La palabra desaforado como adjetivo, implica que algo es desmedido, excesivo; como verbo, desaforar es privar de fueros a alguien. El gesto electoralista de algunos precandidatos de renunciar a sus fueros, al igual que la discusión instalada sobre un diputado nacional en particular, expresan lo desaforado en su doble significado: por lo desmedido y por la privación de la prerrogativa. En el primer caso porque no se puede renunciar a los fueros, ya que no son personales. En el segundo, porque no cabe duda que la instalación del caso forma parte de una estrategia también electoral de proscribir a quienes se identifiquen con el gobierno de Cristina Fernández.

Los fueros tienen su origen en la transición de la monarquía absoluta a la monarquía parlamentaria en la Inglaterra a fines del siglo XVIII. Por entonces, era habitual que cuando un parlamentario se oponía a los deseos del rey, este buscase excusas para acusarlo de algún delito y apartarlo de la vida pública. De ahí la necesidad de resguardar su función.

Con la instalación de las repúblicas fueron pensados para garantizar la independencia de poderes y para proteger al electorado, no a la persona electa. Si es el pueblo quien gobierna a través de sus representantes, la inmunidad de los miembros del Congreso estuvo destinada a que la opinión del pueblo elector no fuera censurada. Por eso, quitar esa representación significa un cambio que se produce por voluntad ajena al propio electorado.

Uno de los casos más conocidos en la historia de nuestro país fue el del arresto de Leandro Alem, durante la Revolución radical de 1893. En esa oportunidad, declarado el estado de sitio, las tropas del gobierno nacional comandadas por Julio A. Roca amenazaron con bombardear la ciudad de Rosario desde los buques apostados en el puerto si los revolucionarios no se rendían. Alem, quien inicialmente decidió resistir, frente a la asimetría de fuerzas terminó entregándose y fue encarcelado. En su condición de senador de la Nación interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia en función de sus fueros. En diciembre de ese mismo año, la Corte ordenó su liberación argumentando que “…para que un miembro del Congreso pueda ser arrestado, es menester que se le sorprenda infraganti en la comisión de un delito… la Constitución no ha buscado garantir a los miembros del Congreso con una inmunidad que tenga objetos personales, ni por razones del individuo mismo a quien hace inmune. Son altos fines políticos los que se ha propuesto, y si ha considerado esencial esa inmunidad, es precisamente para asegurar no solo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución”.

Hoy no cabe duda que la razón de fondo no es ni la lucha contra la corrupción -no se entendería, si no, porque no avanzan las denuncias abiertas sobre el patrimonio del actual presidente, su familia y algunos de sus funcionarios- ni el celo republicano o garantista sobre la división de poderes.

El mayor peligro de este escenario es que se pretenda arrebatar a una porción muy importante del electorado su representación en el gobierno de la república. No estamos en los tiempos brutales en que la voz de los opositores se callaba eliminando físicamente al contestatario, ahora el dispositivo judicial encarcela, proscribe y amenaza a quien se oponga a la consolidación hegemónica de las nuevas alianzas gobernantes. Así lo demuestra el caso de Lula da Silva en Brasil, y así también se pone en marcha en la Argentina.

Desaforadas campañas judiciales contra opositores, blindaje mediático y judicial para oficialistas. Así parecen ser los términos del conflicto que las democracias latinoamericanas deberán transitar. Estamos viviendo un nuevo capítulo en la trayectoria política de nuestra región donde bajo un formato diferente se vuelve a disputar, nada más y nada menos, que el derecho de mayorías y minorías a formar parte en la toma de decisiones.