El ministro de Energía, Juan José Aranguren, vuelve a navegar en aguas turbulentas. Su aparición en los Paradise Papers y la puja por el negocio del gas lo pusieron nuevamente en el centro de la agenda mediática.

Como buena parte del gabinete nacional, el conflicto de intereses del ex CEO de Shell volvió a aflorar, pero esta vez con un ingrediente más picante: su relación con dos empresas offshore subsidiarias de la petrolera angloholandesa que operaron en paraísos fiscales. Lo llamativo del caso es que una de ellas, Shell Western Supply and Trading, se adjudicó el año pasado siete cargamentos de gasoil por 150 millones de dólares licitados por Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, que depende del Ministerio de Energía.

En su defensa, Aranguren indicó que “ser director en estas firmas, como la operatoria de las mismas, no constituye per se un delito ni viola la ley”. Las offshore son sociedades constituidas fuera del país de residencia de una compañía, en paraísos fiscales donde no llevan a cabo ninguna actividad comercial, que se crean para evitar el pago de impuestos y tener confidencialidad sobre sus operaciones y protección de sus activos.

El ministro también se desligó de la adjudicación de los cargamentos de GNL bajo el argumento de que derivó su firma a su par de Producción, Francisco Cabrera, para evitar el conflicto de intereses.

Las importaciones de gas por barco se realizan a través de Enarsa, presidida por otro ex Shell, Hugo Balboa. La compañía angloholandesa es una de las mayores proveedoras de GNL de la Argentina.

El otro frente de conflicto que capea Aranguren es hacia su círculo de pertenencia. Hay un gran malestar entre las productoras por su última decisión en torno al mercado del gas que se extrae en el país.

El ministerio de Energía publicó el viernes la resolución 419, que reglamenta el funcionamiento del programa de estímulo a la inversión en yacimientos no convencionales a partir del 1º de enero de 2018.

Empresas que tienen millonarias inversiones en Neuquén bajo el ala del Plan Gas ideado por Axel Kicillof y que vence a fin de año, se consideran perjudicadas por la decisión de Aranguren.

El anexo publicado el viernes en el Boletín Oficial dispone las bases y condiciones del nuevo programa, que prevé que el Estado subsidie con fondos del Tesoro a las petroleras que incrementen la producción no convencional de hidrocarburos. Se les reconocerá un precio diferencial de 7,50 dólares por millón de BTU (unidad calórica en que se mide el gas) en 2018, que irá decreciente cada año hasta llegar a 6 dólares en 2021.

El problema reside en la selección de los proyectos beneficiados. En principio, la nueva norma beneficiará sólo a yacimientos no convencionales de la Cuenca Neuquina, con lo cual quedarán afuera los del resto del país.

Pero el eje de la disputa pasa por los campos con producción no convencional donde las petroleras vienen invirtiendo desde 2013.  Se tomará como punto de partida una producción inicial, que se calculará en base al promedio de la oferta de gas desde julio de 2016 hasta julio de 2017. El Estado reconocerá el precio diferencial sólo al gas nuevo que se produzca por encima del punto de partida.

Ciertas empresas se sienten perjudicadas por dos cuestiones: primero porque invirtieron pensando en un precio del gas por encima de los 6 dólares el millón de BTU; y en segundo término porque muchos de esos desarrollos ya llegaron a su esplendor por lo cual es técnicamente complejo incrementar la producción para cobrar los 7,50 dólares.

Además consideran que no se tuvo en cuenta la fuerte declinación natural de los yacimientos no convencionales, con lo cual para sostener el nivel de extracción las petroleras deberían inyectar inversiones que tornarían los proyectos inviables.

Según esa visión, la producción de gas caería. Sin embargo, desde otro punto de vista, el nuevo plan permitirá acelerar los desarrollos de proyectos que hoy están en etapa exploratoria. Tal es el caso de Fortín de Piedra de Tecpetrol, el primer proyecto aprobado bajo el nuevo esquema, que planea aportar 14 millones de metros cúbicos de gas en el primer cuatrimestre de 2019, el equivalente a casi un tercio de la producción actual de Neuquén.

Lo concreto es que la intención del gobierno es seguir recortando los subsidios energéticos. La idea es bajar un tercio los aportes del Tesoro al Plan Gas, lo cual se sumará al ajuste de las subvenciones a los consumidores que se definirá la semana próxima en la audiencia pública por las tarifas del gas.

Esta semana el FMI comenzó a auditar las cuentas de la Argentina, luego de una década sin injerencia en el país por decisión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El organismo internacional pondrá el ojo en el déficit de las cuentas públicas, que la administración de Mauricio Macri acentuó, como condición para mantener la senda de endeudamiento. Se deben asegurar que hay capacidad de pago. Para cumplir con ese objetivo, el gobierno aplicará tijera a los subsidios y a las jubilaciones, entre otras medidas de fuerte impacto económico y social.