Vivimos un momento difícil de revanchismo y obsesiva regresión en materia social, de Derechos Humanos y de respeto al modelo de Estado de Derecho en general (cuya formulación ideal es que todos estamos sometidos por igual ante la ley). El actual gobierno ha dado muestras de desprecio por este modelo y de esporádica vocación por el Estado de Policía (según el cual todos estamos sometidos a la voluntad del que manda). 

No es necesario entrar en mucho detalle para verificar esto: represión mapuche, prisión de Milagro Sala, feudalización judicial de Jujuy, tentativa de completar la Corte por decreto, de remover a la Procuradora General, actual urgencia por una vacante en la Corte Suprema, despidos masivos de empleados públicos, críticas a la justicia laboral, debilitamiento de la investigación científica, amenazas presupuestarias a las universidades, y un ya largo etcétera en el que caben los daños que su capacidad le permita hasta que esta pesadilla termine mediante los votos y por las estrictas vías constitucionales.

 En cuanto a los brotes de Estado de Policía, asistimos a una ridícula carrera por cumplir con las reglas de Carl Schmitt (el teórico nazi, para quien la política era el poder de elegir al enemigo al que aniquilar). Se buscan con urgencia enemigos, pero no consiguen fabricarlos, porque les resultan de plástico y se les quiebran. Primero fueron los pibes de menos de 16 años, pero por suerte casi no tenemos pibes de esa edad homicidas (aunque tenemos víctimas). El peruanito al que le quisieron endilgar el asesinato de un adolescente, no tenía nada que ver, era puro garrón. ¿Se acuerdan de Juanita la Pistolera en el caso Cabezas?

 Después fueron los inmigrantes y, en particular, los bolivianos. Pero en los últimos años casi no ha habido un boliviano homicida (sí víctima). Para eso reformaron por DNU la ley de migraciones y también el código penal (la Constitución lo prohíbe) y lo firmaron todos los ministros. Crearon la pena de extrañamiento y confieren a un empleado de Macri la potestad de extinguir acciones penales. Aparte de que todo habitante imputado de un delito tiene derecho a probar su inocencia, parece que nadie se dio cuenta que ese DNU faculta al empleado del presidente a expulsar a un asesino serial en lugar de condenarlo a prisión perpetua.

 Es tragicómico que no encuentren enemigo para construir su Estado de Policía, pero es vergonzoso que busquen a los pibes pobres y a los bolivianos, avergüenza que se suma a la que ya nos causa la incapacidad para resolver en casa el caso de Milagro y sus compañeros.

 Pero no debemos perder la calma. Es momento de usar las neuronas y no los puños, pero tampoco otras cosas que paso a referir. No mencioné antes otras vías revanchistas con acentos nostálgicos de la fusiladora de 1955, porque por su gravedad merecen párrafo aparte.

 Como si lo anterior fuera poco para debilitar nuestro Estado de Derecho, el actual poder financiero que nos domina, valido de un pequeño grupo de jueces (no de todo el Poder Judicial) y con la cobertura mediática del monopolio que le dicta la agenda, hace meses que comenzó a criminalizar políticas. Así, quiere penalizar como administración fraudulenta el control de cambios; considerar encubrimiento o traición a la Patria algo que no se entiende en un disparatado mamotreto dejado por un fiscal (que tenía otro contrario en su caja de seguridad); y cualquier cosa mediante la inconstitucional y nebulosa figura comodín de asociación ilícita. Otras imputaciones directamente no se entienden: de una filtración ilícita saldría la prueba de un no delito, porque aparte de que la tentativa de instigación no es delito en nuestro derecho, hay una regla que prohíbe usar prueba obtenida ilícitamente (el fruto del árbol podrido, sin ofender, claro).

 En síntesis: el actual poder financiero gobernante se vale de un pequeño grupo de jueces que embuten a martillazos en los tipos penales nada menos que medidas políticas, sin importarles incluso martillarse los dedos. Aquí es donde llegamos al punto peligroso en que debemos tener las neuronas activas y actuar con calma y racionalidad.

 Esta táctica del ejercicio de poder actual está destruyendo lo que bien podríamos llamar la cultura de la gobernabilidad, o sea que introduce una cultura de ingobernabilidad y caos. Esto es así porque nadie –entiéndase bien que absolutamente nadie-, podrá gobernar el país y ejercer una conducción, si se hace costumbre el hábito de querer abollar los tipos penales (o inventarlos), valiéndose de un grupito de jueces siempre amigos del poder de turno.  

 Este gobierno va a pasar, porque siempre el poder pasa (ni siquiera Paco Franco fue eterno). No sé si Macri tiene algo que interese penalmente en los papeles –o papelones- de Panamá, en la condonación de deudas a parientes o en otras conductas, pero cuando esto pase, lo que no debemos hacer es intentar procesar a Macri por haber suprimido las retenciones o por abrir la importación, usando el mismo delito de administración infiel; tampoco considerar que todo su gobierno fue una asociación ilícita usando el mismo artículo inconstitucional; y no deseo en lo más mínimo que alguien esgrima el desopilante disparate de la traición a la Patria por sus actitudes respecto de Malvinas o por la astronómica deuda externa. Pero debo reconocer que esta campaña de revanchismo está creando el caldo de cultivo para que todo esto pase en el futuro.

 Puede parecer extraño y difícil, pero debemos reconstruir una cultura de gobernabilidad, porque el país necesita ser gobernado. Es verdad que la actual es catastrófica y que cuanto antes y por los votos lo hagamos cesar, será mejor, pero será para que otro gobierne mucho mejor, y ese otro tendrá que conducir, tendrá que gobernar. 

Es obvio que toda política beneficia a algunos y perjudica a otros, y algunas nos provocan un rechazo visceral, pero es necesario no perder la calma y darle a la política lo que es de la política y al derecho penal lo que es del derecho penal.

 La más elemental regla de autodefensa de la política es el respeto a la gobernabilidad: debemos frenar la instalación en curso de la cultura del caos, porque eso es justamente la antipolítica que, como todos sabemos, persigue un objetivo reaccionario y hasta golpista.

Hoy Macri gobierna –pésimamente pero gobierna-, y su conducción tiene valor como tal. Si abusando (o aprovechándose) del poder cometiese delitos, sería algo por entero diferente, pero sus actos políticos como tales no pueden ser criminalizados, porque serrucharíamos la rama sobre la que estamos todos sentados, que es precisamente lo que hace el gobierno al penalizar arbitrariamente la política (cambiaria, internacional, de vivienda, etcétera). 

Reconstruir la cultura de gobernabilidad después de este revanchismo desenfrenado –con ecos de 1955- y de este deterioro del Estado de Derecho, seguramente será difícil. No faltará el embroncado que acuse a quien en el futuro lo pretenda como tibio o incluso como traidor. 

En todo orden es fácil destruir y difícil construir, pero en el caso de una cultura esto es aún peor, porque la construcción es muy lenta y paciente. Y más aún en el campo político, donde la cultura de la gobernabilidad marcha a contrapelo de las confrontaciones y de la imprudencia irresponsable de un revanchismo como el actual. 

No obstante, hay un mínimo código elemental que como autodefensa la política se debe respetar: alguien debe gobernar y la política misma nunca debe criminalizarse. 

Es verdad que quien gobierna hoy hace demasiadas cosas que consideramos intolerables, pero lo cierto es que tenemos un modelo de Estado con una Constitución que permite la arbitrariedad. Pero ese es otro tema que debemos pensar para el futuro y, en modo alguno, creer que los defectos institucionales que permiten aberraciones los corregirá algún grupo de jueces amigos del poder cambiante.