“La razón cínica ya no es ingenua, uno sabe de sobra la falsedad, está muy al tanto de que hay un interés particular oculto tras una universalidad ideológica, pero aun así, no renuncia a ella. Es decir: ellos saben muy bien lo que hacen, pero aun así lo hacen", decía Slavoj Zizek.

El ataque mediático/político que desde la semana pasada el gobierno nacional organizó en contra de los funcionarios más importantes del Incaa, el ente autárquico más popular de la Argentina, y la Enerc desnuda muchísimas más cosas de las que se quieren revelar.

Detrás de esta operación bastante desprolija queda en claro que aquí se motorizará una de las batallas culturales más importantes de todas las que se puedan librar hoy en el país. La dicotomía “choripán vs gente seria” pondrá furibundamente de este lado a los impulsores de un sistema audiovisual de gerencia centralista, de contenido controlado (lo más privatista posible) y de aquel otro estarán los que apuesten a la comunicación, la educación y el entretenimiento cultural financiado por el Estado bajo una mecánica marcadamente federalista y plural tal como promueve, por ejemplo, la esencia histórica constitutiva del Incaa y la letra suprema en este aspecto: nuestra Ley Nacional de Cine.

Botín de Guerra

El botín principal en esta batalla cultural –toda guerra tiene uno- será la abultada caja del Incaa.

Desde el viernes de la semana pasada y tras el desastroso “informe” plagado de errores y falsedades presentado en América TV por la dupla de entretenedores Feinmann-Fantino, hemos visto como por las pantallas de nuestros televisores, teléfonos, tablets y computadoras desfilaron dos ministros: uno denunciado en la justicia por millonarias contrataciones irregulares (Pablo Avelluto) y el otro imputado en una causa de presunto lavado de activos y denunciado en la justicia por otra idéntica (Hernán Lombardi). Ambos, desentendidos de sus complicaciones en la justicia, ponderaban la “transparencia” y condenaban “la corrupción” que –siempre y según ellos- traían de sí los miembros del Incaa que están en el ente desde la gestión anterior. Para que todas estas acusaciones mediáticas e ideológicas estuvieran más consensuadas en la sociedad y “transparentadas”, los hombres de Macri llevaron a cabo la misma operación que el menemismo más neoliberal efectuaba cuando, en los ‘90 del siglo pasado, quería correr de la escena de la gestión pública a alguno de sus funcionarios: primero se realizaba un bombardeo sucio en los medios y luego se trabajaba en la consecuente invención de un peculado, acusando a los funcionarios a destituir de efectuar fraude o, mínimo, de no frenarlo.

Rodando

La primera cabeza en rodar en esta operación fue la del ahora ex presidente del Incaa Alejandro Casetta, “un hombre honesto y de confianza”, que “no robó”, pero no pudo “evitar que se robe”. Detrás de él llegó el pedido de renuncia para Pablo Rovito, el Rector de la Escuela Nacional de Experimentación Cinematográfica (Enerc), en quien descansa la más pesada parte de la operación, acusándolo mediáticamente de comprar muebles a sobreprecio, de viajar por el mundo sin rendir cuentas, de no haber destinado a los realizadores la mayoría de los fondos asignados a producción, de no haber construido “ni un solo metro cuadrado” con todo el dinero que le dieron para infraestructura y –por supuesto- de ser kirchnerista.

Todo muy lindo, todo muy estruendoso, todo muy mediático; pero ya desde el transcurso de las horas posteriores al mamarracho periodístico de Feinmann-Fantino, las principales asociaciones de productores audiovisuales independientes, cooperativos y hasta corporativos se encargaron de demostrar que todos y cada uno de los datos aportados para el informe eran una flagrante mentira o -como mínimo- un cúmulo de data imprecisa y descontextualizada.

Las cinco sedes de la Enerc en todo el país (incluida la nuestra, la de norpatagonia, en San Martín de los Andes) están amuebladas a precio y equipadas en término; los viajes de Rovito son académica y productivamente justificables; las partidas para concursos y fomentos están asignadas y publicadas y los metros cuadrados de construcción son muchísimo más que “ni uno solo” y se pueden ver en la sede central de Enerc en Buenos Aires o en cualquiera de las cuatro filiales federales.

Así y todo, poco les importó que el grueso de las acusaciones fueran desmentidas, que la comunidad audiovisual reaccionara públicamente y que el sustento de la acusación cayera con tanta evidencia, el macrismo continuó con su plan de difamación. Avelluto siguió de paseo por los medios y acusó a Casetta de “no animarse a meterse contra los bolsones de corrupción” y responsabilizó a funcionarios que “vienen de la gestión anterior” de variados actos de corrupción. Laura Alonso armó el inmediato circo mediático de poner a disposición “su” Oficina de Anticorrupción (hasta ahora, una semana después de las denuncias mediáticas, Alonso no intervino en nada) y el mismísimo Jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a jugar en Facebook su carta más asidua: la de “Explicator”, el súper héroe que intenta explicar por la negación lo que supuestamente “no está ocurriendo”. Así dijo que "es una gran mentira sin ningún fundamento que queramos desfinanciar al cine, al teatro y a la música" y dio como pésimo ejemplo lo que “no hicieron” a pesar de “haber sido permanentemente acusados”: desfinanciar el Centro Cultural Kirchner y cerrar Tecnópolis, dos cosas que – a nadie le cabe duda si se pone a mirar de cerca- sí sucedieron.

Más allá de lo que se miente o se omite, el equipo del presidente trabajó en pinza con los medios para construir la acusación sin pausa, porque con la difamación es como se puede viabilizar el accionar que cultural y políticamente sí les importa: por un lado intervenir sobre el funcionamiento federal del Incaa y, por el otro, manejar las posibles exenciones fiscales que pagan las gigantescas empresas audiovisuales, materia clara en nuestra Ley de Cine que –habiendo voluntad política para hacer la vista gorda- puede bicicletearse por la vía administrativa. Entre los principales beneficiarios que se alegrarían con ese volumen de dinero reasignado en bicicletas está -¡sí, adivinaron!- el Grupo Clarín.

Clarintina

Envalentonados por los resultados supuestamente conservadores y “manoduristas” que las encuestas de nicho que ellos mismos solicitan han arrojado tras la marcha del 1A, diferentes agentes del Ejecutivo nacional se animaron en los últimos quince días a dar varios pasos políticos de peso en su ya clásico raid de “prueba y error”.

Golpes, gases, más despidos, detenciones ilegales, compras espurias de armamento a Italia, nuevos aumentos a las tarifas públicas y paritarias negadas fueron arracimándose por estos días en la vida política del argentino con renovado ímpetu.

La denuncia al “sistema enquistado” del Incaa, que deriva en esta intervención que discute el federalismo histórico del Instituto y de la Enerc se inscribe –sin duda alguna- en esta lista trepidante de acciones embravecidas que se han atrevido a redoblar por estos días. Si uno se pone a analizar cada uno de los puntos que subyacen tras las duras y arbitrarias acciones políticas profundizadas en esta quincena, vamos a encontrar detrás de cada una de ellas pingües negocios o -como mínimo- puntos de gestión pública un poco oscuros.

Detrás del discurso de inseguridad hay un sobreprecio pagado en las armas que fueron compradas al extranjero; detrás de la represión a trabajadores y de la nueva negación paritaria asoma la flexibilización laboral y el blanqueo de la depresión del salario tipo.

Pues detrás de este ataque mediático al Statu quodel Incaa, las renuncias solicitadas a funcionarios varios y las mesiánicas amenazas de limpieza de los supuestos nichos de corrupción, surge algo claro y concreto: la reciente designación de Nicolás Yocca como Gerente de Administración (el hombre que manejará directamente la caja, claro) del Incaa.

Yocca es uno de los hombres de confianza de Magnetto, fue Gerente de Finanzas de Artear (Canal 13) de 1990 a 1994, fue gerente general de Radio Mitre entre 2000 y 2008. Fuera del grupo Clarín –y ni tanto- pasó por el Grupo Prisa, donde personalmente se encargó de destruir el poder de encendido de Radio Continental y de echar a Víctor Hugo Morales del horario central de la mañana. Si bien el grupo es de origen español, es el principal socio de Clarín y La Nación en Papel Prensa.

El último trabajo en medios que vale la pena destacar en el CV de Yocca es su paso por la gerencia de Buenos Aires Televisión, firma que también era del pool Clarín sin “admitirlo” hasta que terminó fusionándose con Artear.

Un dato más: este buen hombre es uno de los responsables de la empresa Avanxa que –bajo el visto bueno de Sergio Massa como intendente de Tigre- realizó dos de los negocios inmobiliarios más coquetos y millonarios de esa zona: “Cardinales Tigre” y “Zerena en Nordelta”. Gracias a este romance con el massismo, Clarín –en la acción directa de su soldado Yocca- se benefició con trabajos de cable en la zona y Tigre fue escenario de innumerables ficciones del 13 como “Lobo”, “Los únicos”, “El Puntero” y hasta el “Soñando por cantar”.

Como verá, Yocca es un auténtico consagrado a la causa magnettista. Detractor público de la Ley de Servicios de comunicación Audiovisual, Yocca ya se encontraría en perfectas condiciones generales como para solicitar con entusiasmo que le cambien el nombre a nuestro país y que –así como van las cosas- lo rebauticen ya directamente con el nombre de “Clarintina”.

La Batalla será dura

Pese a la típica actitud negadora del macrismo (la histórica actitud de tirar la piedra y esconder la mano de la derecha argentina, bah) la batalla cultural avanza y algunas piezas están puestas con énfasis y decisión firme en el camino de desestatizar y desfederalizar la cultura del país. Yocca manejando la caja del Incaa a caballito del discurso insistente de la reducción del “despilfarro nacional” en el cine es solo el comienzo. Detrás de este resonante caso vienen otras micro señales que indican hacia dónde quiere ir el macrismo, aunque se vista de cordero en los medios y niegue todo con insistencia cruel: la Resolución 268-E/2017, por ejemplo, publicada este jueves en el Boletín Oficial (que lleva la firma de Avelluto) se prestó a confusión con respecto a la gratuidad en el acceso a museos nacionales y la discusión sobre el fin del acceso libre y gratuito de niños y jubilados a todos los museos nacionales. El ministerio salió a desmentir la medida acusando a la oposición de desinformar y mentir, pero en una conferencia de prensa dada por Avelluto hace algunas semanas –con la casi cínica presencia del hermoso cuadro “Pesadilla de los injustos (la conspiración del mundo de Juanito Laguna trastorna el sueño de los injustos)” de Berni a sus espaldas- el ministro habló claramente de que los museos nacionales deben empezar a cobrar “bonos” en la Argentina porque la meta es convertirlos en “aparatos económicos” (sic). No solo eso, en busca de enaltecer un mensaje de supuesta transparencia, Avelluto aprovechó para “chapear” con lo significativo que resultaron los concursos de designación de directores de museos nacionales, obviando mencionar que dichos concursos –tan claros, democráticos y transparentes- son una “pesada herencia”, ya que fueron llamados y designados durante la gestión de Teresa Parodi. Delicias de un accionar repetido por nuestra derecha vernácula.

Así, con cierto énfasis puesto obsesivamente en lo gerencial y no en el derecho social al acceso libre a la cultura, el macrismo avanza en su batalla por imponer su manera de entender las cosas en el mundo de lo cultural. Poco le importa si la casi totalidad del mundo del trabajo audiovisual argentino (incluidos los propios adherentes a Cambiemos) se manifiestan públicamente en contra del accionar que ellos mismos imponen, o que el propio Consejo Federal de Cultura le haya hecho firmar al ministro Avelluto esta semana en Misiones una declaración que lo obliga a no avanzar por nada del mundo sobre la autarquía del Incaa, como así tampoco desfinanciar a la música y el teatro.

Poco les importa, es cierto, hasta que una encuesta de nicho demuestra que la sociedad argentina no está para nada de acuerdo con este modo elitista de cultura y allí es donde el oficialismo ve si se retrocede o no en lo actuado; una figura de acción política que ya hemos visto en varias oportunidades en este año y medio de gobierno.

Es cierto que la torpeza política con la que se desenvuelven en casos así es notable, pero cuidado, porque mucho más notable es la voracidad neoliberal que antecede al ejercicio de esas torpezas. Allí bien podría estar el fondo del asunto, la ya mencionada Batalla Cultural, porque claramente es como dice el amigo Zizek: “ellos saben muy bien lo que hacen, pero aun así, lo hacen”.