Desde el año 2000 están las conversaciones para crear una zona de libre comercio entre la Unión Europea y los países que integran el Mercosur, conversaciones que tomaron impulso con la llegada de los gobiernos conservadores en Argentina y Brasil. Ahora terminó la ronda de Asunción sin mayores avances, aunque los voceros argentinos insistieron en que “las negociaciones están bien encaminadas y existe voluntad de concluirlas a la brevedad”, esperando solucionar los diferendos que quedan en las conversaciones informales durante las próximas tres semanas.

El apuro del gobierno de Macri, que esperaba llegar a un acuerdo en diciembre pasado, es la esperanza de que, a raíz de este convenio, venga por fin la “lluvia de inversiones” prometida, esta vez de origen europeo. Es la misma ilusión que lo llevó a un malísimo acuerdo con los “fondos buitre” al comienzo de su gestión, pagando al contado lo que ellos reclamaban cuando Argentina había logrado el apoyo internacional para su posición y estaba en condiciones para ganar el diferendo en los tribunales mundiales, excepto Estados Unidos o, al menos, en una situación de fuerza para lograr un acuerdo favorable. En aquel entonces la ilusión quedó como tal, igual que va a pasar ahora si se concretara el acuerdo con la Unión Europea, pero con un daño mayor a la economía argentina.

Si bien las negociaciones son casi secretas, cosa que debería ser repudiable en una república democrática, según la información conocida oficialmente y la que ha trascendido (generalmente de fuentes europeas), el acuerdo establece el libre comercio para todos los productos excepto limitaciones en la agricultura, ganadería, agroindustrias e industria automotriz. Ello implica eliminar el arancel promedio del 15% que en América Latina se grava la importación industrial. Implica el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, lo que afecta principalmente a la industria farmacéutica local, a los servicios electrónicos y, según reclamo europeo, se elimina toda restricción a las compras por parte del estado, como el “compre nacional”, poniendo al capital europeo con las mismas ventajas que el nacional para las licitaciones y compras públicas en general. Parece que los gobiernos latinoamericanos han ido cediendo en todos estos reclamos mientras que en Europa, en el pasado mes de enero, el gobierno francés ratificó su decisión de mantener la protección a su ganadería.

En la ronda de Asunción Europa ofreció al Mercosur un cupo de 99.000 toneladas de carne para la importación sin arancel, lo que equivale al 1,3% de su mercado, siempre que a cambio haya una apertura similar en automotores por la otra parte. Parecería una mala broma.

Es sabido que los acuerdos de libre comercio entre países de desarrollo asimétrico resultan desastrosos para los países más pobres. Existen números casos que lo prueban; un ejemplo más podría ser el de México y su incorporación al tratado de libre comercio de América del Norte (el Nafta).

Según el “Financial Times”, si se firmara el acuerdo con el Mercosur, el beneficio para el sector industrial europeo alcanzaría a los 7.200 millones de euros, mientras que en América, en un “juego de suma cero” y como compensación, se pondrían en riesgo unos 186.000 puestos de trabajo industrial (informe de la UMET).

Además, con este convenio se reforzaría el actual modelo de explotación agrícola, centrado en el monocultivo de la soja, y sus consecuencias en la región: deforestación, expulsión de la tierra de pueblos originarios y de pequeños campesinos, contaminación con agrotóxicos… Parece mucho precio para que se beneficien unos pocos agroexportadores y se satisfaga una ilusión del actual gobierno.

En diciembre de 1994 se lanzó en Miami el ALCA, proyecto de libre comercio propuesto por Estados Unidos para toda América, muy similar por sus consecuencias al proyectado acuerdo Mercosur-Unión Europea. En un principio la idea parecía avanzar sin obstáculos, con el apoyo explícito del gobierno argentino (Menem), pero poco a poco la opinión pública fue tomando conciencia de sus consecuencias y se incubó y desarrolló una fuerte resistencia popular, que culminó en la reunión de Mar del Plata del 2005, donde los presidentes Chávez, Lula y Kirchner, con el apoyo de Ecuador, Bolivia y Uruguay, lo denunciaron y en los hechos decretaron su muerte.

Ahora falta esa resistencia. Apenas voces aisladas de intelectuales y periodistas, manifestaciones de las cámaras de pequeños y medianos empresarios, tibias protestas de los industriales nucleados en la UIA, en particular los textiles, y, recientemente, una importante y esclarecedora declaración de la “Alianza Biodiversidad”, integrada por organizaciones de Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile, Brasil, Costa Rica y México. Pero falta crear la conciencia popular de sus consecuencias.

Hacerlo y resistir a este proyecto parece ser el mandato de esta hora.