“Hice lo que tenía que hacer…nuestras órdenes eran obtener información como fuera”; con estas palabras el ex mayor del ejército Ernesto Barreiro reconocía el uso de la picana y otros métodos a los que llamó “no ortodoxos”, cuando cumplía tareas de inteligencia en el  destacamento 141 del III cuerpo del ejército en Córdoba en 1976.

La sociedad argentina supo de él en la Semana Santa de 1987cuando su resistencia a ser indagado por la justicia federal por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos, provocó el alzamiento militar carapintada liderado por el entonces teniente coronel Aldo Rico.

 En la Argentina el fin de la dictadura no supuso la resolución de la cuestión militar. ¿Quéhacer con los militares? fue sin duda el interrogante más urgente de responder en tiempos de transición democrática.

La sublevación de esa semana sedaba en un contexto caracterizado por el descrédito y aislamiento de las Fuerzas Armadas;  por la reducción de su presupuesto y por el enfrentamiento interno generado por la asignación de responsabilidades por la derrota en la guerra de Malvinas. La ruptura de la cadena de mandos fue una consecuencia y un acelerador de la crisis militar. Rico y sus seguidores se presentaron críticos del “generalato” y exigieron la renuncia del jefe del ejército y una solución política -no judicial-  para los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

El Juicio a las Juntas de 1985 abría la posibilidad de indagar a oficiales superiores y subalternos con responsabilidad probada.Hacia fines de ese año se habían acumulado 1200 causas judiciales contra miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. Lo cierto es que los militares desconocían la autoridad de los jueces civiles y se resistían a declarar. Esto hizo que en diciembre de 1986 se dictara la ley23492, llamada de "Punto final", mediante la cual se fijaba un plazo extintivo para llamar a prestar declaración indagatoria.  Igualmente el conflicto continuó y seis meses después del motín carapintada se aprobó la ley de “Obediencia debida”.Con ella se imposibilitó  juzgar a militares de cierto rango de posibles cargos como tortura y asesinato y dejó como susceptible de juicio delitos de violación, sustracción de menores y  apropiación extorsiva de inmuebles.

La presión militar fue el factor decisivo para que se terminara con el proceso de juzgamiento inicial. Sin embargo y a pesar de haber logrado lo que exigían, la acción subversiva de los uniformados frente al orden democrático no cesó: en enero de 1988 Rico volvía a sublevarse, en diciembre de ese mismo año lo hacía Mohamed Seineldin y lo repetiría en diciembre de1990. Lejos de ese “operativo dignidad” como lo llamaron, lo que estaba en juego era la puja por conservar el rol tutelar de las fuerzas armadas sobre la esfera civil.  Rol que habían detentado durante la mayor parte del siglo XX.

En aquel entonces la gobernabilidad democrática debió pagar el precio extorsivo que impusieron los militares. ¿Se podría no haber pagado ese precio?

El gobierno fracasaba en esa política bifronteque pretendía juzgar a los militares por  violaciones a los derechos humanos y al mismo tiempo subordinarlos al poder civil. Sin embargo, el camino abierto por aquel histórico Juicio a las Juntas no quedó clausurado en forma definitiva. Treinta años después bajo un régimen democrático sin pretorianismo al asecho y con la voluntad política de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández por reabrir el proceso judicial, el Tribunal Oral Federal de Córdoba condenó a Ernesto Barreiro a prisión perpetua porsu actuación en la causa “La Perla-La Ribera” por 228 privaciones ilegítimas de la libertad, 211 imposiciones de tormentos agravadas, 65 homicidios calificados, 13 imposiciones de tormentos seguidos de muerte y el robo de un menor de 10 años. 

Visto en una perspectiva temporal de más larga duración y a pesar de contradicciones manifiestas, Raúl Alfonsín fue sin dudas el presidente que logró inaugurar en la Argentina no un período de cambio, sino decididamente un cambio de período histórico.