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Columnistas
23/04/2017

La protesta, la ley y el orden

La protesta, la ley y el orden | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

Así como a sociedad argentina rechaza en un 66% los cortes de ruta, también rechaza en un 71% la represión a los manifestantes. En estos más de 30 años, algo hemos aprendido.

María Beatriz Gentile *

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En el año 2008 el conflicto planteado entre el gobierno y el genéricamente llamado “campo” por la suba de retenciones a las exportaciones duró 129 días. Se extendió desde el 11 de marzo hasta el 18 de julio de ese año. En ese transcurso se llevaron a cabo2.539 cortes de rutas como expresión de la protesta rural; cifra que superó el nivel de cortes registrados en la gran crisis social del 2001 con 1.383 y en la del 2002 con 2.336.

Según el trabajo publicado por el Centro de Estudios “Nueva Mayoría” que mide esta modalidad de protesta desde el año 1997 hasta el 2008, en sólo cuatro meses sojeros y ganaderos produjeron la tendencia más alta en cortes de rutas de toda la serie documentada.

En aquel entonces el protocolo para contener la protesta social de cualquier signo político, implicaba que las fuerzas de seguridad disuadieran a los manifestantes sin portar armas de fuego ni palos. Incluso en esa oportunidad se vio aenfermeros de la Gendarmería dar atención de primeros auxilios a los piqueteros del agro que, nóveles en ese tipo de prácticas, experimentaron escasa tolerancia a las inclemencias del tiempo y al olor de la leche derramada en las rutas.

Hoy la respuesta del Ejecutivo nacional es diametralmente opuesta. Por el lado del orden, la escasa tolerancia a las manifestaciones se vio desde los inicios en los casos de Salta, Jujuy y La Plata con la utilización de carros hidrantes y balas de gomas y se ha intensificado en las recientes represiones en la jornada del paro nacional del 6 de abril y en el desalojo a los maestros de la escuela itinerante. A esto se ha sumado la compra de armas y de tecnología avanzada como el vehículo antimotines recientemente incorporado. Por el lado de la ley, existe el anteproyecto de reforma al Código Penal que modifica cinco artículos y agrava penas o establece nuevas de hasta diez años de prisión, para quien se manifieste con “elementos contundentes” en la vía pública.

El cambio de paradigma por uno de mayor contenido represivo, se asocia también el cambio en el sujeto social de la protesta. Mientras aquel expresaba a las corporaciones agrarias, el de hoy invoca a aquellos que Scalabrini Ortiz llamó el “subsuelo de la patria”.

Tan evidente es el sesgo clasista como condición para condenar o no este tipo de manifestaciones, queel diario La Naciónen una nota publicada el 27 de diciembre de 2008 afirmaba que “El exceso de bloquear los caminos, en el que cayeron los chacareros más radicalizados, fue indultado por la sociedad en su conjunto”. Algo difícil de saber ya que en aquella oportunidad no se mostraron los sondeos de opinión acerca de cuatro meses de rutas cortadas, como sí se hizo ahora frente a la ocupación esporádica de la vía pública.

La Constitución argentina sanciona una gran cantidad de derechos que colisionan entre sí. Por eso repetir “que los derechos de unos terminan donde empiezan los de los demás” no aporta nada, solo justifica que jueces y ejecutivo terminen desplazando el derecho que menos les gusta.

¿Cómo se resuelve y quién lo resuelve? En un régimen democrático al Estado le corresponde proteger a mayorías y minorías por igual. Si delegamos en los gobernantes el poder político y el control monopólico de las armas, es necesario que la sociedad preserve mecanismos que le posibiliten cuestionar y demandar. Y así lo establece la Constitución. A los jueces frente a derechos encontrados -explica Roberto Gargarella- les corresponde decir cuáles van a proteger primero, de qué modo, hasta qué punto y por qué razones; y dejar de asumir que todo desafío exige una respuesta penal.

Frente a un contexto socioeconómico donde la conflictividad social probablemente se incremente, la pregunta clave es cuán cerca está el derecho en conflicto de poner en riesgo los fundamentos del orden democrático. Esto que resulta tan difícil de dilucidar para los poderes de la República, pareciera que no lo es para la sociedad argentina que así como rechaza en un 66% los cortes de ruta, rechaza en un 71% la represión a manifestantes. En estos más de 30 años, algo hemos aprendido. 



(*) Historiadora, decana de la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.
29/07/2016

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