El vértigo que tiene frecuentemente la política argentina hace perder de los primeros lugares de la agenda pública otros asuntos de máxima importancia. El ataque judicial ultra-antikirchnerista de la semana pasada tapó momentáneamente la tragedia del las 44 personas que iban a bordo del submarino hundido, y también la disputa por el ajuste feroz que apunta a bajar el poder adquisitivo de jubilaciones, sueldos y asignaciones familiares.

Pero además quedaron ocultos los gestos públicos que está realizando la Iglesia Católica en el país y el propio Vaticano conducido por el argentino Jorge Bergoglio en este momento de la historia nacional. Gestos que resultan esenciales para poner límite a los atropellos del poder dominante contra la vida y la libertad de las personas.

Esto último no resulta solo de que el régimen gobernante mete presos uno tras otro a ex funcionarios y dirigentes kirchneristas y que amenaza con hacer lo mismo a la propia líder de ese sector político, sino porque ese ocultamiento es parte de la estrategia de las maquinarias mediáticas. De todos modos, varios hechos muy concretos expresan de forma rotunda la apuesta del papa Francisco y de la nueva conducción del Episcopado argentino (el organismo que agrupa a todos los obispos) por el diálogo político y social, la convivencia en paz, la resolución pacífica de los conflictos y el sostenimiento de las normas constitucionales y legales.

Con un par de días de diferencia, el Papa recibió en audiencias oficiales y privadas a la familia de Santiago Maldonado por un lado, y por otro a Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

El encuentro de Francisco con la mamá, el hermano y la cuñada del joven desaparecido durante un ataque de Gendarmería contra pobladores mapuches y que apareció muerto en el río Chubut 78 días después, tuvo lugar el miércoles pasado 6. Una de las reseñas la publicó “Perfil”. Dos días antes, el lunes 4, había protagonizado un encuentro similar la conocida referente de las Madres, quien concurrió a la reunión junto a una hija de Emilio Mignone, uno de los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en plena dictadura. Nota de “Crónica”.

En la semana previa, la última de noviembre, cuando personal armado dependiente del gobierno nacional asesinó por la espalda en Villa Mascardi (provincia de Río Negro) al chico Rafael “Rafita” Nahuel, también durante una protesta mapuche, el obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, reaccionó de inmediato y con la evidente voluntad personal, eclesiática y política de frenar la espiral de crímenes contra ese pueblo originario.

El religioso impulsó una “mesa de diálogo” y con todas sus palabras y acciones trasmitió al gobierno, a los poderes corporativos -entre ellos, las instituciones armadas del Estado llamadas absurdamente “fuerzas de seguridad”- y al conjunto de la sociedad un mensaje de racionalidad ante la locura criminal del régimen gobernante.

En ese sentido, fue explícito contra la propaganda de la maquinaria comunicacional que justifica los asesinatos porque dice que el país está amenazado por la organización RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). “La RAM no sé qué entidad tiene. Se está armando un enemigo”, dijo Chaparro. El portal “Infobae” publicó sus declaraciones el 28 de noviembre.

La prédica de paz y respeto que esparció el obispo quizás logre efectos espirituales y emocionales, difíciles de mensurar pero en cualquier caso extraordinariamente valiosos, sobre sectores católicos de la población proclives a respaldar ideologías racistas, clasistas y violentas.

Ese potencial efecto puede apreciarse fácilmente si se supone por un instante la situación opuesta: qué hubiera pasado si la autoridad religiosa más importante de la zona donde asesinaron a un chico pobre y mapuche hubiera apoyado ese acto criminal, como hicieron explícita o implícitamente la cúpula de la Iglesia y la casi totalidad de los obispos del país -con honrosas excepciones- ante el genocidio dictatorial de los años ‘70.

Por otra parte, un gesto más de altísimo valor simbólico aunque de menor importancia práctica en lo inmediato, fue la audiencia oficial que el flamante presidente del Episcopado, Oscar Ojea, le concedió a la Mesa de Organismos Defensores de Derechos Humanos. También ocultada por la prensa canalla, esa reunión tuvo lugar a fines del mes pasado. Uno de los pocos medios gráficos que informó del tema fue “Página 12”, en una nota del 26 de noviembre.

Más allá del ocultamiento

Teniendo la legitimidad social y la influencia política que la Iglesia Católica posee en Argentina, las cadenas mediáticas aliadas al gobierno se vieron obligadas a disimular tanto los gestos del Papa al recibir a la familia de Santiago Maldonado y también a los referentes de derechos humanos -que al mismo tiempo son víctimas de la dictadura en tanto familiares de desaparecidos- como lo que hizo el obispo de Bariloche al ejercer una intervención pública directa y pacificadora luego del asesinato del chico Nahuel.

También, por el momento, esas mismas corporaciones de la maquinaria comunicacional dominante disimulan la gravedad de la desaparición del ARA San Juan con sus 44 tripulantes a bordo. Evitan de ese modo que sea muy fuerte el desgaste del oficialismo macrista ante semejante tragedia humanitaria y militar. El hecho es muy reciente y los familiares de los submarinistas desaparecidos recién están empezando a afrontar el duelo. No es posible saber de antemano la repercusión social y política que tendrá semejante trauma en el corto plazo o más adelante.

Pero más allá de los ocultamientos de los poderes mediáticos, continúa la expectativa sobre la resolución parlamentaria y política que tendrán los proyectos del gobierno para sancionar leyes que significarían graves daños para los jubilados actuales y futuros, para la clase trabajadora en general, y para las clases medias dedicadas al comercio, la industria y los servicios que dependen del mercado interno, y por ende de la capacidad de consumo que tenga el conjunto de la población argentina.

Hasta el momento el oficialismo consiguió dar un paso concreto pero limitado: el Senado aprobó el pacto fiscal que afectará a las finanzas de las provincias para favorecer a María Eugenia Vidal en el distrito bonaerense, y también aprobó las modificaciones que perjudicarán a los jubilados en los futuros aumentos de haberes. Lo hizo con el apoyo del peronismo aliado al macrismo, encabezado por Miguel Pichetto, que a partir de ahora se constituyó como bancada separada del kirchnerismo con el nuevo nombre de “Bloque Justicialista” y que formó junto con otros/as senadores/as el denominado “interbloque Argentina Federal”.

Esos proyectos todavía tienen que pasar por la Cámara de Diputados, donde hay conversaciones entre los bloques opositores para intentar una mayoría que pueda impedir su aprobación. El resultado de esas negociaciones y la votación final de los legisladores son inciertas. Por ahora, al macrismo le está costando más de lo que suponía cuando ganó la elección parlamentaria del 22 de octubre en los distritos más importantes.

Además, la conformación de un nuevo espacio sindical y social que se expresó en plaza Congreso en la multitudinaria manifestación del 29 de noviembre, revelan que los pactos del gobierno con la cúpula de la CGT no le alcanzan para asegurarse los respaldos necesarios. Entre esa oposición “en la calle” y las demoras en el Congreso, la disputa por aplicar o impedir otro ajuste feroz todavía no está resuelta.

Dentro de ese contexto, empezó una nueva etapa política en el país: Cristina Fernández de Kirchner volvió a ser senadora nacional. No se trata de una legisladora más sino de una militante que no llega al Congreso a ocupar su banca como una burócrata acomodaticia, inocua e intrascendente, sino como una líder popular consciente de su rol histórico.

La ex presidenta de la Nación regresa al Senado en medio de la feroz embestida del ultra-antikirchnerismo, que amenaza con meterla presa a ella misma después de haberlo hecho con el ex vicepresidente Amado Boudou, los ex ministros y secretarios presidenciales Julio De Vido, Héctor Timerman (con prisión domiciliaria por estar gravemente enfermo) y Carlos Zanini, y los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, además de Yusuf Khalil, dirigente de la comunidad iraní en Argentina. El ataque judicial incluye el procesamiento de los ex secretario y subsecretario Oscar Parrilli y Juan Martín Mena.

Claudio Bonadío es uno de los ejecutores de esa estrategia que arrasa con el Estado de Derecho, y lo hace con el respaldo de la fracción dominante del Poder Judicial, la maquinaria mediática encabezada por el cártel Clarín, el resto de las corporaciones locales y los centros de poder internacional que tienen sus principales sedes en Estados Unidos e Israel.

El verano se aproxima y, además del calor y las Fiestas, vendrán el receso judicial y parlamentario. Pero el gobierno y toda la derecha seguirán con su ofensiva contra quienes ellos han elegido como sus principales enemigos, que son el kirchnerismo y el pueblo mapuche. Mientras tanto, el papa Francisco viajará a Chile a mediados de enero. Nota de “Página 12”. Para ese momento ya se sabrá si el presidente del país vecino que reemplazará desde marzo a Michelle Bachelet será el derechista Sebastián Piñera o el representante de la centroizquierda Alejandro Guillier, quienes disputarán el balotaje del domingo que viene.

En tanto, Jorge Bergoglio, el argentino más importante de la historia política universal, hará otros fuertes y potentes gestos que repercutirán en este lado de la Cordillera. Según anunció oficialmente el director ejecutivo de la Comisión Nacional por la visita papal a Chile, Javier Peralta, “el Papa buscará acercar posiciones en el conflicto de los indígenas mapuches por la reivindicación de tierras y el Estado chileno”.

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