Cuando son los partidos políticos los que aspiran al poder, el financiamiento de empresas y millonarios condiciona a devolver los favores. En cambio, cuando los que aspiran a gobernar son los mismos empresarios y millonarios, el dinero para financiar la política es una inversión directa porque los fondos salen de los mismos que luego ejercerán el poder. Si ganan, como pasa ahora de manera patente con Macri, se resarcirán del Estado. Serán servidos de su propia discrecionalidad. Podrán ordenar los asuntos según las prioridades particulares de sus ambiciones, postergando aquellas que correspondan a la sociedad.

Que los ricos lleguen al poder político entraña un peligro flagrante para el resto. No todos los ricos serán iguales pero cuando la formación de un equipo de gobierno está homogéneamente integrada por millonarios, la orientación de los hechos será conducida por sus intereses, se tomarán de ejemplo y ponderarán su esfuerzo o el de sus padres por haber llegado adonde llegaron. Justificarán sus actos auto referencialmente. Los demás, o sea el resto de la sociedad, es la que deberá esforzarse para parecerse o ser como ellos. La autoridad ganada por su evaluación y la de sus pares, será el respaldo para actuar públicamente, más allá de los votos y de la legitimidad transcripta en las leyes que rigen a todo Estado y más allá del consenso popular.

En conclusión, el peligro y la magnitud que puede alcanzar la corrupción no es como dice la mayoría de las personas, que precisamente por ser ricos no tendrán necesidad de robar o de especular a su favor con los recursos públicos.

Es al revés: siendo ricos estimarán que robar es un derecho que les asiste por haber sido tan capaces de haber transcurrido por la riqueza y además haber llegado por esos méritos al poder político de la Nación. 

La política necesita plata para expresarse en un mundo condicionado por los costos y las tarifas. Es un hecho. El dilema consiste en saber cuánta, y si la competencia por más generará asimetrías que superen a las ideas que están en juego, si los condicionamientos desde el poder para devolver atenciones y favores son determinantes y se apartan del concepto del bienestar general y de la equidad social.

Hace falta una ley de financiamiento de los partidos políticos que, como todas las cosas, no vaya a ser superada por la discrecionalidad de aquellos a quienes les conviene que la distribución de recursos vaya a su favor quebrando la ley implícita de la equidad.

Es el Estado es el que debe financiar la política porque le conviene a todos que los partidos no se saquen ventajas en el momento “agonal” de la lucha por el poder. Porque si tales ventajas existen, luego se expresarán como arbitrarias e injustas en la gestión.

La lucha contra la corrupción será siempre una lucha larga y penosa. La moral de los hombres puede corromperse en el mundo capitalista por aquello que sostenía Napoleón Bonaparte, que “cada hombre tiene un precio”.    

Habrá que tratar que el amor a la Patria, a la comarca o al barrio sea un valor superior al monto del retorno que proponen los corruptores. Habrá que templar el espíritu y convencerse de que una buena conciencia vale más que un fajo de dinero bajo el colchón o en una cuenta cifrada en algún paraíso fiscal. No se trata de combatir el mal con voluntarismo, que ya sabemos lo falible que es, y lo débil que resulta sostenerse solo en él. Pero hombres con buena moral ha habido en la historia de nuestro país, que pudieron con voluntad ganar batallas y forjar la libertad de numerosos pueblos.

Si ellos lo hicieron y nacieron y se criaron en estas tierras, ¿por qué no puede hacerlo la sociedad de hoy, de cuya entereza depende que la corrupción detenga su avance y sobresalgan al final los hombres honestos más que los corruptos?

Un párrafo aparte merece en toda esta patología política la mano infaltable del Imperio norteamericano y de todos aquellos originarios de nuestro país pero cooptados por sus tentáculos.

Desde la Embajada o desde el aparentemente más lejano Departamento de Estado (nombre que tiene en el gobierno norteamericano el ministerio de asuntos exteriores, o cancillería), las mega corporaciones de ese origen han tenido hasta hoy una capacidad de presión y favoritismo que con creces excedió su propia geografía e influyó decisivamente en la vida de los pueblos y negocios latinoamericanos.

No en vano se ha sostenido públicamente que cuando se ataca a los intereses de la General Motors en cualquier país, se ataca la seguridad de los Estado Unidos.