La problemática laboral y de ingresos en la Argentina actual se sigue agudizando. Sólo en junio las cifras de despidos resultaron impactantes: 600 en Pepsico, 170 en la química Lanxess, 180 trabajadores en Puma, 637 empleados más 145 supervisores en Atucha de Zárate, entre otras.

En el primer cuatrimestre de 2017, comparado con igual período del año anterior, el empleo privado cayó en 8.400 trabajadores, los autónomos también se redujeron en 4 mil, mientras que el empleo público aumentó 32.400 puestos, y hubo 99 mil monotributistas más, debido a una masiva inscripción en esta modalidad. Es parte de la radiografía del mercado laboral bajo la gestión Cambiemos, que luego de un año y medio no tiene para mostrar más que despidos, suspensiones y una fuerte caída de los ingresos reales de la población.

La avanzada del gobierno contra los trabajadores posibilita lograr el objetivo de volcar la distribución del ingreso a favor del empresariado más concentrado. Ya había sido premonitoria la frase del ex ministro, Prat Gay: “Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos” (enero de 2016). El corrimiento del Estado en la defensa de los trabajadores apenas asumió el gobierno, constituyó un guiño para la maximización del lucro de los grandes empresarios, que están siendo favorecidos por todo un conjunto de medidas de liberalización y apertura de la economía.

En el primer trimestre de 2017, por caso, las sociedades que cotizan en el mercado de valores local incrementaron sus ganancias un 95 %, en comparación con igual período del año anterior. Ganancias que no se condicen con la situación productiva ya que, por ejemplo, el índice de producción industrial evidenció recién en mayo de este año el primer guarismo de crecimiento, después de 15 meses consecutivos de caídas. En tanto, la ocupación sigue con problemas y el desempleo en alza (9,2 %), y todo indica que con estas políticas la dinámica se agudizará.

La postura del gobierno en torno a la definición de las paritarias no deja lugar a dudas, de la misma forma que lo ocurrido alrededor de la fijación unilateral del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), en este caso, rompiendo una historia previa de acuerdos desde la instalación del Consejo del SMVM en 2004. Pero además, este gobierno ubica el salario mínimo muy cerca de la solicitud de los grandes empresarios y muy lejos de los reclamos de las distintas centrales sindicales. Es toda una definición de vuelta al pasado.

Los planes futuros

El gobierno ha hecho saber que avanzará en las reformas pendientes, que no son otras que las que ha venido pidiendo el núcleo duro que en su momento se constituyó alrededor del Foro de Convergencia Empresarial. Una de ellas es la reforma laboral, acompañada de otras, como la impositiva o la jubilatoria.

Todo esto forma parte de la misma matriz ideológica de organizaciones multilaterales como la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), que publicó recientemente un interesante documento titulado “Prioridades para lograr un crecimiento en 2017”. Allí se señala que es necesario “disminuir la legislación de protección al empleo para asegurar el mejor funcionamiento del mercado de trabajo y reasignar recursos hacia actividades más productivas”.

El FMI, en tanto, acaba de afirmar que Perú debe incrementar la inversión y la productividad, y en un apartado habla en concreto de las políticas laborales. Es conocido que en el país andino existe una alta informalidad laboral. Al respecto dice: “el gobierno está además tratando de modernizar los mercados laborales para que sea más fácil para los empleadores contratar nuevos trabajadores y acelerar el crecimiento. Con leyes laborales que ofrecen generosa protección a los trabajadores, el resultado es cerca del 53% de la fuerza de trabajo fuera del mercado formal, sin protección, sin seguridad social ni contribuciones al seguro de desempleo, ni paga impuestos”. Es evidente que lo que está detrás es siempre la disputa entre el capital y el trabajo, por la apropiación de la renta.

Pero la alta informalidad (una preocupación que cada tanto dice tener también el gobierno argentino) no se resuelve bajando salarios sino con un plan de desarrollo e inclusión. Es lo contrario a la idea neoliberal, que con su discurso apunta a generar enclaves exportadores de recursos naturales a bajo costo, un esquema en el que no importa el mercado interno ni el nivel de los salarios.

La propuesta de reforma laboral en Brasil que impulsa su presidente, Michel Temer, es un espejo de futuro sobre el que Argentina se puede mirar, porque tiene mucho de parecido con lo que intenta implementar el gobierno de Cambiemos después de las elecciones de octubre de este año. Dicha reforma instala el tema de los acuerdos por empresas por encima de los convenios por rama, elimina la obligatoriedad de la contribución sindical a los trabajadores, con lo cual tiende a desfinanciar a los sindicatos. Aumenta los requerimientos para poder hacer juicios laborales (que aquí ya se están haciendo vía las modificaciones en la normativa de ART), aprueba la posibilidad de dividir las vacaciones, flexibilizar los contratos y realizar cambios en las jornadas laborales. Una reforma profunda que, tal como refleja la prensa concentrada, ha llegado a preocupar a la UIA por la desventaja que esto significaría para la industria argentina, ya que impulsaría a las inversiones a preferir Brasil antes que a nuestro país.

Las mismas preocupaciones de los países centrales y los organismos internacionales por la productividad ocupan un lugar central en el discurso del gobierno de Cambiemos y en las políticas que intenta aplicar. El presidente Macri había señalado en el Coloquio de IDEA (octubre 2016): “El desafío central es que tengamos todos la obsesión de la productividad”. En realidad ese llamamiento por la “productividad” no es más que un eufemismo para evitar referirse al deseo de bajar los costos salariales por la vía de la flexibilización laboral.

Los primeros indicios de flexibilización ya se conocieron con los primeros convenios laborales, como el firmado con McDonald´s (Arcos Dorados), o el de los petroleros de Vaca Muerta, tomados como punta de lanza de la inclusión de cláusulas de productividad y flexibilización laboral.

Para que esto sea viable el gobierno necesita también del disciplinamiento de la justicia del trabajo. De allí que hace poco pidió juicio político a jueces que fallaron a favor de los trabajadores en paritarias. En este entorno se continúa con los ataques al fuero laboral. Mauricio Macri cargó nuevamente contra las “mafias de los juicios laborales” y dijo que con su denuncia está “defendiendo a los trabajadores” y a las pymes que “quieren y pueden crecer pero no lo hacen por miedo a la maquinaria perversa de los juicios sin razón”. Luego de hacer referencia a una carta que recibió del dueño de una pyme que con 25 empleados enfrenta siete juicios laborales, Macri se preguntó: “¿cómo quedarnos frente a esto con los brazos cruzados?” y criticó a “esa minoría de vivos”. En la disputa intervino también Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes, quien sostuvo: “las pymes pusieron el freno de mano con el empleo por los juicios”. Pareciera que las grandes empresas no tienen juicios laborales o no se preocupan por ellos.

En realidad, se está utilizando a las pymes para atacar a la justicia del trabajo, y para ocultar los verdaderos causantes de sus problemas, como la caída de demanda del mercado interno, la competencia de los productos importados y las subas de costos por los abultados aumentos de tarifas de los servicios públicos, entre otras dificultades. La idea de la “mafia laboral” sólo es funcional a los intereses de los grandes grupos económicos, aunados en la AEA y en el Foro de Convergencia Empresarial.

Todos los esfuerzos puestos en la flexibilización laboral

A todos estos argumentos se suma la idea de que sin flexibilización laboral no vienen las inversiones, tal como se ha sostenido. Se trata de algo ciertamente falso, bien típico de estos tiempos macristas de posverdad.

No obstante, el presidente, sus funcionarios y el establishment insisten en que los salarios en dólares en la Argentina son altos y la necesidad de bajarlos, junto con una reducción de los costos laborales. Las depreciaciones bruscas de la moneda argentina ayudan en este sentido.

Se trata de una estrategia que utiliza todos los instrumentos para obtener un importante resultado para el gobierno de Cambiemos: el deterioro en las condiciones laborales o, lo que es lo mismo, la flexibilización laboral.

Resulta cada vez más necesario ponerle un freno a estas políticas de exclusión y deterioro de los niveles de vida de la población. Las elecciones de octubre son toda una oportunidad para dar una señal contundente de rechazo al actual proyecto neoliberal.