La Constitución de Río Negro fue promulgada originalmente el 10 de diciembre de 1957 y reformada en el año 1988, siendo una de las pioneras en el movimiento reformador que se manifestó en las postrimerías de la década del 80 y que se profundizó en 1994.

Pasaron 28 años y seguramente es necesario reformular algunas cuestiones que han quedado desactualizadas en relación a la Constitución Nacional de 1994.

Las normas constitucionales reconocen la posibilidad de la reforma total, parcial o por vía de la enmienda, pero en todos los casos exige que la iniciativa de necesidad para efectivizar esos supuestos “sea sometida al resultado de obtener las dos terceras partes de los votos de su miembros y se lleve a cabo por una Convención convocada al efecto”. 

La carta magna rionegrina también dispone, en el artículo 111, que “la fecha en que debe llevarse a cabo el acto comicial para la elección de los convencionales no será antes de los ciento ochenta días de la fecha de la declaración ni coincidirá con elección alguna”.

Hace algún tiempo algunos de los operadores del gobernador comenzaron a hablar el tema y hubo varias expresiones coincidentes en plantear la necesidad de la reforma, tanto del oficialismo como de la oposición.

Pero en la semana que finaliza el que aceptó referirse a la cuestión fue el propio Weretilneck que en declaraciones del diario Río Negro dijo entre otras cuestiones que “si bien es un tema que se está hablando en el gobierno, en distintas áreas, de acuerdo a su incumbencia, no es una decisión que se haya tomado. El tema se está hablando e incluso algunos lo están trabajando, pero no tenemos una fecha autoimpuesta”.

Dijo también que lo primero que hay que ver es si hay consenso político en el resto de las fuerzas. “No se puede llevar adelante una reforma si no es con el consenso por lo menos de la mayoría de las fuerzas políticas de la provincia. Las reformas se hacen en años no electorales y con consenso político, si no, de imposición, no es una reforma de la Constitución”.

Si bien el mandatario aseguró que no hay fechas ni decisión adoptada, todo indica que antes de fines de año el proyecto de necesidad de la reforma estará en la Legislatura y una vez sancionada se aguardará el momento oportuno para el llamado a elección de los convencionales, que no podrá ser antes de los 180 días, pero en ningún lado se establece cuanto días después.

De todas formas si se cumple con el deseo del gobernador de hacer la elección en un año no electoral, es decir el 2018, habrá que convocarla ni bien iniciado el año, a fin de poder cumplir con todos los plazos que se establecen para la asunción de los convencionales y el tiempo que tienen para sancionar la nueva norma.

El proyecto de necesidad de la reforma debe contar con la aprobación de los dos tercios del parlamento, lo que significa que deben votar favorablemente 31 de los 46 votos posibles.

Hoy la conformación de la Cámara tiene 26 legisladores oficialistas, o sea que deberá convencer a al menos cinco más que deben surgir de las filas del peronismo, el Frente progresista o la UCR. De acuerdo a lo que se ha escuchado públicamente y algunos sondeos que hemos realizado en los pasillos parlamentarios, solo faltarían escasamente dos legisladores para obtener los dos tercios requeridos.

De todas formas varios representantes de la oposición, como el senador nacional Miguel Pichetto que recordó su vocación reformista, el diputado nacional Martín Doñate con un proyecto propio de su autoría, o la legisladora Mabel Yauhar del radicalismo ya se han expresado en favor de redactar una nueva Constitución.

Retomando las apreciaciones del gobernador en cuanto a los temas prioritarios que deberían reformarse mencionó que “hay quienes plantean que no se puede demorar más la reforma de por lo que significa la reforma del Código Procesal Penal,  el rol del Ministerio Público, la modificación del Consejo de la Magistratura para democratizar más la elección y la sanción de los jueces y funcionarios judiciales, y la eliminación del requisito de residencia para ser designado juez, que es otro aspecto importante”.

En este último punto ya surgieron algunas voces en contra; lógicamente la de los magistrados.

El colegio que los nuclea, si bien se mostró a favor de una reforma parcial, expresó su disidencia con la intención de modificar el artículo 210 de la actual Carta Magna, que en su inciso 3 establece que para ser juez se requiere “tener dos años de residencia en la provincia, inmediatos anteriores a la designación”.

El mandatario, como otros funcionarios y dirigentes políticos, opina que esa limitación va en contra de la posibilidad de sumar profesionales con formación y experiencia al staff de la justicia rionegrina, porque viven en otras provincias y no pueden participar de los concursos en esta jurisdicción.

Quienes se oponen dicen que la persona que va a ejercer la jurisdicción tiene que tener un conocimiento mínimo. Miembros del Colegio de Magistrados dicen “no puede aparecer alguien de afuera, sin residencia. Tenés que conocer el medio y estar decidido, ya que nos pasó tener gente que venía, se quedaba seis o siete meses y después se iba porque no era lo que esperaban”.

También Weretilneck se refirió a la necesidad de adecuar a los tiempos la cuestión estrictamente política. En tal sentido dijo que hay que analizar la reelección del gobernador y el vice, la de los legisladores y también la de los intendentes que en muchos casos también aún tienen reelecciones indefinidas.

Dijo el gobernador “tampoco puede haber reforma si la política no le demuestra a la sociedad cambios en su estructura, en sus conductas. Allí también ingresa el tema de los organismos de control. Hoy todos los integrantes del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Defensoría del Pueblo son elegidos a propuesta del gobernador. Se podría plantear como dice la Constitución Nacional que la auditoría esté en manos de la oposición”.

Por supuesto que evitó hablar de una posible re reelección, pero, lo cierto es que por sobre todas estas especulaciones Weretilneck sabe que el éxito de estos objetivos dependen de un marco general aceptable de buena gestión y por supuesto de un resultado convincente en las elecciones legislativas del año que viene.