Inevitablemente el resultado de las negociaciones paritarias se fue convirtiendo en uno de los datos centrales de panorama económico y político de este año.

El gobierno transformó el aumento de las paritarias prácticamente en la única valla de contención seria contra la inflación, ya que no usa ningún otro instrumento antiinflacionario más que las fallidas prácticas pro-especulativas del Banco Central.

Si el salario quedara contenido en el 15% puesto como techo oficial, se limitaría su incidencia por el lado de los costos, y también impactaría vía consumo y demanda, en un sentido contractivo. Se supone —la evidencia empírica no es tan concluyente— que una contracción del consumo ayuda a moderar el alza de precios.

El número 15 como meta de inflación, a esta altura del año y de la dinámica inflacionaria, parece irrealizable, y nos introduce en un tema clave de la estrategia negociadora gremial.

El mensaje implícito es que se debe negociar tomando como base el nivel actual de los ingresos de los trabajadores y en base a una hipótesis de inflación futura reclamar los incrementos que eviten que el valor del salario sea devorado por el aumento de precios.

Con 15 % o con 25%, cláusula gatillo siempre

Supongamos que se cumple el sueño dorado del gobierno: todos los sindicatos aceptan el 15% de incremento, en una o más cuotas. Si no existiera ninguna cláusula de actualización (“cláusula gatillo”), es claro que se estaría aceptando, de hecho, una caída salarial. Esto es así porque las proyecciones más prudentes del sector privado —hoy desactualizadas- pronosticaban un 20% de inflación, pero parece más realista estimar que podría llegar cerca del 25%, con las actuales presiones inflacionarias (tarifas, dólar, remarcaciones exageradas). El poder adquisitivo de los asalariados se contraería este año entre un 5 y un 10%.

Por lo tanto es imprescindible que los sindicatos, mínimamente, apelen a la “cláusula gatillo” para poder evitar una caída tan significativa en el salario real.

Pero pensemos en una opción alternativa: los sindicatos logran imponer en las paritarias una hipótesis más realista de inflación, y obtienen un aumento del 25%. ¿Ganaron?

La respuesta es la siguiente. La inflación no nació ayer en la Argentina, y contamos con un empresariado ducho en materia de comportamiento inflacionario. Dada la reacción histórica de las empresas —sobre todo de los grandes formadores de precios— inmediatamente procederían a trasladar a los precios finales al menos una parte del incremento salarial no deseado. O sea: habría una nueva ronda de remarcaciones de precios, ahora justificados por “la presión de los costos salariales”. La inflación que maneja el sector privado no supone una victoria sindical en las paritarias, y un ajuste salarial entre el 20 y el 25% relanzaría los aumentos de precios.

Con lo cual incluso obteniendo mejoras superiores al techo gubernamental, los sindicatos deberían incluir “cláusulas gatillo”, para que la supuesta victoria en paritarias no sea licuada fácilmente por sucesivas oleadas remarcatorias.

La precariedad de la situación salarial actual debería propiciar una profundización del análisis por parte de los sindicatos.

Las paritarias están estrechamente relacionadas con el momento económico, social y político.

Lo que nunca se debe perder de vista es que las paritarias están condicionadas tanto por las diferencias estructurales de poder entre empresarios y trabajadores en el mercado, como por los lineamientos macroeconómicos vigentes y el propio contexto del poder político y quien lo ejerce desde el Estado.

Asimetría de poder en el mercado

Hay un tema central de la economía capitalista, que va más allá de las ocasionales políticas estatales: los precios los definen las empresas, mientras que los salarios son un campo de discusión, en el cual la última palabra también la tienen las empresas. Los precios son modificables constantemente, las paritarias funcionan una vez por año, a lo sumo se abren dos veces.

Esto significa que toda victoria sindical en materia de fijación salarial es transitoria, porque se da en un contexto que los trabajadores no controlan, empezando porque los precios —hoy potestad absoluta de las empresas— son los que terminan definiendo el valor real del salario, su capacidad de compra.

Es evidente que la lucha exclusivamente por incrementos en el salario nominal —por más combativa que sea—no alcanza ni siquiera para cuidar el salario. El movimiento obrero no debería seguir con una estrategia tan básica como fracasada.

Para cuidar el salario real, es inevitable involucrarse tanto en la demanda de buenos niveles salariales nominales, como en la necesidad de garantizar que los precios de los bienes que consumen los trabajadores no se disparen al día siguiente. Sólo así, con precios bajo control, se puede discutir en serio aumentos o recomposiciones. Si no, el salario real final queda a voluntad de los formadores de precios, y las paritarias ridiculizadas como ámbito real de negociación.

Las lecciones de la convertibilidad

Uno de los secretos del éxito antiinflacionario de la convertibilidad fue la derrota de los trabajadores mediante la apertura importadora indiscriminada y la creación de una enorme masa de desempleados que presionaron a la baja en el mercado de trabajo. La apertura externa y la precariedad social interna llevaron a las empresas a un estado de extrema vulnerabilidad e imposibilidad de aumentar los precios, a riesgo de quedarse sin clientes y quebrar.

El ejemplo nos muestra cómo, mediante decisiones económicas que parecen independientes del tema salarial (la política arancelaria, la fijación del precio del dólar, la falta de crédito para las pymes) se pueden crear las condiciones necesarias para que los sindicatos no puedan defender con efectividad a sus representados. Permitir importaciones indiscriminadas, crear desempleo masivo, hacer competir a los trabajadores locales con otros trabajadores esclavizados en algún lugar del mundo, son políticas de probada eficacia para perjudicar a los asalariados.

Los trabajadores no pueden ignorar que el poder de inclinar la cancha para condicionar las negociaciones reside en la política económica, que puede determinar la supervivencia o la muerte de una empresa y de un sector económico completo.

Debemos recordar que en la globalización, la lucha del capital contra los derechos e ingresos de los trabajadores consistió en la ampliación del comercio internacional mediante la apertura importadora y el ingreso de mercancías provenientes de las economías con trabajadores peor pagados a las economías con trabajadores en condiciones más favorables. No hacían falta rompehuelgas presentes físicamente, sino bastaba con el expediente técnico o económico de la introducción de productos baratísimos que presionaran hasta el punto de la destrucción de los establecimientos productivos locales. Entre el desempleo o la caída salarial, los trabajadores optan, sensatamente, por lo segundo.

La política y el mercado

Los trabajadores argentinos están sometidos desde hace meses a una persistente lluvia de anuncios cotidianos de cierres de empresas, suspensiones y despidos. Cuando no son empresas  privadas, son áreas del Estado las que despiden, en una especie de ofensiva permanente. El efecto apunta a desmoralizar las bases sindicales, y disminuir las expectativas en materia del resultado de las negociaciones.

Lo que completa la tenaza contra los trabajadores son las presiones sobre la dirigencia sindical a cargo de las negociaciones. Las amenazas en relación a la apertura de causas judiciales, frecuentes y muy precisas, operan sobre la voluntad negociadora de ciertos dirigentes.

Al comienzo de la gestión macrista decían algunos sindicalistas: “El gobierno les da algo a todos los sectores… ¿y a nosotros, qué?” Lo que devela un postura —digamos— ingenua sobre las características del actual gobierno. Si se les diera a todos algo, todos terminarían más o menos igual. Pero ocurre que la idea es precisamente la opuesta: que no todos terminen igual, sino más abajo los trabajadores.

Con el tema de la puja de precios y salarios pasa exactamente lo mismo. En el gobierno kirchnerista, el peso del Estado se inclinó a favor de que los sindicatos lograran compensar y eventualmente superar en paritarias la inflación que existía realmente. En el actual contexto político, el peso del Estado está volcado del otro lado de la balanza.

El descuido con que buena parte del movimiento obrero miró el cambio gubernamental hace dos años, haciendo apuestas menores y dejándose llevar por fastidios coyunturales, muestra su limitación para comprender la relevancia del contexto institucional y de qué tipo de personal político se pone a cargo del Estado, para crear condiciones propicias a la defensa de los intereses básicos de los trabajadores.

Aprendizajes

Cabe preguntarse el porqué de ese no aprender de la larga experiencia histórica que muestra parte del sindicalismo argentino, en relación a la inflación.

¿No estará subyacente la idea de que el lugar que les corresponde a los trabajadores en la economía y la sociedad, es un papel totalmente subordinado? Los sindicatos sólo se interesarían en su preocupación más inmediata, del salario. El resto de la economía —o sea todo— les correspondería a los empresarios.

Sin embargo, es fácil demostrar que hasta para la reivindicación más elemental, el salario, los trabajadores necesitan involucrarse en otros aspectos de la vida económica.

El movimiento obrero no puede seguir absteniéndose de hablar de economía. Para eso hay que salirse de un lugar subordinado tanto mental como ideológicamente y asumir otra posición como actor —mayoritario y vital— con derechos. Regalar el control de la economía es regalar la inclinación de la cancha, y por lo tanto pre-determinar negativamente los resultados hasta de las negociaciones salariales.

Y por lo tanto no se puede regalar la política. En un país donde el Estado es tan relevante, declararse indiferente sobre quien está al comando de las principales palancas de intervención en la economía, quien establece la legislación regulatoria y quien juzga sobre los derechos fundamentales, es no entender qué implica una defensa en serio de los intereses básicos de los trabajadores.