Según una nota publicada por La Nación, el caso "más polémico" de las pensiones vitalicias que perciben los ex presidentes, tiene nombre y apellido: el peronista Adolfo Rodríguez Saá. El senador nacional por San Luis resultó electo presidente Interino por la Asamblea Legislativa en 2001, en medio de la crisis institucional provocada por la renuncia de Fernando De la Rúa (UCR), aunque duró en el cargo apenas una semana.

"Pese al dilema moral que plantea su caso", Rodríguez Saá está en regla, ya que la ley de jubilaciones y pensiones no fija un plazo mínimo de permanencia en el cargo para reclamar la asignación, explica el artículo.

Para Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, "si bien es lógico que los ex presidentes reciban este tipo de beneficio, en el caso de Rodríguez Saá se plantea por un lado un tema moral, en cuanto a que estuvo poco tiempo a cargo de la presidencia, además de haberlo estado en un momento muy particular de la historia argentina".

Según los datos entregados a La Nación por la Comisión Nacional de Pensiones, entre los beneficiarios de las asignaciones vitalicias también se encuentran la esposa del dictador Roberto Marcelo Levingston, y la hija del presidente provisional (impuesto por un golpe militar), José María Guido.

Roberto Marcelo Levingston, fue un dictador que gobernó de facto el país por 266 días (8 meses), producto de un golpe militar en 1970, entre la dictadura de Juan Carlos Onganía y la de Alejandro Agustín Lanusse.

José María Guido, en cambio, fue senador por Río Negro, y presidente provisional del Senado, y fue nombrado presidente provisional de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia en 1962, cargo que ocupó por 562 días (18 meses), luego del golpe de Estado que derrocara a Arturo Frondizi.

Los militares golpistas, encabezados por el general Raúl Poggi, convocaron a Guido a la Casa Rosada para comunicarle que sería reconocido Presidente, en tanto y en cuanto se comprometiera por escrito a ejecutar las medidas políticas indicadas por las Fuerzas Armadas. La primera de ellas, obviamente, era anular las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en las que resultó electo gobernador otro peronista, Andrés Framini, quien nunca pudo asumir el cargo.

Guido además fue quien dictó el Estatuto de los Partidos Políticos que sirvió de instrumento para prohibir al peronismo, y en 1963 convocó a elecciones presidenciales limitadas (con proscripción del peronismo) en las que resultó electo presidente Arturo Illia (UCR) con sólo el 25% de los votos, ya que el peronismo utilizó el voto en blanco o anulado como forma de protesta.

Resulta por lo menos curioso que para La Nación y Poder Ciudadano, los casos de herederos (ni siquiera los beneficiarios directos), de ex dictadores o cómplices civiles de golpes militares, no sean "polémicos", ni hayan ocurrido en "un momento muy particular" del país, o representen algún tipo de "dilema moral".

Tendrían que tener más cuidado La Nación y Poder Ciudadano, cualquier lector desprevenido podría pensar que, como hace más de 70 años, su verdadero "dilema moral", resulta el peronismo.