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Columnistas
19/02/2017

Mas “supremos” que nunca

Mas “supremos” que nunca | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

La Corte Interamericana ha venido funcionando como último intérprete de la Convención de Derechos Humanos y la Argentina hasta aquí había mantenido el carácter vinculante de la totalidad de sus fallos. Desandar el camino de protección a los derechos humanos que hace más de 30 años comenzamos a transitar resulta lamentable.

María Beatriz Gentile *

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Hace unos días la Corte Suprema de Justicia con el voto mayoritario de sus miembros y con el de Juan Carlos Maqueda en disidencia, rechazó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que revocaba una sentencia del máximo tribunal argentino en tiempos del menemismo.

Los supremos no se quedaron sólo en el análisis de ese caso sino que generalizaron su alcance al plantear que “Revocar la sentencia firme dictada por este Tribunal implica privarlo de su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino y sustituirlo por un tribunal internacional en clara transgresión a la Constitución Nacional”.

La prensa hegemónica tituló la novedad con un “La Corte le puso límites a la CIDH” como si se tratara de un tema de soberanía nacional; algo que sonó muy a “los argentinos somos derechos y humanos” de hace 40 años. Lamentablemente y lejos de tratarse sólo de una disputa entre Cortes, con este nuevo posicionamiento la Argentina -como ha dicho el CELS- se desengancha del derecho internacional en materia de derechos humanos.

A fines de los años ‘60 y con el fin de salvaguardar los derechos esenciales de las personas contenidos en la Convención Americana,la Organización de los Estados Americanos (OEA) creó dos organismos específicos: la Comisión Interamericana (CIDH) y la Corte (Corte IDH), ésta ultimabajo el sustento de que no hay derecho propiamente asegurado sin el amparo de un tribunal competente.

Fue en 1979 que la Corte estableció su sede en Costa Rica y fue también en ese año que  la Comisión se hizo presente en la Argentina ante las violaciones a derechos humanos perpetradas por el terrorismo de Estado. En esa oportunidad  recibiómás de 7.500 denuncias sobre desapariciones, torturas y asesinatos de personas.

 A partir de larecuperación democrática y en particular desde que las reformas constitucionales de los Estados Americanos incorporaron  los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Corte ha tenido un protagonismo significativo en casos de violencia institucional y ante situaciones de mala o nula administración de justicia en los países  que se han plegado al sistema regional.

En la Argentina uno de los casos relevante fue el de Walter Bulacio, quien en 1991 fue detenido por la policía federal cuando iba a un recital de rock y luego torturado y asesinado en una comisaría. La falta de respuesta por parte del sistema judicial argentino llevó su caso a la Comisión Interamericana, en primer lugar,  y luego a la Corte. Por intervención de esta última en el año 2003, el Estado argentino fue obligado a  establecer medidas de reparación. Diez años después -en el 2013- un tribunal nacional encontró culpable al comisarioMiguel Ángel Espósito y lo condenó a  tres años de prisión en suspenso. Walter tenía 17 años cuando fue asesinado y la justicia se tomó 22 años para esclarecer y juzgar su crimen.

La Corte Interamericana ha venido funcionando como último intérprete de la Convención  de Derechos Humanos y  la Argentina hasta aquí había mantenido el carácter vinculante de la totalidad de sus fallos. Sin dudala posibilidad de que el caso Milagro Sala y la anulación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ya se encuentran en la CIDH, lleguen al tribunal regional pesa fuerte en este cambio de posición. Con esta resolución la Corte acaba de introducir un mecanismo discrecional a su favor para  acatar o no las decisiones del organismo de la OEA.

Desandar el camino de protección a los derechos humanos que hace más de 30 años comenzamos a transitar resulta lamentable. El sistema regional fue creado precisamente como instancia superior para proteger a las personas ante los abusos y violaciones cometidos por los Estados. Salirse de él es dejarnos a todos nuevamente a la intemperie.



(*) Historiadora, decana de la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.
29/07/2016

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