Algunos datos económicos.

La inflación de 2017 cerró en 25%, ocho puntos por encima de la meta oficial, según publicara en El Cronista, María Iglesia el mes pasado. Esta situación que de por sí resulta preocupante al registrarse el segundo año consecutivo de fuerte caída del poder adquisitivo de los trabajadores, jubilados y pensionados, se agrava cuando se considera el gasto en salud.

Jorge Colina, es economista y presidente de Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), un centro de estudios, que se promociona como independiente y especializado, entre otros, en temas vinculados con la seguridad social, el sistema de salud y la asistencia social. Idesa está integrado básicamente por economistas cordobeses, algunos con experiencia de gestión en esa provincia y de asesoría en ámbitos nacionales en los últimos dos años. Antes de ingresar al último trimestre de 2017, Colina consignaba para La Nación, que las proyecciones para 2017 señalaban que los aumentos en los costos de la medicina en Argentina serían de aproximadamente 32% interanual, aclarando que, si bien hay “factores domésticos”, esa tendencia está lejos de ser local y más lejos aún de ser pasajera.

Dentro de los denominados “factores domésticos” por parte de Jorge Colina, no pueden soslayarse medidas que afectaron a los más vulnerables. Solo un ejemplo, al reducir la cobertura del 100% de los medicamentos a muchos afiliados del PAMI, estos debieron empezar a pagar un porcentaje de los medicamentos que consumen. El Enalapril que fabrica el empresario que gastó seis millones de dólares para festejar su último cumpleaños en Marruecos, aumentó entre 2015 y 2017 un 198%. Ese remedio cuyo nombre comercial para el Laboratorio de Alejandro Roemmers es Lotrial, es un fármaco para control de la presión y resulta esencial para los adultos mayores.

Informes de compañías relacionadas con la industria del seguro estimaron que en 2017 la inflación médica mundial alcanzaría el 9,7% mientras que la general llegaría al 3,6%. Dicho de otra forma, la salud aumentó en el mundo durante 2017 tres veces más que el resto de las cosas.

En efecto, se trata de un fenómeno internacional, que responde a factores vinculados con la presión multifacética, a veces directa y otras sutiles, ejercida por el complejo médico-industrial, que empeora con algunas decisiones locales que se han tomado en los últimos dos años y que debe ser atendido en forma urgente si se pretende sostener el acceso al derecho a la salud.

Algunas explicaciones

Cambios en el perfil epidemiológico de la población. El cáncer y las enfermedades cardiovasculares se han convertido en las causas más frecuentes de enfermedad y muerte, desplazando de los primeros lugares a otras que ocasionaban muertes a edades tempranas, especialmente las infecciosas y las vinculadas con los problemas perinatales. Se registra desde hace varias décadas un constante incremento de la expectativa de vida, en parte gracias a los nuevos recursos para diagnóstico y tratamiento, en mucho, claro está, por la mejora en algunas condiciones de vida.

Cambios conductuales relacionados con la demanda de asistencia. Centrándonos en las nuevas tecnologías vale apuntar que el hecho de que los avances científicos permitan alargar la vida genera al menos dos conductas encadenadas en las personas. Los nuevos recursos para curar despiertan la fantasía de la posible inmortalidad y la idea de que siempre puede haber algo más que hacer, y eso conduce a incrementar la demanda de asistencia y de uso de esos recursos aún sin tener muy claro por qué.

El proceso, en fin, se retroalimenta. Así, la tecnología alarga la vida, se controlan y se cronifican enfermedades que antes eran mortales y se demanda más. Las personas tienden a utilizar más frecuentemente servicios médicos, cada vez más costosos.

Sin embargo, el cambio tecnológico no sigue una trayectoria lineal. Antes bien, tiene la particularidad de que la mayoría de las veces el beneficio adicional de la innovación es bastante inferior o al menos difuso, respecto del mayor costo que implica su uso.   

Algunas consecuencias

La demanda de la población, las conductas defensivas de los médicos ante al temor a ser cuestionados en ámbitos judiciales, y fundamentalmente la presión a las que nos referíamos al comienzo por parte del complejo médico-industrial, inducen a generar conductas que atentan contra la salud individual y colectiva, entre ellas:

·        Uso irracional de medicamentos y especialmente antibióticos.

·        Uso excesivo de métodos diagnósticos sin suficiente evidencia de utilidad.

·        Empleo de estrategias terapéuticas costosas y de limitada y al menos dudosa efectividad.

·        Incremento progresivo de gastos en la alta complejidad por casusas evitables con mejoras en los hábitos y estilos de vida.

·        Aumento de costos debido a los efectos adversos de los tratamientos médicos, por falta de control de calidad de los procesos de     atención.

¿Qué hacer para atenuar esta tendencia y contribuir a la mejora colectiva?

Algunas decisiones son resorte de la macropolítica sanitaria, entre ellas la definición de construir un Sistema Nacional Integrado de Salud cuya concepción, basada en asumir la salud como derecho, se opone al modelo de seguros propiciado por los organismos multilaterales de crédito y abrazada por el actual gobierno con el farsante nombre de “cobertura universal de salud”.

En esa misma línea se inscribe la necesidad de avanzar en la elaboración de dispositivos que hagan posible contar con un único financiador de la salud argentina, tal como cuentan aquellos países que muestran los mejores indicadores. Con distintos formatos políticos son ejemplo de ello Cuba, los países escandinavos y el Reino Unido, entre otros.

Otras son más cercanas a la viabilidad política y además de urgente aplicación:

 o    Acceso universal al medicamento. Se trata de asegurar que todos los habitantes de Argentina tengan acceso al medicamento que requieran para su tratamiento. Esta medida empieza preservando los dispositivos existentes sin debilitarlos como por ejemplo el Programa Remediar (ahora “CUS medicamentos”) o la provisión de remedios a jubilados y pensionados. También se inscribe en este andarivel el control de precios de bienes sociales, el sostenimiento de los presupuestos provinciales y el control de los circuitos de distribución y entrega a los pacientes.

 o    Instalación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que incorpore el componente económico al análisis de las tecnologías a favor de los intereses del conjunto, con el objetivo supremo de buscar eliminar inequidades en salud, es decir aquellas diferencias que siempre son injustas e inmorales. En ese marco deben propiciarse mecanismos que permitan:

o   Establecer bases científicas sólidas que determinen la efectividad y seguridad de cada tecnología, además de establecer las condiciones que deben darse para justificar su uso.

o   Buscar mecanismos para que los aumentos de precios pagados por la incorporación de nuevas tecnologías resulten proporcionales a los beneficios sobre la salud cuando se las compara con otras alternativas.

o   Diseñar y difundir en forma extensiva, tanto en el pregrado como en el posgrado de las carreras relacionadas con salud, el uso racional, oportuno y pertinente de los dispositivos diagnósticos y terapéuticos disponibles.

 o   Inclusión de conceptos de economía de la salud, equidad, solidaridad y uso racional de recursos durante las carreras de grado y posgrado (residencias).

Todo esto siempre será insuficiente si no se construye una sociedad más justa y solidaria. Nunca un sistema de salud puede escindirse del modelo de país y de región que lo alberga, porque su razón de ser se encuentra indisolublemente ligada a la matriz ideológica que inspira esa propuesta política. Con Ramón Carrillo sostenemos que la Salud, fue y será siempre, una cuestión política.