Por ley 27328 del año pasado se aprobó en nuestro país el sistema de “participación público-privada” (PPP), conocido también como “iniciativa público-privada”. Se trata de una nueva forma que encontró el neoliberalismo a escala mundial para financiar la obra pública que se inició en la Gran Bretaña de Thatcher en los años ’90 y que luego se aplicó en diversos países como Australia, en algunos americanos como Chile y Canadá y también en África, y ahora que llega a nuestro país impulsado por el gobierno de Macri.

Es diferente a la contratación de obra tradicional reglamentada en nuestro país en 1947, que prevé la financiación por parte del estado y que se adjudica mediante licitación pública, por el cual el estado paga a medida que avanza la obra, según los certificados correspondientes. También presenta algunas diferencias con el régimen de concesión incorporada durante el gobierno de Menem, que establece que la obra la realiza un privado y luego la explota, cobrando peajes o tarifas, por determinado lapso en el que se supone puede recuperar la inversión inicial y obtener una rentabilidad interesante.

En el régimen de PPP el privado financia una obra y su repago se realiza mediante la explotación de la misma y/o con un canon que el estado abonará periódicamente a partir de determinada fecha, que normalmente se difiere entre 8 y 12 años. Para el gobierno, un elemento importante es que las obligaciones que genera se consideran deudas sub-soberanas, razón por la cual su monto no se contabiliza como deuda pública

En el presupuesto para el corriente año se prevé obras por este sistema por un monto de 21.000 millones de dólares, que incluye 2.800 km. de autopistas, 4.000 km. de rutas, mejoramiento de las vías ferroviarias para transporte de cargas, construcción de complejos penitenciarios y hospitalarios. De todas formas existen serias dudas sobre el tiempo necesario para su inicio por la cantidad de acuerdos a los que hay que arribar previamente.

Por sus características es un negocio básicamente financiero, ya que el punto clave está en reunir el capital necesario para financiar la obra y esperar el retorno en cuotas y a largo plazo; las obras, objeto central del proyecto, se subcontratarán, generalmente a socios o empresas cercanas. Por esta característica existirá un número muy limitado de oferentes; es decir, se trata de un mercado típicamente oligopólico.

La experiencia nacional con las concesiones de ruta por peaje de los años ’90 es ilustrativa al respecto y muestra lo que posiblemente ocurra con las PPP. En aquella oportunidad se reunieron las principales empresas y acordaron la distribución geográfica del negocio, lo que después fue legalizado mediante las licitaciones públicas a las que llamó el gobierno.

Por otra parte, y avalando lo anterior, la experiencia en el país iniciador, Gran Bretaña, muestra las consecuencias del sistema. Marcelo Justo, en un artículo del suplemento económico “Cash” del 4 de marzo pasado, analiza ese antecedente y transcribe el informe de la auditoría nacional: “el sistema público-privado ha resultado un carísimo fiasco por el que el Estado (el contribuyente) tendrá que pagar hasta el año 2040, 200.000 millones de libras en los próximos 25 años, mucho más que si lo hubiera financiado el Estado” (un 40% de sobreprecio).

Además de la relación de las financiadoras con los paraísos fiscales, Gran Bretaña tuvo que afrontar la quiebra de “Carillion”, que era una de las principales contratistas del PPP y que subcontrataba a terceros para ejecutar las obras, quiebra que puso en crisis a todo el sistema. También España tuvo una experiencia negativa, ya que tuvo que salir al rescate de una de las empresas de las cuales era garante.

En resumen, se trata de una forma muy cara de financiar la obra pública y que, si bien no se contabiliza como deuda pública, genera importantes obligaciones de pago futuras.

Si se pone en vigencia, la participación público-privada será otro de los regalos que nos dejará el gobierno de Macri y que pagarán las próximas generaciones, al igual que la acumulación de la deuda pública, incluido el bono a cien años. En realidad, permitirá que a este gobierno lo recuerden hasta nuestros tataranietos.