Los discursos principales que motorizan la expulsión por inhabilidad moral de Julio De Vido para ejercer el cargo de diputado nacional, están basados sobre dos ejes. Las investigaciones judiciales en curso en primer lugar, y la magnificación que de los procesos judiciales se ejerce desde la prensa argentina, en su mayoría abocada a un irrestricto apoyo al gobierno nacional.

Si trasladamos esos mismos criterios utilizados para juzgar al exministro de planificación, y lo analizamos sobre otros diputados y miembros del gobierno nacional, podemos encontrar casos no solo de procesos judiciales en marcha sobre incumplimiento de los deberes de funcionario público o malversación de fondos, sino a diputados nacionales denunciados e investigados por acoso sexual, explotación infantil, y vinculaciones al narcotráfico.

En efecto, tres legisladores que pretenden juzgar la moralidad de De Vido están denunciados por delitos de abuso sexual, narcotráfico, explotación laboral y hasta esclavitud.

Sin entrar en defensa alguna del acusado, lo que pretendemos es analizar con una misma vara, las circunstancias planteadas modificando los personajes. Resulta evidente así, observar la operación política encubierta o descubierta por parte del oficialismo y dirigentes y partidos aliados en la cámara de diputados.

Los proyectos en tratamiento destinados a la remoción de De Vido, están amparados en la letra del artículo 66 de la Constitución Nacional. El artículo establece que “cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos”.

El diputado nacional y excandidato a gobernador por Cambiemos en Santa Cruz, Eduardo Costa, destaca que hay “sobrados elementos para que (a De Vido) se lo excluya de este cuerpo por indignidad”

“Al diputado Julio De Vido se le registran diversas causas penales que al día de hoy están en avanzada etapa de investigación. Es nuestra intención considerar si la conducta es propia de un legislador de la Nación, independientemente de cualquier proceso criminal o penal”.

Además del proyecto de Costa, también se unificaron los proyectos de Silvina Lospennato y Elisa Carrió, que van en el mimo sentido.

En los textos se destaca como causa principal para la destitución que “el ex funcionario se encuentra involucrado en 130 causas en las que la justicia investiga su participación”.

Misma vara distintos personajes

Si este artículo se tratara de una carrera competitiva de la inhabilidad moral, sin dudas el presidente de la Nación seria el campeón. Tiene 244 causas penales en su contra, entre la que se encuentran, enriquecimiento ilícito, evasión impositiva mediante un centenar de cuentas off shore, malversación de fondos, escuchas ilegales, amenazas, estafa y asociación ilícita, violación de deberes de funcionario público y falsificación de documentos públicos, entre otros.

Macri tiene el doble de causas que De Vido, la máxima responsabilidad en un cargo político nacional, y la gravedad de los delitos denunciados sobre la figura del presidente de la Nación, no deja lugar a dudas. Si mantenemos el criterio de Costa, Carrió, y Lospennato, la Argentina está gobernada por un inhábil moral.

En línea sucesoria de Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti, también estuvo denunciada con causas penales, imputaciones e investigaciones en curso sobre malversación de fondos, y otros delitos. Ambas figuras protegidas por el amparo de la prensa nacional masiva.

Sumado a Macri y Michetti, todos los ministros del gobierno nacional están investigados por delitos de corrupción. Mencionarlos a todos, haría extensa una nota que pretende ilustrar, que más allá de los miembros del ejecutivo nacional, quienes tienen investigaciones en marcha y son acusados por delitos graves en la Cámara de Diputados, evaluaran la moral del diputado De Vido. Seguidamente mencionamos los casos más paradigmáticos de las decenas que hemos encontrado.

Guillermo Durand Cornejo

En plena reunión de comisión de asuntos constitucionales, el legislador Rodolfo Tahilade recordó que el diputado del Pro, Guillermo Durand Cornejo, tiene varias denuncias por acoso y abuso sexual. La primera denuncia contra el legislador del Pro es de 1988. Allí según se describe en la causa, la denunciante Sonia Elizabeth Yáñez “en 1988 fue acosada sexualmente con proposiciones deshonestas, las que continuaron en noviembre de 1989 teniendo testigos de la propia repartición (Pami-Salta)”. “En 1991, y al no haber concretado sus propósitos, comenzó a amenazarla con el despido”

En el año 1993, Durand Cornejo asumió como concejal de la ciudad de Salta, pero seis meses después debió dejar el cargo, nuevamente acusado del mismo delito sobre otra mujer. Hoy, Durand Cornejo es diputado nacional por el Pro, y es uno los que pretenda jugar por inhabilidad moral a Julio De Vido.

José Orellana:

Diputado del monobloque Primero Tucumán, aliado al oficialismo, está denunciado por ejercer violencia contra una asesora del Congreso Nacional. El hecho se produjo el viernes 11 de noviembre de 2016. Según la denuncia penal, Orellana se abalanzó sobre la mujer en su oficina, y comenzó forzadamente a besarla. La mujer corrió sobre los pasillos del anexo de la cámara de Diputados e ingreso al despacho de otra diputada en pedido de auxilio.

Sobre Orellana pesa además de la denuncia penal, un pedido de destitución que se encuentra en la comisión de asuntos constitucionales. Misma comisión, que avanza sobre la inhabilidad moral sobre el ex ministro de planificación.

Alfredo Olmedo:

Se trata del diputado salteño del monobloque Salta Somos Todos. En el año 2011 se constató que 400 trabajadores golondrinas comían y dormían en "condiciones infrahumanas". En esa oportunidad, el actual diputado fue denunciado penalmente por trata de personas y por trabajo esclavo.

Olmedo se hizo conocido por su propuesta de reinstaurar el servicio militar obligatorio, y por su expresión durante el debate del matrimonio igualitario en la que sostuvo que él tenía “la boca y la cola cerrada”.

Eduardo Amadeo

El diputado del Pro tiene una denuncia penal por recibir contratos millonarios por parte del Estado debido a que figura como presidente de dos asociaciones que facturaron al gobierno porteño 4.5 millones de pesos entre los años 2005 y 2015. Pero más grave aún, es la denuncia que recae sobre él, y sobre Luciano Laspina, diputado del Pro por la provincia de Santa Fe, en la que se los imputó por “tráfico de influencias” en la venta de armas de los Estados Unidos a la Argentina por un valor cercano a los 180 millones de pesos.

Además de los mencionados, el propio diputado acusador, Eduardo Costa, es conocido como “el patrón del sur”. El legislador de Cambiemos, casado con Mariana Zuvic es el diputado más rico de la Argentina. Es empresario multirubro, tiene empresas dedicadas al sector inmobiliario, la construcción, venta de automotores, cadenas de supermercados y almacenes entre otros rubros.

Y como no podía ser de otra manera, Costa, el acusador, está siendo investigado por evasión impositiva y lavado de activos. También por compras de tierras en perjuicio del Estado.

En la década del ‘90, Costa compró un lote ubicado en El Calafate de 1.500 metros cuadrados por un valor de 2 dólares el metro cuadrado. En la misma época adquirió también dos lotes en Río Gallegos de unos 450 metros cuadrado por un valor similar. Este diputado, es quien motoriza la estrategia de desvinculación de otro diputado.

La intención de este artículo no pretende juzgar las acciones de los políticos mencionados ni tampoco la actitud que asumen algunos legisladores encaramados en la representación de un poder absoluto que no tienen, ni muchos menos de los medios que se hacen eco, o lo que es peor, presionan para que se adopten medidas de estas características.

Lo que pretende es compartir el análisis de que, si alguna de las Cámaras tuvieran la posibilidad de juzgar por este tipo de delitos en etapa de investigación en la justicia a alguno de sus pares, que la actitud involucre a todos los actores que se encuentran en esa situación y no solo a uno de ellos.

Finalmente, entendemos que nuestra Constitución determina claramente los deberes y atribuciones de cada uno de uno poderes del Estado, y cuando uno de ellos se superpone a otro o cuando pretende erigirse en contralor del poder supremo desvirtúa uno de los principales valores de la democracia.