiencia de estos decretos de Macri porque el art 124 de la Constitución Nacional fija en cabeza de las provincias la titularidad originaria de los recursos y riquezas naturales existentes en sus territorios. Por supuesto las provincias y los municipios no han sido consultados para nada y no han dado ningún consentimiento para este decreto, y allí el resultado; se dispone lo que es del pueblo y que debe ser administrado y resguardado a través de la actividad de los gobiernos municipal, provincial y nacional; que son estos recursos y riquezas naturales.

- ¿Qué posibilidades hay de que se anule este decreto?

- Hay dos escenarios. Uno es el judicial, la causa está en el juzgado N 1 de la doctora Servini de Cubría, con intervención de la fiscalía del doctor Pollicita. Es muy probable, pero es atribución del juez, por la conexidad que existe entre esta causa y la que también promovimos en noviembre del año pasado respecto a la negociación espuria con los fondos buitres que está en el juzgado de Casanello, donde el fiscal Delgado ya ha pedido las primeras indagatorias; es muy probable que la jueza por conexidad subjetiva y objetiva mande la causa a agregar a la de los fondos buitre.

Hay otro escenario que yo diría es de mayor importancia, que es el Congreso de la Nación. Porque estos dispositivos que estamos examinando emanan de la apropiación de atribuciones que son del Congreso, como es contraer empréstitos sobre créditos públicos, el arreglo de la deuda pública y fundamentalmente, la custodia, la no delegabilidad de la jurisdicción argentina. Todo esto se tiró por la borda con este decreto y creo que es una causal propia y autónoma, además del contenido pútrido que tiene, para que se decrete la nulidad. Y ya hay algunos movimientos en este sentido porque nos han pedido el texto de la denuncia para promover un proyecto de ley que anule los decretos del presidente Macri.

- ¿Qué opina de esta forma de hacer política del presidente Macri, que habla de institucionalidad y luego gobierna con decretos?

- En varias intervenciones, certámenes y actos he calificado como el derrumbe institucional que es parejo con el derrumbe económico. Creo que es una tarea enorme la que tiene el pueblo argentino para recuperar su empoderamiento, su condición de ciudadanos y vivir un régimen que respete el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional.

- ¿Cómo ve el pedido de incompetencia del juez Casanello en la causa de los Panama Papers que involucra al presidente?

- Lamento mucho que el doctor Casanello se haya desprendido, y que significaba hacerle perder la intervención al fiscal Delgado. Por supuesto, éste ha apelado en términos duros y sólidos la decisión de Casanello y aguardo que el superior le reponga la jurisdicción al juez con intervención de la fiscalía del doctor Delgado.

- ¿Le parece que hay presión política a la Justicia?

- Creo que hay una sumisión y subordinación de buena parte de la justicia, de la pata podrida de la justicia, que lamentablemente es mayoritaria, y que está danzando al compás de las directivas del poder de turno.

- ¿Cuál es su opinión sobre la situación de Milagro Sala?

- Esto es un escándalo; no es Justicia, es un feudo manejado por un capanga de la provincia de Jujuy. Va a ser un papelón internacional, ya lo es, y espero que prontamente la Corte Suprema dicte un fallo señero poniendo la libertad de Milagro Sala y la consecuencia necesaria sería el enjuiciamiento de la privación ilegal de la libertad a la que la han sometido los poderes provinciales.

- El jueves se conoció que le concedieron la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz, ¿Cómo calificaría esta decisión?

- Es un acto de agresión a la democracia, porque Etchecolatz está condenado a reclusión perpetua, y debemos recordar que de acuerdo a la normativa internacional, tanto la que califica los crímenes de lesa humanidad como el genocidio, la concesión de beneficios a los autores responsables partícipes y encubridores está absolutamente vedada conforme a esta normativa que también forma parte de la ley suprema de la Nación.

- ¿Cree que hay persecución a la ex presidenta Cristina Kirchner?

- Obviamente que es una persecución política y la forma en que la desarrolla Bonadío y Ercolini fundamentalmente, merece toda la reprobación y toda la condena como jurista y como ciudadano.