El miércoles, el jefe de los fiscales José Gerez y el fiscal de Delitos Económicos Pablo Vignaroli presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia una impugnación del fallo que anuló el secuestro de armas y bombas molotov ocurrido el 19 de septiembre pasado, durante el allanamiento llevado adelante en Tratayen en el marco de una causa por usurpación de tierras.

El operativo ordenado por Vignaroli y concretado por 110 efectivos de la Uespo e integrantes de la fuerza Metropolitana, se llevó adelante en el Lof Fvta Xayen de la comunidad Fvta Xayen -no reconocida por el gobierno como tal-, en el paraje situado a unos 80 kilómetros de la capital neuquina, en la zona de Vaca Muerta.

El pasado 10, el Tribunal de Impugnación (TI) entendió que el procedimiento por el que se secuestraron las armas fue ilegal y violó garantías constitucionales, porque se realizó sin orden judicial y en un domicilio donde había personas que estaban pernoctando.

La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), que alienta el reconocimiento de Fvta Xayen como comunidad y apoyó la ocupación de la misma forma que sostiene conflictos similares en la zona, encontró en el pronunciamiento del Tribunal respaldo para pedir el juicio político a Gerez y a Vignaroli.

En este contexto, el fallo del TI pone en aprietos la política de baja tolerancia con tomas, usurpaciones y piquetes que viene impulsando de un tiempo a esta parte el Ministerio Público Fiscal en sintonía con el Ejecutivo provincial y la política de “restablecimiento del orden” y dureza represiva que impulsa el ministerio de Seguridad de la Nación.

Decíamos hace un tiempo desde esta misma columna que el giro en la forma de tratar los conflictos por parte del gobierno de la provincia debe leerse en el marco de la histórica sintonía con las administraciones nacionales y en la necesidad de que ningún conflicto se le vaya de las manos, se vuelva incontrolable y derive en la intervención de una fuerza federal que no controla, verbigracia la Gendarmería.

En todo caso, el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación ahora cuestionado bien podría expresar la resistencia que esa política provoca -¿por ahora?- entre ciertos sectores del Poder Judicial neuquino, por eso la presentación de Gerez y Vignaroli apunta a ratificar el cambio de criterios respecto del tratamiento de esos conflictos.

Tal vez por esto, Gerez y Vignaroli sostienen en su presentación que “el TI se extralimitó en la competencia que le asigna el Código Procesal” y que el lugar particular en el que la policía se topó con las armas secuestradas no podía gozar de la garantía de inviolabilidad del domicilio”.

Reclaman que se deje sin efecto el fallo e, inclusive, dejan planteada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia en caso de que no se haga lugar al pedido.

Días antes de esta presentación, cuando se conoció el fallo del TI, Gerez había sostenido que el pronunciamiento era “absurdo” y había cargado contra Andrés Repetto, Federico Sommer y Héctor Rimaro, los integrantes del cuerpo.

Sugestivamente el jefe de los fiscales sostuvo además que no lo sorprendía que “con esa integración (del tribunal) nos hayan dado vuelta el resultado” y agregaba a modo de reflexión: “parece que siempre están dispuestos a cuestionar el accionar de los fiscales, antes que establecer si su accionar corresponde o no con la legalidad de lo eventualmente actuado”.

Gerez no parece ser el único ofuscado por el cuestionamiento de la política de baja tolerancia con conflictos difíciles. El secretario de Gobierno y Coordinación de la municipalidad y dirigente del Pro Marcelo Bermúdez, tachó de “payasada” el fallo del Tribunal de Impugnación sobre el allanamiento a Fvta Xayen.

“¿Qué hay que hacer?”, inquirió el integrante del gabinete municipal, y se respondió que “en cualquier lugar del mundo se incautan las armas y las drogas. Solamente acá la justicia no nos protege”.

Queda claro. Aunque por distintos motivos, el Ministerio Público Fiscal, el Ejecutivo y un representante local de Cambiemos, coinciden en respaldar el endurecimiento represivo con los conflictos sociales que plantea el gobierno de Mauricio Macri. Pero no todos en la justicia parecen pensar lo mismo.