El Senado de Brasil aprobó un paquete de medidas que propuso el Poder Ejecutivo tendientes a la flexibilización laboral, que entre otras cosas dificulta y encarece las denuncias de trabajadores a las empresas, elimina las contribuciones obligatorias a los sindicatos, y también habilita a las empresas a pactar jornadas que tengan hasta 12 horas diarias de trabajo.

En algo cercano a la esclavitud del siglo XXI, la reforma laboral brasileña también estipula que el trabajador rural no necesariamente tiene que ser remunerado mediante salario. El “empleado rural”, tanto en la Argentina como en Brasil, ha sido y sigue siendo un problema debido a la falta de fiscalización de las zonas rurales.

En el país vecino, entre 1995 y 2016 cerca de 50.000 personas fueron liberadas del trabajo esclavo, pero en el campo, por lo general, los trabajadores en esta situación quedan presos del anonimato y la indiferencia del resto de la sociedad, dentro en la propiedad de los dueños de las tierras.

En Argentina, la precarización laboral en el campo es también algo habitual. Una investigación de Horacio Verbitsky en 2011 demostró que la multinacional Nidera tenía encerrados a 130 trabajadores del norte, adultos y adolescentes, que no sabían dónde estaban, no podían salir, no tenían luz ni agua, y se les descontaba del salario en negro las provisiones que la empresa les vendía a precios alucinantes, incluyendo alimentos gratuitos provenientes de planes de asistencia del Estado.

Un informe del mismo año realizado por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del ministerio de Justicia argentino, indicó que “los que quieren irse al ver las pésimas condiciones son amenazados y presionados por capataces e ingenieros”, y que entre situaciones inhumanas “desfloran maíz aunque estén enfermos, y cocinan carne podrida por la que pagan el doble del precio de mercado”.

Esta situación, lejos de ser combatida por las autoridades brasileñas y que se esconde también en los planes del actual gobierno argentino, es legitimada mediante reformas que significan un grave retroceso en materia de derechos humanos y, particularmente, derechos de los trabajadores.

La reforma aprobada en Brasil indica también que a todo acuerdo de hecho entre el empleador y el empleado tendrá prevalencia fundamental más allá de lo definido por ley.

También determina que dependiendo las circunstancias, se restringe el acceso a la justicia laboral y a la posibilidad de establecer litigios laborales. En este punto, y no por casualidad, el presidente Mauricio Macri, aliado de Michel Temer, comenzó hace semanas a mencionar la “problemática” que significa para las empresas los juicios laborales, a los que denomino “mafias” que impiden el crecimiento de los empresarios.

La reforma de Brasil también reduce en 2/3 el adicional que debe pagarse por la reducción del tiempo de almuerzo y descanso. En la Argentina, el plan fijado por el ministerio de Modernización pretende eliminar las horas de almuerzo de los trabajadores estatales.

Además, a partir de la nueva norma los empresarios brasileños pueden aumentar la jornada laboral sin haber hecho acuerdo previo con el trabajador. También les permiten pagar salarios sobre una base horaria o diaria, pero ya no mensual, dejando fuera de ese periodo la vinculación trabajador-empresa.

La nueva ley reformula las condiciones de despido o desvinculación, eliminando la obligatoriedad de negociar con sindicatos los despidos colectivos.

Entre otros puntos claves del acuerdo, a partir de ahora se deja fuera de los temas de negociación asuntos tales como el salario mínimo, el aguinaldo, la licencia de maternidad que era de 120 días, la prima de 50% por las horas suplementarias, y también las normas de seguridad. Asimismo, se desvincula de esas tratativas el monto de las indemnizaciones respecto del valor del salario del trabajador.

Lo que aprobaron el gobierno y el Senado brasileños les permite a las mujeres embarazadas y lactantes realizar trabajos insalubres, salvo presentación de certificado médico que lo impida expresamente.

La reforma laboral del país vecino, en síntesis, determina una nueva arquitectura jurídica regional en materia de relaciones del trabajo, basada sobre un nuevo ciclo de acumulación del capital empresario y financiero local e internacional.

La condena a Lula la semana pasada llegó a un día después de aprobada la ley de flexibilización en su país. El gobierno de Argentina, vinculado ideológicamente con el de Brasil, ensaya los puntos de una ley de flexibilización autóctona para desplegar después de las elecciones parlamentarias.

Una derrota del oficialismo no garantiza la paralización de sus planes. En Brasil, aún con un 92% de desaprobación popular sobre su gestión, Michel Temer logró aprobar leyes que devuelven a los trabajadores a una situación similar a los esclavos.

Lo que parece más claro es que, en Argentina, un triunfo de Cambiemos le daría al gobierno de Macri un gran envión para acelerar los cambios que pretende en materia laboral e impositiva. Las versiones -por el momento desmentidas- de una privatización de Arsat, más la represión a los trabajadores de Pepsico y la embestida contra los juicios laborales, dan muestra de ello.