Sin dudas que la celeridad de la puesta en marcha de la denominada Ley de Responsabilidad Fiscal está ligada al resultado electoral que Cambiemos obtuvo en gran parte del País.

Así es que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reunió el jueves a sus pares provinciales y bajó la orden de congelar el gasto público y frenar el gasto, tras lo cual se sumaron sin muchas posibilidades de chistar, en la gran mayoría de los casos, al acuerdo para enviar al Congreso el proyecto de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

“Llegar a un consenso nos beneficia a todos, es una muestra de que trabajando juntos podemos conseguir resultados para todos los argentinos”, dijo el funcionario nacional apenas iniciado el encuentro.

El proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno tiene por objetivo establecer reglas que garanticen la solvencia fiscal de las cuentas públicas nacionales y provinciales. Entre ellas, se destaca que el gasto corriente de las jurisdicciones no pueda crecer más que la inflación del período y que la dotación de personal no pueda crecer por encima del crecimiento poblacional.

Adicionalmente, aquellas provincias deficitarias o con alto endeudamiento también deberán controlar el crecimiento del total del gasto. La Ciudad de Buenos Aires, por no ser provincia se mantuvo al margen de este acuerdo. La Pampa no respaldó el proyecto de ley, mientras que San Luis y Santa Cruz no participaron del encuentro.

Como un buen alumno o no tan bueno pero con algunos problemas de conducta, Río Negro empezó ayer a cumplir con los deberes.

El gobernador Weretilneck emitió un decreto mediante el que pone en análisis el gasto público.

El posible ajuste se suma a uno ya realizado a principios de año cundo se dispuso la limitación de ingreso de empleados, la suspensión de horas extras, a excepción del área de salud que tuvieron una reducción, se congelaron los salarios de los funcionarios y se fijó que los acuerdos con prestadores no podían ser superiores a los del año anterior.

O no se cumplió, o no alcanzó a cumplir con las metas impuestas por la Nación, porque lo cierto es que ayer se emitió el decreto 1021 que expresa en sus considerandos que resulta necesario profundizar las acciones de contención de los componentes adicionales de las remuneraciones en el ámbito del sector público provincial e imprescindible la aplicación de las medidas necesarias a efectos de planificar las acciones a cumplimentar en el marco de lo autorizado por Ley de Presupuesto Provincial.

Así es que se facultó a la Secretaria de Hacienda a efectuar el análisis del gasto, incluyendo la evaluación de los programas, convenios, contratos vigentes en ejecución y a ejecutarse como así también el relevamiento y análisis en particular de las normativas que autorizan los adicionales, horas extras, fondos estímulos o similares, a efectos de obtener un diagnóstico y propuestas que evalúen la pertinencia de los referidos complementos.

Desde el punto de vista estrictamente político se entiende una decisión así del gobierno de Macri envalentonado por los buenos resultados obtenidos en las PASO que pretenden aprovechar para intentar mejor la performance de la economía.

El gobierno nacional se impuso bajar el déficit fiscal al 4,2% del PBI este año, al 3,2% en 2018, y 2,2% en 2019, y bajar la inflación anual a un solo un dígito para el fin de mandato de Mauricio Macri. En ese marco se firmó el acuerdo que ahora irá al Congreso.

Para ello necesita que todas las jurisdicciones mantengan constante el gasto corriente primario en términos reales y el gasto primario total en el caso de las deficitarias, o con servicios de deuda superiores al 15% de los recursos corrientes.

También se incorpora la figura denominada pautas de fin de mandato, cuyo objetivo es restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno.

En el caso de la provincia de Río Negro, se bien está cumpliendo con lo establecido, el panorama es absolutamente distinto.

En lo electoral, de más está decir que los resultados le fueron esquivos a la administración Weretilneck; y que si aquí, como en el casi la totalidad de las provincias, no se producen acciones que provoquen mayor dinamismo al sector privado, reencauzamiento de las economías regionales o generación de inversiones, es muy poco probable que se pueda cumplir eficientemente con las pautas de Nación, sin provocar como mínimo consecuencias o problemas sociales que se presentarán al no generarse ni empleo privado, ni empleo público.

Si le sumamos la incidencia que tuvo el asunto de la central nuclear en los comicios y que por más que ahora se diga que se va a analizar la situación, es muy posible que se repita el 22 de octubre, son momentos complicados que debe afrontar el gobierno sobre todo a partir de estas presiones del gobierno central.

Incluso en la semana se especuló o al menos circularon versiones, luego desmentidas, sobre la posibilidad de bajar la candidatura de Gatti o aliarse a Cambiemos.

También es cierto que Weretilneck, mas allá de lo que dijo en la campaña de las PASO, necesita reactualizar la conexión con La Rosada para varias cuestiones como la posibilidad de endeudamiento, el mantenimiento de programas nacionales, o para conseguir la autorización del endeudamiento extraordinario para el Plan Castello.

En estas condiciones los rionegrinos iniciamos el proceso que desembocará en las legislativas del domingo 22 de octubre, cuyo panorama quizás no varíe demasiado, pero posiblemente nos permita superar el proceso de campaña en el que las cuestiones de fondo de necesaria resolución quedan absolutamente relegadas.