Si hubiera que mencionar cuál es el hecho político más grave derivado del accionar del régimen derechista que asumió el control del Estado en diciembre de 2015, la respuesta es tan inmediata como trágica: la desaparición forzada, seguida de muerte, de Santiago Maldonado. Un crimen político contra un noble joven de clase media solidario con la lucha de la comunidad mapuche, cuya forma de morir probablemente nunca sea aclarada.

La única expectativa que razonablemente puede tenerse en alcanzar la verdad y el castigo a los culpables, es la confianza en la lucha de los familiares de Santiago, de los abogados y organizaciones de derechos humanos que se mueven incansablemente en la disputa jurídica, de periodistas valientes que se ocupan de buscar la verdad desde el primer día, y de la militancia popular en general que por momentos logra movilizar a importantes contingentes de la sociedad civil para presionar a los poderes públicos.

En cambio, de parte del Estado -o sea del gobierno nacional, del sistema judicial y de la dirigencia con más altas responsabilidades en el Congreso Nacional y otras instituciones estatales- solo cabe esperar que sigan tratando de demorar la investigación, encubrir y hacer pasar el tiempo hasta que todo se olvide.

Que esa sea su estrategia y su propósito, no significa que lo vayan a lograr. Tampoco puede asegurarse lo contrario. Todo está en disputa. Pero las enseñanzas que los familiares de desaparecidos en la dictadura y todo el movimiento de derechos humanos han legado a la memoria colectiva a partir de su heroica lucha contra el terrorismo de Estado bajo un régimen genocida, revelan un acervo de persistencia, valentía, generosidad, audacia y creatividad que en cualquier momento pueden significar una complicación para los criminales, sus encubridores y todo la maquinaria de impunidad.

Otro hecho atroz que ocurre desde que asumió el actual régimen, y con grave riesgo para la vida de las víctimas, es la privación ilegal de la libertad de Milagro Sala y otras mujeres integrantes de la organización Tupac Amaru. La decisión política de tener presa a la líder popular jujeña y a sus compañeras se fortaleció por los resultados que obtuvieron los gobiernos nacional y de la provincia de Jujuy en la elección legislativa.

Los candidatos de Mauricio Macri y de Gerardo Morales recibieron un aval social considerable, que no fue absoluto ni aplastante pero sí les otorgó una mayoría de votos suficiente como para envalentonarse. De ese modo, se reafirmó la embestida de una corporación judicial corrompida para perpetrar actos de violencia física, emocional y jurídica contra personas que representan -porque así lo demostraron, en los hechos, en todos los años previos- la lucha de los pobres contras los poderes de facto y sus estructuras de injusticia y humillación social.

Arrasar con periodistas críticos

Los atropellos de la derecha contra las libertades públicas tienen un pilar fundamental en el silenciamiento de expresiones periodísticas opositoras. El macrismo arrasó desde el primer día con cualquier discurso contrario al suyo en la radio y la televisión estatales. Inclusive, creó para ello un ministerio específico, de Persecución a Periodistas Opositores y de Propaganda contra el Kirchnerismo, al que denominó formalmente “Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos” y que tiene como titular al vigilante ideológico Hernán Lombardi.

Eliminado de la radio y la televisión públicas cualquier vestigio opositor, y con un discurso oficialista -sea este más fanático o más moderado- en la casi totalidad de medios privados televisivos, radiales, gráficos y digitales con alcance en todo el país, los públicos que necesitaban identificarse con otras miradas de la realidad buscaron cauce en nuevas opciones. Hubo empresarios que detectaron esa demanda y reconvirtieron al canal de noticias C5N, Radio 10 y otros medios del grupo en espacios de periodismo crítico al gobierno y a los poderes de facto.

Hasta ahí llegan también ahora los tentáculos del régimen gobernante. En una operación de pinzas, el gobierno y un grupo de jueces y fiscales redoblaron su ofensiva contra los propietarios de esos medios y estos debieron desprenderse de sus empresas. Previamente, fueron presionados para despedir a Roberto Navarro, y así lo hicieron en septiembre.

Y este viernes, ya con los testaferros del macrismo como nuevos dueños del grupo mediático, fue despedido Víctor Hugo Morales, el más grande y querido comunicador popular de Argentina, que eligió dejar de lado la comodidad de ser el “número 1” como relator de fútbol para comprometerse con todas sus convicciones, sus sentimientos y su riesgo personal en la crítica y la opinión política.

En la “volteada” cayó también un trabajador de prensa, Julián Capasso, productor de Víctor Hugo que durante la entrega de los premios “Martín Fierro” gritó su bronca desde el sector del público al propagandista de las corporaciones Alfredo Leuco. Gritar unas palabras puede ser motivo de represalia en el país que está sometido al poder del macrismo y sus aliados.

En ese régimen, donde dejaron de regir las garantías constitucionales, personeros de la derecha partidaria o mediática como Elisa Carrió, Jorge Lanata, Baby Etchecopar o Eduardo Feinmann pueden insultar, maltratar o agraviar impunemente todo el tiempo y con naturalidad, ante audiencias multitudinarias, a cualquier persona, ya fuere alguien que tenga figuración pública (como han hecho a lo largo de los años Carrió, por ejemplo contra sus rivales políticos, o Lanata incluso contra otros/as periodistas), o bien simples oyentes/televidentes o ciudadanos/as comunes que aparezcan ocasionalmente en un caso noticiable (como acostumbran los nombrados Etchecopar o Feinmann).

En cambio, Capasso se quedó sin trabajo solamente por expresar con palabras su indignación durante unos pocos segundos en un ámbito semi-privado. (Lo hizo desde el sector del público de una gala de premiación, y fue captado por cámaras o micrófonos que estaban cerca circunstancialmente y/o por dispositivos móviles de particulares. Ni siquiera lo hizo en el escenario y con trasmisión hacia millones de tele-espectadores, como sí pudo hacerlo Leuco, quien en ese momento vomitaba su arenga ultra-oficialista).

El plan de eliminación de medios y periodistas críticos continúa con los del Grupo Octubre, entre los cuales están el diario “Página 12” y la radio “AM 750”. Dicho grupo está liderado por Víctor Santa María, dirigente sindical, presidente del justicialismo porteño y parlamentario del Mercosur. La ofensiva en su contra fue anticipada por fuentes gubernamentales.

Para Macri, “la peor lacra” es el periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky, según información que trascendió desde el propio gobierno. El portal digital “Perfil” publicó una nota el 13 de octubre. También “La Nación” informó sobre el tema el 28 de septiembre.

El blanco mayor al que apuntan

La política de persecución contra opositores puede llegar a un crimen político como el que tuvo por víctima a Santiago Maldonado, o a tener prisioneras y con riesgo de vida a Milagro Sala y otras integrantes de “la Tupac”. Incluye también eliminar medios de comunicación completos y en particular voces críticas como Roberto Navarro, Víctor Hugo y los/las que puedan seguir su mismo destino en cualquier momento.

Se prolonga, además, con la expulsión de jueces y fiscales molestos para el gobierno y los poderes de facto. Mediante la extorsión y las amenazas, obligaron a renunciar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Además, está en plena ejecución el despido del juez platense Luis Arias, y este viernes echaron al camarista federal de la Capital Eduardo Freiler. Crónica de “Página 12”.

Pero como parte de esa estrategia, la derecha apunta hacia un blanco y un objetivo todavía mayor: impedir que se construya una alternativa política opositora que tenga el liderazgo de Cristina Kirchner. Las corporaciones mediáticas y judiciales ejecutan desde hace casi una década -todo empezó con el conflicto agrario de 2008- un accionar destructivo meticuloso, de verdadera “ingeniería del poder”, para desgastar su legitimidad ante la ciudadanía, debilitarla políticamente todo lo que puedan, y si fuera necesario meterla presa y prohibirle ejercer cargos públicos. Actualmente, esa ofensiva la conduce el gobierno nacional.

El método consiste básicamente en realizar simulacros de juicio. Inventaron entre 400 y 500 causas penales contra integrantes del anterior gobierno, incluida la ex presidenta y sus familiares, según una estimación realizada por el abogado Maximiliano Rusconi, defensor del diputado nacional y preso político Julio de Vido. Las declaraciones fueron publicadas en “Página 12” el 25 de octubre.

¿Cómo sigue la embestida del poder? ¿Qué viene después de los ataques judiciales y propagandísticos -exitosos para el bloque dominante, si se los mide por los resultados conseguidos hasta este punto-, cuyo propósito final es neutralizar toda resistencia a un plan de gobierno que apunta a remodelar la sociedad para que los ricos sean cada vez más ricos y el conjunto del pueblo, es decir las clases bajas y medias, cada vez más pobres?

Esa pregunta por ahora podría ser respondida con infinitas especulaciones, conjeturas e hipótesis, pero sin ninguna certeza. No obstante, formularse el interrogante y reflexionar sobre posibles escenarios y eventuales cursos de acción a seguir, quizás sea una tarea imprescindible para la dirigencia y la militancia kirchneristas, y para todas las fuerzas democráticas y populares del país.

Han sido destruidas las reglas del Estado de Derecho, particularmente por un sistema judicial que hoy cumple la función antidemocrática que en el siglo XX desempeñaron las fuerzas armadas, como garante de los privilegios de los poderosos y dique de contención contra los intereses y derechos del conjunto de la población.

No ocurre solo en Argentina sino en otros países de Suramérica. En Brasil amenazan con meter preso a Lula. En Ecuador ya encarcelaron y destituyeron al vicepresidente Jorge Glas por su lealtad a Rafael Correa, y además está en marcha un referéndum para que, bajo acusaciones de “corrupción”, el propio Correa nunca más pueda ser candidato presidencial y se destruyan los logros de su gobierno. En Paraguay, el Poder Judicial se opone a una nueva postulación del derrocado presidente Fernando Lugo.

La derecha, representante de las clases dominantes de cada país y al mismo tiempo expresión local de la estrategia de dominación de Estados Unidos, en esta etapa utiliza menos la violencia militar y más la violencia jurídica. Por eso los problemas y los desafíos son nuevos, y también deben ser nuevas las respuestas correspondientes. Encontrarlas, es el desafío más difícil de este momento histórico.

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